La nueva versión del contrato social: renacimiento de la idea

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La desconfianza del público en la política y las instituciones ha crecido en casi todas las democracias del mundo.

Eso ha deteriorado el contrato social que justifica la autoridad que tiene el Estado para imponer la ley.

 La historia reciente en casi todos los países muestra que el concepto original de contrato social, hace rato que perdió vigencia porque la mayoría de la población no tiene trabajo seguro ni buen ingreso ni tranquilidad. Pero con la irrupción de la pandemia del coronavirus renació la idea del contrato social, al menos en las economías avanzadas y por ahora.

Desde que explotó la pandemia casi todas las economías de los países del G20 anunciaron paquetes fiscales muy importantes. Esas enormes intervenciones sirvieron de paragolpe a las empresas y a los particulares que sufrían con la interrupción de las actividades. También invirtieron la tendencia que había caracterizado al contrato social de los veinte años anteriores, según el cual las pérdidas y ganancias económicas se comparten entre individuos e instituciones.

En las 22 economías avanzadas que fueron objeto de un estudio de McKinsey, en 2020, los gobiernos aumentaron 20% el gasto fiscal en 2020 comparado con 2019. Solamente en 2020 los países de la Unión Europea gastaron US$ 2.343 más por persona que en 2019 y en Estados Unidos, el gasto fue US$ 6.572 más alto.

Además de este aumento en el gasto del sector público, el sector privado en algunos casos también protegió a sus empleados, a veces en sociedad con el gobierno. En el corto plazo las empresas no pudieron bajar sus costos con la misma rapidez que caían sus ingresos. Además, algunas compañías invirtieron activamente en el bienestar de su personal, sea mejorando beneficios o mediante la entrega de bonos a los más vulnerables.

Como consecuencia de la combinación de la protección brindada por el sector público y el privado, el ingreso disponible (en Estados Unidos) y el empleo (en Europa), se vieron bastante protegidos aunque el PBI se desplomara en el segundo trimestre de 2020.

En Estados Unidos el ingreso disponible creció como resultado de los programas de estímulo, estiman en su investigación Anu Madgavkar, Tilman Tacke, Sven Smit y James Manyika, los cuatro autores del estudio. Esa evaluación los lleva a concluir que los paquetes de apoyo implementados durante unos pocos meses de pandemia generaron aumentos en el ingreso disponible del trabajador promedio norteamericano comparables a los que recibió en los últimos 20 años. En la Unión Europea el empleo se redujo mucho menos de lo que sugeriría la caída en el PBI porque los gobiernos y las empresas, juntos, garantizaron la continuación del empleo a una gran parte de la fuerza laboral.

El contrato social es un concepto amplio que abarca muchas facetas de la vida cotidiana y que incluye ideas de acuerdos económicos, sociales y políticos. En su análisis, los investigadores usaron los aspectos económicos del contrato social con definiciones más estrechas.

Específicamente se ocuparon de los tres roles económicos fundamentales de los individuos como trabajadores, consumidores y ahorristas. Si bien el contrato social fue evolucionando a los tumbos a lo largo de los siglos, el tremendo movimiento repentino que ocurrió en 2020 es totalmente fuera de lo común. Por eso podría ser mucho más necesario ahora para amortiguar riesgos y garantizar necesidades básicas de la población de lo que fue en épocas anteriores.

Esto no quiere decir que reduzca la desigualdad; al contrario, la pandemia puso al descubierto y aumentó las fuertes divisiones económicas y sociales en las sociedades del mundo. Más aun, los enormes paquetes fiscales que se usan para solucionar los efectos inmediatos de los destrozos de la pandemia son como una bazuca que dispara proyectiles en todas las direcciones sin la puntería que hace falta para resolver los problemas básicos que están generando la desigualdad.

El tema central para los meses y años venideros es si el péndulo va a oscilar hacia el lado contrario con la misma velocidad cuando amaine la crisis Covid o si al menos algunas de las intervenciones quedarán como rasgos permanentes de un renovado contrato social.

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