Canje: versiones montadas en analistas anónimos de Wall St.(26-I)
La etapa Nueva York-Boston de la gira da pábulo a versiones recicladas. Para el caso, analistas no identificados exigen según algunos medios- de 70 a 90% de aceptación. Casi la postura de Nicola Stock, Hans Humes y su comité global.
Por un lado, Guillermo Nielsen seguía parlamentando con analistas –no anónimos, en su caso-, firmas de valores, fondos inversores y bancas. Por el otro resurgen presiones mediáticas, tendientes a imponer la idea de que la oferta argentina debiera reunir 80% de aceptación para ser viable. Una variante de la misma tesis habla de 70 a 90% y proviene del GCBA, ahora reducido a un “grupo de inversores suizos” (probablemente, extraterritoriales).
El sello de Stock-Humes “exigió” al Fondo Monetario Internacional y la secretaría de Hacienda estadounidense pronunciarse sobre “el mayor canje de deuda soberana en la historia” (dato erróneo, pero popular). Otro gestor del GCBA, Lukas Hohengarten (operador de una banca privada que trabaja con millonarios), tachó de “pasivas” a ambas entidades. Humes añadió que 10% de las acreencias de particulares está en Helvecia, pero no aclaró en qué manos (el comité nunca lo hace, como había subrayado Nielsen en Roma).
Mientras tanto, se aprovecha la reunión anual de Fondo Económico Mundial –ya no pesa ni interesa como cuando figuraban Jeffrey Sachs y economistas relevantes- para anunciar que Anne Krueger (aún vicepresidente del FMI) intervendrá en un debate sobre el canje argentino. Parece extraño porque (1) el encuentro se dedica a Brasil, cuyo presidente está en Davos, y (2) Krueger ha vuelto ayer a negarse a opinar sobre Argentina.
Antes de la etapa actual de la gira, Roma misma cambiaba de estrategia. Junto con Berlín –que acababa de dar una señal- e influida por fallos judiciales, empezó a analizar sancionar bancos, mientras investigaba la “task force Italia” (Stock). Otras instancias también investigan el papel de bancas e intermediarios de valores que colocaron (1998-2001) papeles de deuda argentina, sabiendo –como el FMI, que aceptaba cuentas fiscales maquilladas- que el país orillaba la insolvencia.
Por de pronto, la Commissione nazionale per società e borse (Consob) procesó más de 400 denuncias contra el sistema financiero italiano. Asimismo, tanto esa entidad como fiscales de tres ciudades (Milán, Roma, Venecia) han solicitado a Nielsen ampliar declaraciones públicas formuladas hace pocos días. El subsecretario de Finanzas sostuvo que Argentina no colocaba bonos entre rentistas pequeños, sino sólo entre intermediarios e inversores profesionales.
Al respecto, este funcionario y otros acusaron a Stock, Humes y Charles Dallara (los maneja a ambos y a columnistas de medios) de mentir sobre las responsabilidad de Buenos Aires y no actuar contra los bancos. Concretamente, Roma y Berlín apuntan a ejecutivos y asesores financieros que recomendaban esos bonos.
El lunes, Berlín señaló que no intervendrá en reclamos de acreedores privados alemanes contra Argentina. Lo dijo en vísperas de llegar la delegación que realiza la gira para promover el canje de bonos en cese de pagos. “Hasta ahora el gobierno de Alemania sólo ha intervenido en foros internacionales y multilaterales que analizaban la problemática de la deuda argentina, donde ha expuesto su posición”, señaló un vocero del ministerio de Hacienda.
Gestores que dicen representar bonistas germanos reclaman contra la propuesta de Buenos Aires. Amén de marcar diferencias con parte del gabinete italiano, la movida tiende a dejar abierto el camino a sanciones contra bancos que colocaron bonos (1998-2001) sin explicarles a los clientes sus verdaderos riesgos.
“Es llamativo –señalaba en París gente allegada a Roberto Lavagna- que quienes vendieron tantos papeles de dudosa solvencia operen, ahora, contra los bonos de canje, mucho más seguros y fiables”. Casi al mismo, círculos financieros de Montevideo censuraban al monetarista Danilo Astori –será ministro de Economía bajo Tabaré Vázquez- por abrazarse en público con Anup Singh. Amén de desprestigiado por graves errores en el sudeste asiátiuco, el sij debe aún explicar su papel en la “contabilidad creativa” de Domingo F.Cavallo y sucesores, clave en la emisión de bonos potencialmente chatarra.
En verdad, la Consob ya había elevado a Domenico Siniscalco, titular de Economía, un detallado informe, según el cual docenas de bancas y firmas de valores –no solo italianas- no advertían a los rentistas chicos, jubilados inclusive, de que los bonos argentinos no estaban orientados a esa franja. Por el contrario, los propios folletos indicaban que esos papeles (“tangobonos”) se dirigían a inversores y operadores profesionales.
Este asunto, que pone en evidencia a Siniscalco –por cajonear ese documento-, ya acarrea consecuencias. La semana anterior, la Banca d’Italia (central), instancia autónoma y crítica del gobierno, denegaba autorización a Brasil para colocar en ese país una nueva emisión por € 500 millones, que marchaba bien en otras plazas.
Todo eso obliga a Stock, Humes, Dallara, sus sellos y un ejército de abogados a mudar litigios de Italia (y la Unión Europea) rumbo a Estados Unidos. Ocurre que, en general los bonos de Argentina –y otros países en desarrollo- se amparan en las leyes norteamericanas. Sólo Mauro Sandri, un italiano con sello propio (“comité de acreedores de Argentina”) persiste en los 2.400 pleitos que, según él, ha radicado en la península. En EE.UU., entretanto, siguen pendientes cuarenta demandas, una de ellas colectiva.
Por un lado, Guillermo Nielsen seguía parlamentando con analistas –no anónimos, en su caso-, firmas de valores, fondos inversores y bancas. Por el otro resurgen presiones mediáticas, tendientes a imponer la idea de que la oferta argentina debiera reunir 80% de aceptación para ser viable. Una variante de la misma tesis habla de 70 a 90% y proviene del GCBA, ahora reducido a un “grupo de inversores suizos” (probablemente, extraterritoriales).
El sello de Stock-Humes “exigió” al Fondo Monetario Internacional y la secretaría de Hacienda estadounidense pronunciarse sobre “el mayor canje de deuda soberana en la historia” (dato erróneo, pero popular). Otro gestor del GCBA, Lukas Hohengarten (operador de una banca privada que trabaja con millonarios), tachó de “pasivas” a ambas entidades. Humes añadió que 10% de las acreencias de particulares está en Helvecia, pero no aclaró en qué manos (el comité nunca lo hace, como había subrayado Nielsen en Roma).
Mientras tanto, se aprovecha la reunión anual de Fondo Económico Mundial –ya no pesa ni interesa como cuando figuraban Jeffrey Sachs y economistas relevantes- para anunciar que Anne Krueger (aún vicepresidente del FMI) intervendrá en un debate sobre el canje argentino. Parece extraño porque (1) el encuentro se dedica a Brasil, cuyo presidente está en Davos, y (2) Krueger ha vuelto ayer a negarse a opinar sobre Argentina.
Antes de la etapa actual de la gira, Roma misma cambiaba de estrategia. Junto con Berlín –que acababa de dar una señal- e influida por fallos judiciales, empezó a analizar sancionar bancos, mientras investigaba la “task force Italia” (Stock). Otras instancias también investigan el papel de bancas e intermediarios de valores que colocaron (1998-2001) papeles de deuda argentina, sabiendo –como el FMI, que aceptaba cuentas fiscales maquilladas- que el país orillaba la insolvencia.
Por de pronto, la Commissione nazionale per società e borse (Consob) procesó más de 400 denuncias contra el sistema financiero italiano. Asimismo, tanto esa entidad como fiscales de tres ciudades (Milán, Roma, Venecia) han solicitado a Nielsen ampliar declaraciones públicas formuladas hace pocos días. El subsecretario de Finanzas sostuvo que Argentina no colocaba bonos entre rentistas pequeños, sino sólo entre intermediarios e inversores profesionales.
Al respecto, este funcionario y otros acusaron a Stock, Humes y Charles Dallara (los maneja a ambos y a columnistas de medios) de mentir sobre las responsabilidad de Buenos Aires y no actuar contra los bancos. Concretamente, Roma y Berlín apuntan a ejecutivos y asesores financieros que recomendaban esos bonos.
El lunes, Berlín señaló que no intervendrá en reclamos de acreedores privados alemanes contra Argentina. Lo dijo en vísperas de llegar la delegación que realiza la gira para promover el canje de bonos en cese de pagos. “Hasta ahora el gobierno de Alemania sólo ha intervenido en foros internacionales y multilaterales que analizaban la problemática de la deuda argentina, donde ha expuesto su posición”, señaló un vocero del ministerio de Hacienda.
Gestores que dicen representar bonistas germanos reclaman contra la propuesta de Buenos Aires. Amén de marcar diferencias con parte del gabinete italiano, la movida tiende a dejar abierto el camino a sanciones contra bancos que colocaron bonos (1998-2001) sin explicarles a los clientes sus verdaderos riesgos.
“Es llamativo –señalaba en París gente allegada a Roberto Lavagna- que quienes vendieron tantos papeles de dudosa solvencia operen, ahora, contra los bonos de canje, mucho más seguros y fiables”. Casi al mismo, círculos financieros de Montevideo censuraban al monetarista Danilo Astori –será ministro de Economía bajo Tabaré Vázquez- por abrazarse en público con Anup Singh. Amén de desprestigiado por graves errores en el sudeste asiátiuco, el sij debe aún explicar su papel en la “contabilidad creativa” de Domingo F.Cavallo y sucesores, clave en la emisión de bonos potencialmente chatarra.
En verdad, la Consob ya había elevado a Domenico Siniscalco, titular de Economía, un detallado informe, según el cual docenas de bancas y firmas de valores –no solo italianas- no advertían a los rentistas chicos, jubilados inclusive, de que los bonos argentinos no estaban orientados a esa franja. Por el contrario, los propios folletos indicaban que esos papeles (“tangobonos”) se dirigían a inversores y operadores profesionales.
Este asunto, que pone en evidencia a Siniscalco –por cajonear ese documento-, ya acarrea consecuencias. La semana anterior, la Banca d’Italia (central), instancia autónoma y crítica del gobierno, denegaba autorización a Brasil para colocar en ese país una nueva emisión por € 500 millones, que marchaba bien en otras plazas.
Todo eso obliga a Stock, Humes, Dallara, sus sellos y un ejército de abogados a mudar litigios de Italia (y la Unión Europea) rumbo a Estados Unidos. Ocurre que, en general los bonos de Argentina –y otros países en desarrollo- se amparan en las leyes norteamericanas. Sólo Mauro Sandri, un italiano con sello propio (“comité de acreedores de Argentina”) persiste en los 2.400 pleitos que, según él, ha radicado en la península. En EE.UU., entretanto, siguen pendientes cuarenta demandas, una de ellas colectiva.
