En Estados Unidos, hay cosas que no saben como antes
No es la comisa chatarra, sino una larga serie de alimentos de origen rural. Así lo asegura en el New York times Daniel Barber, cocinero y director del centro Stone Barns para agricultura y alimentación. ¿Culpables? Los subsidios al campo.
“Malas decisiones sobre agroganadería definen, desde hace más de cincuenta años, las políticas federales. En ese lapso, 70% de las explotaciones rurales –sostiene el analista- han ido a la quiebra o fueron objetos de fusiones y adquisiciones. Resultado: una economía agraria más orientada a Wall Street que a la gente”.
En los últimos años, para peor, consumidores y “chefs” han descubierto algo terrible: la comida ya no tiene buen gusto. ¿Quén tiene la culpa? No los productores, sino los funcionarios e interese que determinan cómo y cuánto cultivan. Esto sucede vía una ley ómnibus que se modifica cada cinco años y el nuevo congreso tiene en la agenda 2007.
Esta legislación lo cubre todo. Desde nutrición infantil o conservación hasta ingeniería genética, seguridad alimentaria, calidad de aguas y productos orgánicos. Por supuesto, afecta a todo el mundo, pues define que se come y cómo se produce. Pero, hoy, “los alimentos generados en 90 millones de hectáreas son a veces incomibles”, sostiene Barber. Apenas cuatro cultivos –maíz, arroz, soya, trigo- ocupan la mayor parte de superficie sembrada. También absorben 70% de US$ 40.000 millones en subsidios anuales otorgados a la actividad rural
Nadie quiere que los agricultores norteamericanos lo pasen mal. Pero, si el gobierno gasta tanto en subsidiarlos (perjudicando a los cultivadores del mundo en desarrollo y los países más pobres), las empresas del sector debieran invertir en la calidad de los alimentos que se consumen en Estados Unidos. Eso significa menos subsidios a granos y oleaginosas, pero más ayuda a productos de huerta.
¿Cómo hacerlo? Primero, empezando por privilegiar diversidad sobre rindes. Eso implica basar susidios no en hectáreas de maíz, sino en variedad de cultivos. También pueden vincularse subsidios a, verbigracia, eficiencia en retención de nitrógeno (una adecuada rotación de cultivos lo fija y evita añadir químicos) o en conservación de agua. Ello no supone que el gobierno le diga al productor qué cultivar. En su lugar, debe enseñarle que da más ganancias una política diversificada, ecológicamente rica. Para eso se precisa un cambio de estrategias.
Pero este tipo de ideas raramente ocupa a políticos y legisladores. Tampoco al negocio del seguro, tomando un caso, que tiende a favorecer a grandes explotaciones dedicadas a un solo cultivo. De ahí que a un productor deseoso de diversificarse le sea muy difícil acceder a pólizas y cuberturas razonables.
“De una forma u otra, la política agroganadera federal debe reconocer el papel de las explotaciones biodiversificadas –opina Barber- y su influencia en la gestión de riesgos, dando facilidades financieras a productores que apliquen prácticas ambientales. La legislación, pues, debiera eliminar políticas y subsidios que traban –en el régimen actual- cultivos orgánicos o diversificados”.
Lo mismo vale para lácteos, aves de granja y porcinos. “El público norteamericano tiene derecho a que el pollo sepa a pollo, el cerdo a cerdo o las mazorcas a maíz, no a químicos o alimentos artificiales, Por desgracia, las cosas con sabor no se encuentras en las grande cadenas de supermercados. Los popes del agronegocio no píensan en el sabor o lo consideran un anacronismo”. El experto hace nombres como Smithfield, Tyson o Archer Daniels Midlands y los relaciona con “políticas de Washington que indirectamente subsidian la contaminación rural”.
En realidad, hacen algo peor, cuya manifestación en escala global es la masa de casi US$ 400.000 millones anuales en subsidios y subvenciones agrícolas. Barber quizá se quede corto al estimar en 40.000 millones la parte norteamericana (la FAO la calcula en casi 100.000 millones). De todos modos, el campeón es la Unión Europea y, en tercer lugar, figura Japón. Por otro lado, la gama de rubros incluye algodón, cítricos, etc.
“Malas decisiones sobre agroganadería definen, desde hace más de cincuenta años, las políticas federales. En ese lapso, 70% de las explotaciones rurales –sostiene el analista- han ido a la quiebra o fueron objetos de fusiones y adquisiciones. Resultado: una economía agraria más orientada a Wall Street que a la gente”.
En los últimos años, para peor, consumidores y “chefs” han descubierto algo terrible: la comida ya no tiene buen gusto. ¿Quén tiene la culpa? No los productores, sino los funcionarios e interese que determinan cómo y cuánto cultivan. Esto sucede vía una ley ómnibus que se modifica cada cinco años y el nuevo congreso tiene en la agenda 2007.
Esta legislación lo cubre todo. Desde nutrición infantil o conservación hasta ingeniería genética, seguridad alimentaria, calidad de aguas y productos orgánicos. Por supuesto, afecta a todo el mundo, pues define que se come y cómo se produce. Pero, hoy, “los alimentos generados en 90 millones de hectáreas son a veces incomibles”, sostiene Barber. Apenas cuatro cultivos –maíz, arroz, soya, trigo- ocupan la mayor parte de superficie sembrada. También absorben 70% de US$ 40.000 millones en subsidios anuales otorgados a la actividad rural
Nadie quiere que los agricultores norteamericanos lo pasen mal. Pero, si el gobierno gasta tanto en subsidiarlos (perjudicando a los cultivadores del mundo en desarrollo y los países más pobres), las empresas del sector debieran invertir en la calidad de los alimentos que se consumen en Estados Unidos. Eso significa menos subsidios a granos y oleaginosas, pero más ayuda a productos de huerta.
¿Cómo hacerlo? Primero, empezando por privilegiar diversidad sobre rindes. Eso implica basar susidios no en hectáreas de maíz, sino en variedad de cultivos. También pueden vincularse subsidios a, verbigracia, eficiencia en retención de nitrógeno (una adecuada rotación de cultivos lo fija y evita añadir químicos) o en conservación de agua. Ello no supone que el gobierno le diga al productor qué cultivar. En su lugar, debe enseñarle que da más ganancias una política diversificada, ecológicamente rica. Para eso se precisa un cambio de estrategias.
Pero este tipo de ideas raramente ocupa a políticos y legisladores. Tampoco al negocio del seguro, tomando un caso, que tiende a favorecer a grandes explotaciones dedicadas a un solo cultivo. De ahí que a un productor deseoso de diversificarse le sea muy difícil acceder a pólizas y cuberturas razonables.
“De una forma u otra, la política agroganadera federal debe reconocer el papel de las explotaciones biodiversificadas –opina Barber- y su influencia en la gestión de riesgos, dando facilidades financieras a productores que apliquen prácticas ambientales. La legislación, pues, debiera eliminar políticas y subsidios que traban –en el régimen actual- cultivos orgánicos o diversificados”.
Lo mismo vale para lácteos, aves de granja y porcinos. “El público norteamericano tiene derecho a que el pollo sepa a pollo, el cerdo a cerdo o las mazorcas a maíz, no a químicos o alimentos artificiales, Por desgracia, las cosas con sabor no se encuentras en las grande cadenas de supermercados. Los popes del agronegocio no píensan en el sabor o lo consideran un anacronismo”. El experto hace nombres como Smithfield, Tyson o Archer Daniels Midlands y los relaciona con “políticas de Washington que indirectamente subsidian la contaminación rural”.
En realidad, hacen algo peor, cuya manifestación en escala global es la masa de casi US$ 400.000 millones anuales en subsidios y subvenciones agrícolas. Barber quizá se quede corto al estimar en 40.000 millones la parte norteamericana (la FAO la calcula en casi 100.000 millones). De todos modos, el campeón es la Unión Europea y, en tercer lugar, figura Japón. Por otro lado, la gama de rubros incluye algodón, cítricos, etc.
