Brasil: cada vez le es más difícil a Lula hacer reformas
Poco después de licuar la reforma jubilatoria, un Congreso controlado por grupos tradicionales de intereses amenaza el proyecto sobre quiebras. Al parecer, el gobierno de Luiz Inácio da Silva (Lula) no tiene buenos operadores legislativos.
En efecto, los parlamentarios brasileños acaban de eliminar una propuesta
del Poder Ejecutivo. Ésta habría restringido la condición
de “acreedor privilegiado” del personal en relación de dependencia,
en casos de concurso o quiebra en el sector privado. En realidad, el gobierno
intenta modernizar un régimen con más de cincuenta años encima.
Por ende, la cámara de Diputados considera desde hoy un proyecto general
donde ya no figura esa propuesta. Uno de los fundamentos del borrador -en verdad,
bastante débil- vinculaba las obligaciones respecto de los asalariados
con el desmedido nivel de intereses reales históricamente habitual en
el país. La propuesta consistían en limitar la prioridad de pago
indemnizatorio a un máximo de 150 salarios mínimos (en este momento,
unos US$ 12.500). Algunos analistas sostienen que, sin restricciones, el régimen
compensatorio induce a desviar fondos correspondientes a acreedores no privilegiados.
“Nuestro anteproyecto hubiera ofrecido más seguridades a los bancos
y otros acreedores institucionales, aun si la compañía concursaba
debe despedir gente”, explica el diputado Osvaldo Biolchi. “Hemos
chocado con presiones de jueces que arbitran este tipo de convocatorias y los
litigios emergentes”. Pero, amén de ese factor, observadores de
San Pablo subrayan que Lula -carente de operadores ágiles en el Congreso-
ha permitido la licuación de la reforma jubilatoria y esta propuesta
para no provocar una escisión en el Partido Laborista (oficialismo).
El problema es que las medidas frustradas formaban parte de un compromisos con
el Fondo Monetario Internacional, por el cual Lula ya está pagando alto
precio político y social.
En efecto, los parlamentarios brasileños acaban de eliminar una propuesta
del Poder Ejecutivo. Ésta habría restringido la condición
de “acreedor privilegiado” del personal en relación de dependencia,
en casos de concurso o quiebra en el sector privado. En realidad, el gobierno
intenta modernizar un régimen con más de cincuenta años encima.
Por ende, la cámara de Diputados considera desde hoy un proyecto general
donde ya no figura esa propuesta. Uno de los fundamentos del borrador -en verdad,
bastante débil- vinculaba las obligaciones respecto de los asalariados
con el desmedido nivel de intereses reales históricamente habitual en
el país. La propuesta consistían en limitar la prioridad de pago
indemnizatorio a un máximo de 150 salarios mínimos (en este momento,
unos US$ 12.500). Algunos analistas sostienen que, sin restricciones, el régimen
compensatorio induce a desviar fondos correspondientes a acreedores no privilegiados.
“Nuestro anteproyecto hubiera ofrecido más seguridades a los bancos
y otros acreedores institucionales, aun si la compañía concursaba
debe despedir gente”, explica el diputado Osvaldo Biolchi. “Hemos
chocado con presiones de jueces que arbitran este tipo de convocatorias y los
litigios emergentes”. Pero, amén de ese factor, observadores de
San Pablo subrayan que Lula -carente de operadores ágiles en el Congreso-
ha permitido la licuación de la reforma jubilatoria y esta propuesta
para no provocar una escisión en el Partido Laborista (oficialismo).
El problema es que las medidas frustradas formaban parte de un compromisos con
el Fondo Monetario Internacional, por el cual Lula ya está pagando alto
precio político y social.
