Nuevas presiones, apoyo alemán y posible arreglo c/bonistas (15-4)

Funcionarios del FMI y el Banco Mundial insisten en la reapertura del canje. Rato, en tono airado, pidió la derogación de la “ley cerrojo”. Según los abogados del gobierno, algunos fondos buitres buscan hacer emitir US$ 28.000 millones deuda nueva.

15 abril, 2005

Por el momento, los aprietes están a cargo de personas, no de instituciones. Así, Rodrigo Rato –directore genere del Fondo Monetario- pide derogar la ley cerrojo como “gesto de buena fe”. Por su parte, James Wolfensohn, jefe saliente del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), embarró una reunión de prensa armada en Washington. Pero se limitó a exigir “reglas de juego claras” a Buenos Aires.

En cuanto a John Taylor, subsecretario saliente de Hacienda, destacó los resultados del canje. Más allá de eso, sólo sugirio “estrategias fiables”, por ambas partes, en las futuras negociaciones Argentina-FMI. En lo atinente a la reunión del Grupo de los 7 –viernes y sábado-, cuyo tema crítico es la indiferencia china antes las presiones occidentales pro flexibilizxación cambiaria (asunto que no parece interesar en la prensa local), se esperan manifestaciones similares a las de Taylor.

Derogar la “ley cerrojo” es menos fácil que llegar a un arreglo extrajudicial con bonistas y fondos buitres autoexcluidos del canje. Si Argentina reabriese el proceso, lo haría a riesgo de que muchos acreedores continuasen remisos. Por supuesto, si la concurrencia fuese aceptable, las presiones se licuarían en poco tiempo. Mejorar unilateralmente le oferta –opción apoyada por sectores allegados a Carlos Ménem y otros dirigentes conservadores- irritaría a quines han adherido de buena fe.

En verdad, el frente por ahora más peligrosos es el abierto por el ambiguo fallo del juez Thomas Griesa (Manhattan sur) y las apelaciones derivadas. En la argentina se subrayará un factor inquietante: los fondos buitres involucrados es estos juicios intentar obligar a que Buenos Aires emita unos US$ 28.000 millones en nuevos bonos (o sea deuda). El miércoles 27, tres magistrados de segunda instancia escucharán los argumentos jurídicos de tirios y troyanos, entre ellos el citado arriba.

El lado político de este lío implica varios aspectos. Uno de la interna del FMI contra la burocracia superior y, por elevación, Rato mismo, que explica la irritación perpetua del español. Datos acercados a funcionarios argentinos por gente de la entidad impulsaron a Néstor Kirchner a ponerse irónico, diciendo que empieza a extrañar al germano Horst Köhler.

En otro campo, los fondo buitres y su “lobby”, el Institute for International Finance (IIF), han resuelto llevar las cosas a cualquier extremo, para previir que otros países deudores sigan el ejemplo argentino. Esta actitud se vincula a un próximo debate internacional en torno de la quiebra soberana. Propuesta inicialmente, hace casi diez años en un encuentro del G-7, sus autores volverán a la carga. Son Alan Meltzer, Adam Lerrick y Charles Calomiris (Anne Krueger se ha marginado por razones obvias), partidarios de liquidar el FMI, postura compartida por el ideólogo neoconservador Paul Wolfowitz, presidente entrante del Banco Mundial.

Por el momento, los aprietes están a cargo de personas, no de instituciones. Así, Rodrigo Rato –directore genere del Fondo Monetario- pide derogar la ley cerrojo como “gesto de buena fe”. Por su parte, James Wolfensohn, jefe saliente del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), embarró una reunión de prensa armada en Washington. Pero se limitó a exigir “reglas de juego claras” a Buenos Aires.

En cuanto a John Taylor, subsecretario saliente de Hacienda, destacó los resultados del canje. Más allá de eso, sólo sugirio “estrategias fiables”, por ambas partes, en las futuras negociaciones Argentina-FMI. En lo atinente a la reunión del Grupo de los 7 –viernes y sábado-, cuyo tema crítico es la indiferencia china antes las presiones occidentales pro flexibilizxación cambiaria (asunto que no parece interesar en la prensa local), se esperan manifestaciones similares a las de Taylor.

Derogar la “ley cerrojo” es menos fácil que llegar a un arreglo extrajudicial con bonistas y fondos buitres autoexcluidos del canje. Si Argentina reabriese el proceso, lo haría a riesgo de que muchos acreedores continuasen remisos. Por supuesto, si la concurrencia fuese aceptable, las presiones se licuarían en poco tiempo. Mejorar unilateralmente le oferta –opción apoyada por sectores allegados a Carlos Ménem y otros dirigentes conservadores- irritaría a quines han adherido de buena fe.

En verdad, el frente por ahora más peligrosos es el abierto por el ambiguo fallo del juez Thomas Griesa (Manhattan sur) y las apelaciones derivadas. En la argentina se subrayará un factor inquietante: los fondos buitres involucrados es estos juicios intentar obligar a que Buenos Aires emita unos US$ 28.000 millones en nuevos bonos (o sea deuda). El miércoles 27, tres magistrados de segunda instancia escucharán los argumentos jurídicos de tirios y troyanos, entre ellos el citado arriba.

El lado político de este lío implica varios aspectos. Uno de la interna del FMI contra la burocracia superior y, por elevación, Rato mismo, que explica la irritación perpetua del español. Datos acercados a funcionarios argentinos por gente de la entidad impulsaron a Néstor Kirchner a ponerse irónico, diciendo que empieza a extrañar al germano Horst Köhler.

En otro campo, los fondo buitres y su “lobby”, el Institute for International Finance (IIF), han resuelto llevar las cosas a cualquier extremo, para previir que otros países deudores sigan el ejemplo argentino. Esta actitud se vincula a un próximo debate internacional en torno de la quiebra soberana. Propuesta inicialmente, hace casi diez años en un encuentro del G-7, sus autores volverán a la carga. Son Alan Meltzer, Adam Lerrick y Charles Calomiris (Anne Krueger se ha marginado por razones obvias), partidarios de liquidar el FMI, postura compartida por el ideólogo neoconservador Paul Wolfowitz, presidente entrante del Banco Mundial.

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