SEC: por fin, piensa en sanciones más duras a transgresores

En rigor, Sanford Weill (Citigroup), Philip Purcell (Morgan Stanley) y CEO de otras nueve firmas de valores ya habían sido intimados por la SEC. La entidad reclama pruebas de cómo supervisaban –cuando lo hacían- a sus propios analistas; especialmente los más influyentes y mejor relacionados en el mundillo especulativo. Teóricamente, el arreglo por US$ 1.400 millones cerrado, hace dos meses, entre la fiscalía neoyorquina, la SEC y once firmas de valores –que operan también como bancas de inversión-, las eximía de culpa y cargo. Pero, ahora, la SEC ha iniciado una ofensiva sobre los principales analistas de esas mismas compañías.

Por tanto, estas firmas y sus controlantes deben dar más explicaciones. La clave sigue siendo la tergiversación de calificaciones bursátiles, con objeto de captar clientes para fusiones, adquisiciones y emisiones accionarias. Estos intereses definen a la banca de inversión y generaban informes a medida de clientes reales o potenciales.

Ya antes de cerrar los acuerdos, William Donaldson, nuevo presidente de la SEC, advirtió que investigaría si sus directivos habían condonado, promovido o permitido –por omisión- calificaciones interesadas, que transgredían las leyes sobre operativa bursátil y banca. Si bien los arreglos no obligaban a las firmas a admitir culpas ni penalizaban a sus ejecutivos superiores, tampoco otorgaban “bill” de indemnidad a los propios analistas. “Esto debe llegar a las últimas consecuencias”, señaló anoche Richard Grasso, CEO del New York Stock Exchange. Las once firmas tienen hasta el 20 para entregar los documentos, pero alguna ya se curan en salud… despidiendo supervisores de análisis y consultoría. Tres de ellos proyectan ahora contar sus propias historias.

Pero ahora puede haber otra vuelta de tuerca: la SEC analiza la posibilidad de que las firmas de valores incluidas en el arreglo colectivo sean obligadas a admitir culpas. En caso de demandas, también debieran pagar indemnizaciones de su propio peculio, sin recurrir a los seguros. En realidad, acuerdos posteriores al de “las once” establecen ya multas más severas e inhibiciones para que ejecutivos y analistas involucrados sean miembros de juntas directivas o autoridades en empresas cotizantes.

En rigor, Sanford Weill (Citigroup), Philip Purcell (Morgan Stanley) y CEO de otras nueve firmas de valores ya habían sido intimados por la SEC. La entidad reclama pruebas de cómo supervisaban –cuando lo hacían- a sus propios analistas; especialmente los más influyentes y mejor relacionados en el mundillo especulativo. Teóricamente, el arreglo por US$ 1.400 millones cerrado, hace dos meses, entre la fiscalía neoyorquina, la SEC y once firmas de valores –que operan también como bancas de inversión-, las eximía de culpa y cargo. Pero, ahora, la SEC ha iniciado una ofensiva sobre los principales analistas de esas mismas compañías.

Por tanto, estas firmas y sus controlantes deben dar más explicaciones. La clave sigue siendo la tergiversación de calificaciones bursátiles, con objeto de captar clientes para fusiones, adquisiciones y emisiones accionarias. Estos intereses definen a la banca de inversión y generaban informes a medida de clientes reales o potenciales.

Ya antes de cerrar los acuerdos, William Donaldson, nuevo presidente de la SEC, advirtió que investigaría si sus directivos habían condonado, promovido o permitido –por omisión- calificaciones interesadas, que transgredían las leyes sobre operativa bursátil y banca. Si bien los arreglos no obligaban a las firmas a admitir culpas ni penalizaban a sus ejecutivos superiores, tampoco otorgaban “bill” de indemnidad a los propios analistas. “Esto debe llegar a las últimas consecuencias”, señaló anoche Richard Grasso, CEO del New York Stock Exchange. Las once firmas tienen hasta el 20 para entregar los documentos, pero alguna ya se curan en salud… despidiendo supervisores de análisis y consultoría. Tres de ellos proyectan ahora contar sus propias historias.

Pero ahora puede haber otra vuelta de tuerca: la SEC analiza la posibilidad de que las firmas de valores incluidas en el arreglo colectivo sean obligadas a admitir culpas. En caso de demandas, también debieran pagar indemnizaciones de su propio peculio, sin recurrir a los seguros. En realidad, acuerdos posteriores al de “las once” establecen ya multas más severas e inhibiciones para que ejecutivos y analistas involucrados sean miembros de juntas directivas o autoridades en empresas cotizantes.