Italia: más fallos contra bonistas que lamentan quedarse fuera
Algunos ahorristas, inducidos por gestores de fondos buitres estilo Nicola Stock, persisten en recobrar su dinero vía la justicia. Pero ésta sigue fallando en pro de Argentina y en contra de litigantes, bancos e intermediarios.
Por cierto, el canal jurídico queda expuesto como inútil para los demandantes, pero peligroso para los banqueros. Apareció el jueves la octava sentencia, segunda de alzada, favorable a Buenos Aires. En este caso, la cámara de segunda instancia convalida la “inmunidad jurisdiccional” de un estado extranjero.
El tribunal de apelaciones de Roma, encabezado por el juez Giovanni Fargnoli, rechazó un pedido de embargo contra Argentina, interpuesto en primera instancia por el inefable Mario Sandri, en cuyo estudio funciona el “comitato creditoria Argentina”. La acción fue iniciada, a sugerencia de Sandri –que percibe honorarios-, por Rocco Cubricchi. A éste fueron agregándose cientos de clientes reclutados por el abogado.
Ya Luigi Foschini, en primera instancia, había rechazado la demanda. Ésta pretendía se confiscasen varios inmuebles y, con el producido de su venta, se restituyeran fondos a los ahorristas y se pagasen comisiones extras pactadas con Sandri.
Pero Fargnoli fue terminante. “El incumplimiento unilateral selectivo de Argentina, resuelto mediante actos expresivos de soberanía e intereses nacionales, no es judiciable en Italia”. Similar tesitura adoptó la cámara de apelaciones de Brescia. Por otra parte, varios expertos legales europeos subrayan un punto: el dinero pagado por ahorristas e inversores quedó en bancas y otros intermediarios que les vendieron bonos potencialmente chatarra. El estado argentino no fue parte de esa apropiación. Por ende, son los banqueros quienes debieran resarcir a sus víctimas”.
Empujados por beneficiarios reales de las ventas –bancas, firmas de valores, fondos, letrados- grupos de “consumidores” de tangobonos (¿se los comerán con mayonesa?), se lanzan a la protesta callejera. En cierto modo, se parecen a los patéticos aporreadores de portales bancarios en Florida y Diagonal, convertidos en atracción turística.
Exigen de todo. Desde ruptura de relaciones diplomáticas con Argentina hasta confiscación lisa y llana de los edificios donde funciona la embajada en Roma y una serie de consulados en varias ciudades de la península. También plantean secuestrar en puerto cargas importadas. Nada de eso parece sensato ni, mucho menos, factible. Pero puede ser útil como presión si, como se comenta en Milán, un grupo de legisladores gestiona la reapertura temporaria (cinco días hábiles) del canje, que podría disponer la Commissione Nazionale per società e borse (Consob) si lo pide Argentina.
Por cierto, el canal jurídico queda expuesto como inútil para los demandantes, pero peligroso para los banqueros. Apareció el jueves la octava sentencia, segunda de alzada, favorable a Buenos Aires. En este caso, la cámara de segunda instancia convalida la “inmunidad jurisdiccional” de un estado extranjero.
El tribunal de apelaciones de Roma, encabezado por el juez Giovanni Fargnoli, rechazó un pedido de embargo contra Argentina, interpuesto en primera instancia por el inefable Mario Sandri, en cuyo estudio funciona el “comitato creditoria Argentina”. La acción fue iniciada, a sugerencia de Sandri –que percibe honorarios-, por Rocco Cubricchi. A éste fueron agregándose cientos de clientes reclutados por el abogado.
Ya Luigi Foschini, en primera instancia, había rechazado la demanda. Ésta pretendía se confiscasen varios inmuebles y, con el producido de su venta, se restituyeran fondos a los ahorristas y se pagasen comisiones extras pactadas con Sandri.
Pero Fargnoli fue terminante. “El incumplimiento unilateral selectivo de Argentina, resuelto mediante actos expresivos de soberanía e intereses nacionales, no es judiciable en Italia”. Similar tesitura adoptó la cámara de apelaciones de Brescia. Por otra parte, varios expertos legales europeos subrayan un punto: el dinero pagado por ahorristas e inversores quedó en bancas y otros intermediarios que les vendieron bonos potencialmente chatarra. El estado argentino no fue parte de esa apropiación. Por ende, son los banqueros quienes debieran resarcir a sus víctimas”.
Empujados por beneficiarios reales de las ventas –bancas, firmas de valores, fondos, letrados- grupos de “consumidores” de tangobonos (¿se los comerán con mayonesa?), se lanzan a la protesta callejera. En cierto modo, se parecen a los patéticos aporreadores de portales bancarios en Florida y Diagonal, convertidos en atracción turística.
Exigen de todo. Desde ruptura de relaciones diplomáticas con Argentina hasta confiscación lisa y llana de los edificios donde funciona la embajada en Roma y una serie de consulados en varias ciudades de la península. También plantean secuestrar en puerto cargas importadas. Nada de eso parece sensato ni, mucho menos, factible. Pero puede ser útil como presión si, como se comenta en Milán, un grupo de legisladores gestiona la reapertura temporaria (cinco días hábiles) del canje, que podría disponer la Commissione Nazionale per società e borse (Consob) si lo pide Argentina.
