Spitzer exije a Grasso devolver más de US$ 100 millones
Eliot Spitzer, fiscal general del estado neoyorquino le inició proceso a Richard Grasso, ex CEO de la Bolsa de Nueva York. Le exige restituir más US$ 100 millones de los 188.500.000 cobrados para renunciar. Esto no tiene precedentes.
La suma total es, en realidad, un paquete otorgado por amigos del dimitente, a cambio justamente de abandonar el cargo y no aspirar a reelección. Pero ocurre, como señala la demanda judicial, que esos dineros –inicialmente, la suma ahora reclamada- causaron el escándalo que terminó con Grasso.
Hablando con la prensa, Spitzer reveló que, según las actuales sumariales, “esa remuneración deriva de un arreglo fraudulento, totalmente inapropiado e ilícito. No es en absoluto razonable cobrar US$ 188.500.000 –que podrían ser algo más de 200 millones- por apenas cuatro años de trabajo”. Para obtener sus fines, “Grasso engañó, intimidó o hizo cómplices a directivos del NYSE”.
La fiscalía incluye en el auto de procesamiento a Kenneth Langone –otro apellido peninsular-, ex presidente del comité de remuneraciones, clave en la aprobación del paquete, y al propio New York Stock Exchange, como entidad colectiva que no defiende los intereses de accionistas, operadores e inversores.
Poco antes, Frank Ashen –ex vicepresidente ejecutivo del NYSE, arquitecto del mismo paquete- había llegado un arreglo con Spitzer. Por tanto, devolvió 3.100.000 y aceptó cooperar con los fiscales. Ahora, el objeto de la justicia es rescindir el paquete entero y fijarle a Grasso una suma razonable.
El problema es qué suma. “Al iniciarse el proceso, exigiremos –explicaba el funcionario- que devuelva bastante más de US$ 100 millones”. Grasso logró percibir US$ 140 millones, sin contar 48 millones de “indemnización” congelados y 12 millones cobrados casi en secreto, tiempo antes del escándalo.
La suma total es, en realidad, un paquete otorgado por amigos del dimitente, a cambio justamente de abandonar el cargo y no aspirar a reelección. Pero ocurre, como señala la demanda judicial, que esos dineros –inicialmente, la suma ahora reclamada- causaron el escándalo que terminó con Grasso.
Hablando con la prensa, Spitzer reveló que, según las actuales sumariales, “esa remuneración deriva de un arreglo fraudulento, totalmente inapropiado e ilícito. No es en absoluto razonable cobrar US$ 188.500.000 –que podrían ser algo más de 200 millones- por apenas cuatro años de trabajo”. Para obtener sus fines, “Grasso engañó, intimidó o hizo cómplices a directivos del NYSE”.
La fiscalía incluye en el auto de procesamiento a Kenneth Langone –otro apellido peninsular-, ex presidente del comité de remuneraciones, clave en la aprobación del paquete, y al propio New York Stock Exchange, como entidad colectiva que no defiende los intereses de accionistas, operadores e inversores.
Poco antes, Frank Ashen –ex vicepresidente ejecutivo del NYSE, arquitecto del mismo paquete- había llegado un arreglo con Spitzer. Por tanto, devolvió 3.100.000 y aceptó cooperar con los fiscales. Ahora, el objeto de la justicia es rescindir el paquete entero y fijarle a Grasso una suma razonable.
El problema es qué suma. “Al iniciarse el proceso, exigiremos –explicaba el funcionario- que devuelva bastante más de US$ 100 millones”. Grasso logró percibir US$ 140 millones, sin contar 48 millones de “indemnización” congelados y 12 millones cobrados casi en secreto, tiempo antes del escándalo.
