Derivados: la SEC los supervisará e Italia piensa hacerlo

La futura norma acaba de aprobarse por tres votos contra dos. Tras ello, Paul Atkins –republicano, allegado a los fondos de riesgo, uno de los opositores- objetó públicamente la injerencia de la Securities & Exchange Commission en el negocio.

Quienes propusieron la nueva norma arguyen que la SEC debe proteger a inversores y ahorristas, no a los profesionales del segmento ni a sus clientes millonarios. Pero, según el disidente, “esta iniciativa podría desviar recursos y restárselos a esa función. Además, la entidad no ha consultado con bastante antelación a ciertas partes involucradas. Por ejemplo, la Comisión de Operaciones a Término con Productos Básicos” (Commodities Futures Trading Commission, CFTC, Chicago).

Al respecto, Atkins cree que la norma sobre inscripción debiera exceptuar a los socios de la CFTC. Precisamente, lo que ésta acaba de solicitar. A su vez, la SEC estima que la medida facilitará detectar o desincentivar fraudes, recordando que -en los últimos cinco años- hubo más de cincuenta acciones contra asesores de fondos de cubertura (o riesgo, típicos usuarios de derivados).

“Pero esos casos representan sólo 2% del total de sumarios incoados por el comisión”, objeta el crítico. Por su parte, quienes apoyan la norma observan que tan magro porcentaje refleja, justamente, un déficit de supervisión. Firme, Atkins replica en forma original pero contraproducente: “La inscripción compulsiva no habría evitado esos casos y, además, muchos de ellos afectaban a asesores registrados. Los restantes son demasiado pequeños para ser detectados, inclusive cuando cometen fraudes. Les basta cambiar de nombre para eludir inspecciones”.

Por supuesto, la SEC tiene ya autoridad para reprimir fraudes directos por parte de fondos de riesgo. Pero la inscripción obligatoria le permitirá hacer algo que no podía antes: efectuar inspecciones de rutina entre asesores de esos fondos, proclives a fraudes indirectos.

No obstante, a juicio de Atkins –virtual vocero de la CFTC-, “no es fácil que eso funcione bien. Particularmente, porque la cantidad de asesores ya inscriptos supera por mucho la de inspectores disponibles”. Lo mismo se decía sobre la autoridad de seguros y hoy está en la picota la principal compañía del ramo.

Los proponentes de la norma apuntan a una realidad escandalosa: ahorristas e inversores bisoños o inexpertos, inclusive aportantes a fondos jubilatorios, están colocados –directa o indirectamente, a menudo sin saberlo- en fondos de riesgo. Este fenómeno se llama “detallización”: o sea, mímesis de un segmento mayorista como minorista.

Sea cual fuere la denominación, en seis años los fondos jubilatorios han más que sextuplicado (de US$ 13.000 a 72.000 millones) sus colocaciones en fondos de riesgo durante el lapso 1998-2003. Ello representa 8% de los activos totales en manos de los fondos de riesgo (US$ 870.000 millones a mediados de año).

En segundo, pero más importante lugar, aquel monto significa 1% de los US$ 6,4 billones colocados en el sistema jubilatorio. Atkins considera esas proporciones como irrelevantes, pero –desde hace meses- crece un escándalo que involucra fraudes de grandes administradores de fondos jubilatorios en perjuicio de los aportantes y vía fondos de riesgo. En forma paralela, un juez tras otro, a ambas orillas del Atlántico, falla contra bancas y firmas de valores que les vendieron a inversores bonos soberanos argentinos, sin decirles qué estaban comprando chatarra.

En verdad, lo que Atkins no quiere es injerencia extra. “Recientes noticias –afirma- sugieren que no es momento de desviar recursos necesarios para supervisar mejor los fondos mutuales, donde 95 millones de norteamericanos dependen sólo de la SEC para protegerlos”. Con similares argumentos, la medida propuesta señala que “los asesores de fondos de riesgo no inscriptos operan mayormente en la sombra, sin que nadie los controle”. A su vez, el crítico niega que “un asesor registrado sea más seguro. Por el contrario, la inscripción podría reducir el saludable escepticismo del inversor, sólo porque los asesoren contasen con el sello de la SEC”.

La postura ambigua de Atkins llega a extremos. Así, sostiene que “si esta norma hubiese sido dictada antes de 2001, no habría impedido el colapso de Long Term Capital Management. Este fondo cayó –proclama, no sin satisfacción- por apuestas especulativas groseramente erróneas, no por fraude”.

Lo mismo podría decirse de los esquemas de Carlo Ponzi en los 20 (se convirtieron en estafas recién cuando Wall Street se desplomó, hace justo 75 años), Roberto Vesco en los 60 o Michael Milken en los 80. En verdad, LTCM pudo engañar a magnates cuyo dinero jugaba en el paño, porque dos de sus directivos acababan de recibir un inexplicable Nobel económico… como perfeccionadores de instrumentos matemáticos derivativos.

“Son operaciones no necesariamente malas. Pero exigen extremado profesionalismo, algo no muy frecuente entre especuladores”, opinaba el lunes Antonio Fazio, presidente de Banca d’Italia (central). Contra las presiones de Silvio Berlusconi, sus clientes y amigos, el alto funcionario rescataba el papel supervisor que le cabe a la banca emisora en sistemas como el italiano o el francés. Especialmente si se trata de segmentos tan volátiles como el de derivados financieros y bursátiles.

En un plano menos peligroso, Fazio coloca de los instrumentos empleados para cubrir riesgos atinentes a productos primarios, insumos y comercio exterior. Curiosamente, Atkins no pensó en ese argumento, que sí menciona un editorial de “Financial Times”. Sea como fuere, la supervisión de este negocio resulta imperativa por su mero carácter: son instrumentos y contratos destinado a achicar riesgos en materia de futuros y opciones, generando cuberturas laterales o de apoyo (de ahí lo de “hedging”).

La futura norma acaba de aprobarse por tres votos contra dos. Tras ello, Paul Atkins –republicano, allegado a los fondos de riesgo, uno de los opositores- objetó públicamente la injerencia de la Securities & Exchange Commission en el negocio.

Quienes propusieron la nueva norma arguyen que la SEC debe proteger a inversores y ahorristas, no a los profesionales del segmento ni a sus clientes millonarios. Pero, según el disidente, “esta iniciativa podría desviar recursos y restárselos a esa función. Además, la entidad no ha consultado con bastante antelación a ciertas partes involucradas. Por ejemplo, la Comisión de Operaciones a Término con Productos Básicos” (Commodities Futures Trading Commission, CFTC, Chicago).

Al respecto, Atkins cree que la norma sobre inscripción debiera exceptuar a los socios de la CFTC. Precisamente, lo que ésta acaba de solicitar. A su vez, la SEC estima que la medida facilitará detectar o desincentivar fraudes, recordando que -en los últimos cinco años- hubo más de cincuenta acciones contra asesores de fondos de cubertura (o riesgo, típicos usuarios de derivados).

“Pero esos casos representan sólo 2% del total de sumarios incoados por el comisión”, objeta el crítico. Por su parte, quienes apoyan la norma observan que tan magro porcentaje refleja, justamente, un déficit de supervisión. Firme, Atkins replica en forma original pero contraproducente: “La inscripción compulsiva no habría evitado esos casos y, además, muchos de ellos afectaban a asesores registrados. Los restantes son demasiado pequeños para ser detectados, inclusive cuando cometen fraudes. Les basta cambiar de nombre para eludir inspecciones”.

Por supuesto, la SEC tiene ya autoridad para reprimir fraudes directos por parte de fondos de riesgo. Pero la inscripción obligatoria le permitirá hacer algo que no podía antes: efectuar inspecciones de rutina entre asesores de esos fondos, proclives a fraudes indirectos.

No obstante, a juicio de Atkins –virtual vocero de la CFTC-, “no es fácil que eso funcione bien. Particularmente, porque la cantidad de asesores ya inscriptos supera por mucho la de inspectores disponibles”. Lo mismo se decía sobre la autoridad de seguros y hoy está en la picota la principal compañía del ramo.

Los proponentes de la norma apuntan a una realidad escandalosa: ahorristas e inversores bisoños o inexpertos, inclusive aportantes a fondos jubilatorios, están colocados –directa o indirectamente, a menudo sin saberlo- en fondos de riesgo. Este fenómeno se llama “detallización”: o sea, mímesis de un segmento mayorista como minorista.

Sea cual fuere la denominación, en seis años los fondos jubilatorios han más que sextuplicado (de US$ 13.000 a 72.000 millones) sus colocaciones en fondos de riesgo durante el lapso 1998-2003. Ello representa 8% de los activos totales en manos de los fondos de riesgo (US$ 870.000 millones a mediados de año).

En segundo, pero más importante lugar, aquel monto significa 1% de los US$ 6,4 billones colocados en el sistema jubilatorio. Atkins considera esas proporciones como irrelevantes, pero –desde hace meses- crece un escándalo que involucra fraudes de grandes administradores de fondos jubilatorios en perjuicio de los aportantes y vía fondos de riesgo. En forma paralela, un juez tras otro, a ambas orillas del Atlántico, falla contra bancas y firmas de valores que les vendieron a inversores bonos soberanos argentinos, sin decirles qué estaban comprando chatarra.

En verdad, lo que Atkins no quiere es injerencia extra. “Recientes noticias –afirma- sugieren que no es momento de desviar recursos necesarios para supervisar mejor los fondos mutuales, donde 95 millones de norteamericanos dependen sólo de la SEC para protegerlos”. Con similares argumentos, la medida propuesta señala que “los asesores de fondos de riesgo no inscriptos operan mayormente en la sombra, sin que nadie los controle”. A su vez, el crítico niega que “un asesor registrado sea más seguro. Por el contrario, la inscripción podría reducir el saludable escepticismo del inversor, sólo porque los asesoren contasen con el sello de la SEC”.

La postura ambigua de Atkins llega a extremos. Así, sostiene que “si esta norma hubiese sido dictada antes de 2001, no habría impedido el colapso de Long Term Capital Management. Este fondo cayó –proclama, no sin satisfacción- por apuestas especulativas groseramente erróneas, no por fraude”.

Lo mismo podría decirse de los esquemas de Carlo Ponzi en los 20 (se convirtieron en estafas recién cuando Wall Street se desplomó, hace justo 75 años), Roberto Vesco en los 60 o Michael Milken en los 80. En verdad, LTCM pudo engañar a magnates cuyo dinero jugaba en el paño, porque dos de sus directivos acababan de recibir un inexplicable Nobel económico… como perfeccionadores de instrumentos matemáticos derivativos.

“Son operaciones no necesariamente malas. Pero exigen extremado profesionalismo, algo no muy frecuente entre especuladores”, opinaba el lunes Antonio Fazio, presidente de Banca d’Italia (central). Contra las presiones de Silvio Berlusconi, sus clientes y amigos, el alto funcionario rescataba el papel supervisor que le cabe a la banca emisora en sistemas como el italiano o el francés. Especialmente si se trata de segmentos tan volátiles como el de derivados financieros y bursátiles.

En un plano menos peligroso, Fazio coloca de los instrumentos empleados para cubrir riesgos atinentes a productos primarios, insumos y comercio exterior. Curiosamente, Atkins no pensó en ese argumento, que sí menciona un editorial de “Financial Times”. Sea como fuere, la supervisión de este negocio resulta imperativa por su mero carácter: son instrumentos y contratos destinado a achicar riesgos en materia de futuros y opciones, generando cuberturas laterales o de apoyo (de ahí lo de “hedging”).