Canje: ahora se trata de anularlo mediante cuantiosos embargos
Al parecer, el FMI ya no exige la reapertura del canje (pese al lobby local). Sale en Italia el noveno fallo en favor de Argentina. Pero los fondos buitres despliegan una ofensiva jurídica para obtener embargos con ayuda de Thomas Griesa.
En realidad, según quienes manejan la larga campaña contra el canje, dos o tres altos funcionarios del Fondo Monetario Internacional recomendaron a megaespeculadores como Charles Dallara, Kenneth Dart o Elliot Associates (vía NML Capital) lograr embargos preventivos. Por ejemplo, éste por US$ 7.000 millones sobre los bonos nuevos.
En una actitud equívoca, típica de su estilo, el juez federal de circuito (Manhattan sur) Thomas Griesa dispuso congelar títulos por esa suma. Pese a que el estudio que representa al gobierno argentino (Cleary, Gottlied, Steen & Hamilton) confiaba en revertir esa medida vía el alegato del próximo martes, el cuadro se ha complicado. Máxime porque ciertos dirigentes argentinos –algunos vinculados al régimen de 1989/99- están tratando de estirar el asunto hasta cerca de las elecciones legislativas, a fin de poner en problemas al gobierno.
Por supuesto, hay un punto débil en la decisión de Griesa: los bonos embargados –cuya tenencia ejerce el Bank of New York- ya han sido asignados a quienes adhirieron al canje. Por otro conducto, se sabe que las autoridades del FMI hacen “lobby” propio y ven el embargo como forma indirecta de obligar a la reapertura del canje. Aunque lo nieguen en sus contactos con medios locales, existe un objetivo clave: crear clima adverso a nuevos intentos de restructuración apoyados en “el deplorable ejemplo argentino” (calificativos de “Financial Times”, “The Economist” y medios locales).
Entretanto, un tribunal romano emitió la novena sentencia en rechazo de una demanda contra Argentina. Esta vez, por € 1.350.000 en “tangobonos”, monto que sus presuntos tenedores querían convertir en secuestro de nuevos papeles. Parte de la argumentación se parece a la aceptada, en principio, por Griesa para dictar el embargo. Pero, a diferencia de los magistrados italianos y alemanes, el neoyorquino no tiene en cuenta los métodos usados por intermediarios financieros para colocar papeles sin informar a los bonistas que eran chatarra. Llegado cierto extremo, Griesa podría exponerse a un pedido de juicio político.
En verdad, la historia de Elliot Associates muestra la voracidad clásica de los fondos de riesgo o cobertura (los buitres forman parte de la categoría). Desde el embargo contra Perú en 1996 (US$ 56 millones, por una tenencia inicial de once millones) hasta los trabados contra Panamá, Polonia, Ecuador, Costa de Marfil, Türkmenistán y Congo, la meta era cobrar cuatro a cinco veces lo invertido en bonos chatarra.
Pero nunca se llegó a los US$ 7.000 millones embargados por el oportuno Griesa. Desde hace años, por otro lado, megafinancistas como Warren Buffett o George Sörös y expertos como Jeffrey Sachs vienen recomendando a Washington medidas drásticas contra los buitres y los “off shore” que los albergan.
En realidad, según quienes manejan la larga campaña contra el canje, dos o tres altos funcionarios del Fondo Monetario Internacional recomendaron a megaespeculadores como Charles Dallara, Kenneth Dart o Elliot Associates (vía NML Capital) lograr embargos preventivos. Por ejemplo, éste por US$ 7.000 millones sobre los bonos nuevos.
En una actitud equívoca, típica de su estilo, el juez federal de circuito (Manhattan sur) Thomas Griesa dispuso congelar títulos por esa suma. Pese a que el estudio que representa al gobierno argentino (Cleary, Gottlied, Steen & Hamilton) confiaba en revertir esa medida vía el alegato del próximo martes, el cuadro se ha complicado. Máxime porque ciertos dirigentes argentinos –algunos vinculados al régimen de 1989/99- están tratando de estirar el asunto hasta cerca de las elecciones legislativas, a fin de poner en problemas al gobierno.
Por supuesto, hay un punto débil en la decisión de Griesa: los bonos embargados –cuya tenencia ejerce el Bank of New York- ya han sido asignados a quienes adhirieron al canje. Por otro conducto, se sabe que las autoridades del FMI hacen “lobby” propio y ven el embargo como forma indirecta de obligar a la reapertura del canje. Aunque lo nieguen en sus contactos con medios locales, existe un objetivo clave: crear clima adverso a nuevos intentos de restructuración apoyados en “el deplorable ejemplo argentino” (calificativos de “Financial Times”, “The Economist” y medios locales).
Entretanto, un tribunal romano emitió la novena sentencia en rechazo de una demanda contra Argentina. Esta vez, por € 1.350.000 en “tangobonos”, monto que sus presuntos tenedores querían convertir en secuestro de nuevos papeles. Parte de la argumentación se parece a la aceptada, en principio, por Griesa para dictar el embargo. Pero, a diferencia de los magistrados italianos y alemanes, el neoyorquino no tiene en cuenta los métodos usados por intermediarios financieros para colocar papeles sin informar a los bonistas que eran chatarra. Llegado cierto extremo, Griesa podría exponerse a un pedido de juicio político.
En verdad, la historia de Elliot Associates muestra la voracidad clásica de los fondos de riesgo o cobertura (los buitres forman parte de la categoría). Desde el embargo contra Perú en 1996 (US$ 56 millones, por una tenencia inicial de once millones) hasta los trabados contra Panamá, Polonia, Ecuador, Costa de Marfil, Türkmenistán y Congo, la meta era cobrar cuatro a cinco veces lo invertido en bonos chatarra.
Pero nunca se llegó a los US$ 7.000 millones embargados por el oportuno Griesa. Desde hace años, por otro lado, megafinancistas como Warren Buffett o George Sörös y expertos como Jeffrey Sachs vienen recomendando a Washington medidas drásticas contra los buitres y los “off shore” que los albergan.
