Según la justicia italiana, un banco debe indemnizar bonistas
La entidad no informó adecuadamente a los ahorristas sobre el riesgo efectivo de sus colocaciones en bonos argentinos. Así dictaminó el tribunal de Mantua contra la ex Banca Agricola Mantovana, hoy propiedad de Monte dei Paschi Siena.
Según un fallo de primera instancia, el banco sucesor de BAM “debe reembolsar € 250.000 más 10% anual por lucro cesante a un matrimonio, por una inversión en papeles argentinos hecha en septiembre de 2001. En ese momento “ya se conocía la verdadera situación financiera de ese gobierno, pero el banco no la aclaró a quienes seguían comprando bonos que luego entraron en cese de pagos”.
La sentencia es de ejecución inmediata y remite a dos precedentes, ambos en Alemania. Tanto los fallos germanos -hace pocos meses- como el italiano pesarán en la larga polémica entre bancas y comités de inversores. Salvo en Argentina, donde los grupos que afirman representar ahorristas no han movido un dedo (salvo meter barullo en el microcentro) contra bancos y firmas de valores.
Por otra parte, las tres sentencias han tenido escaso eco en los medios rioplatenses, a pesar de opiniones coincidentes formuladas por Joseph Stiglitz (Nobel compartido en 2001), Jeffrey Sachs –fundador del Foro Económico Mundial Davos-, George Sörös o Paul Krugman. Además, el fallo de Mantua pone en la picota a unos 500 bancos, vía 450.000 ahorristas perjudicados por la desidia de intermediarios financieros que, por supuesto, cobraron comisiones e hicieron diferencias en el lapso 1990-2001.
La historia es archiconocida. Al terminar 2001,el efímero Adolfo Rodríguez Saá anuncia, entre bombos y platillos, el cese unilateral de pagos de comisiones e intereses sobre deuda titulizada, con apoyo de un Congreso poco responsable. En aquel momento, la deuda externa orillaba US$ 150.000 millones. En Italia, había alrededor de € 12.000 millones en papeles afectados por el incumplimiento.
Pero, durante el IV trimestre de 2001 y gracias a un auxilio del Fondo Monetario a Buenos Aires –luego criticado por Washington, Londres y analistas ortodoxos-, los agentes financieros redujeron hasta 80% la exposición en bonos. En el caso de los italiano, sus colocaciones por ese canal pasaron de 0,14 a 0,03% de sus carteras, lo cual implicaba un desagio de casi € 500 millones. Esto, claro, no llegó a los ahorristas. Por cierto, ése es uno de argumentos que explican la quita de 75% planteada por Argentina: en realidad, la banca no ha perdido casi nada tras el cese de pagos.
Al respecto, la sentencia destaca un hecho soslayado por el comité de bonistas italianos, manejado por intermediarios de valores: esos 450.000 perjudicados incluyen víctimas de bancarrotas como las de Parmalat, Cirio, Finmatica o, ahora, Italcase-Bagaglino. De hecho, la ex BAM y su actual controlante están involucradas en todas ellas.
La sentencia mantovana se apoya en el artículo 29 del reglamento de la Commissione de Società e Borse (Consob). Esta norma prohíbe endilgar a ahorristas e inversores pérdidas emergentes de operaciones financieras, si previamente no se ha informado a los clientes los verdaderos riesgos.
Según un fallo de primera instancia, el banco sucesor de BAM “debe reembolsar € 250.000 más 10% anual por lucro cesante a un matrimonio, por una inversión en papeles argentinos hecha en septiembre de 2001. En ese momento “ya se conocía la verdadera situación financiera de ese gobierno, pero el banco no la aclaró a quienes seguían comprando bonos que luego entraron en cese de pagos”.
La sentencia es de ejecución inmediata y remite a dos precedentes, ambos en Alemania. Tanto los fallos germanos -hace pocos meses- como el italiano pesarán en la larga polémica entre bancas y comités de inversores. Salvo en Argentina, donde los grupos que afirman representar ahorristas no han movido un dedo (salvo meter barullo en el microcentro) contra bancos y firmas de valores.
Por otra parte, las tres sentencias han tenido escaso eco en los medios rioplatenses, a pesar de opiniones coincidentes formuladas por Joseph Stiglitz (Nobel compartido en 2001), Jeffrey Sachs –fundador del Foro Económico Mundial Davos-, George Sörös o Paul Krugman. Además, el fallo de Mantua pone en la picota a unos 500 bancos, vía 450.000 ahorristas perjudicados por la desidia de intermediarios financieros que, por supuesto, cobraron comisiones e hicieron diferencias en el lapso 1990-2001.
La historia es archiconocida. Al terminar 2001,el efímero Adolfo Rodríguez Saá anuncia, entre bombos y platillos, el cese unilateral de pagos de comisiones e intereses sobre deuda titulizada, con apoyo de un Congreso poco responsable. En aquel momento, la deuda externa orillaba US$ 150.000 millones. En Italia, había alrededor de € 12.000 millones en papeles afectados por el incumplimiento.
Pero, durante el IV trimestre de 2001 y gracias a un auxilio del Fondo Monetario a Buenos Aires –luego criticado por Washington, Londres y analistas ortodoxos-, los agentes financieros redujeron hasta 80% la exposición en bonos. En el caso de los italiano, sus colocaciones por ese canal pasaron de 0,14 a 0,03% de sus carteras, lo cual implicaba un desagio de casi € 500 millones. Esto, claro, no llegó a los ahorristas. Por cierto, ése es uno de argumentos que explican la quita de 75% planteada por Argentina: en realidad, la banca no ha perdido casi nada tras el cese de pagos.
Al respecto, la sentencia destaca un hecho soslayado por el comité de bonistas italianos, manejado por intermediarios de valores: esos 450.000 perjudicados incluyen víctimas de bancarrotas como las de Parmalat, Cirio, Finmatica o, ahora, Italcase-Bagaglino. De hecho, la ex BAM y su actual controlante están involucradas en todas ellas.
La sentencia mantovana se apoya en el artículo 29 del reglamento de la Commissione de Società e Borse (Consob). Esta norma prohíbe endilgar a ahorristas e inversores pérdidas emergentes de operaciones financieras, si previamente no se ha informado a los clientes los verdaderos riesgos.
