Cuando escribíamos esta nota avanzaba el conflicto entre el gobierno nacional y la CABA, referido a la reducción unilateral de la asignación de los fondos coparticipables (CFI), hecha por el poder ejecutivo nacional.
Esta discusión no se puede agotar con un enfoque simplista, motivado por razones políticamente coyunturales, sino que debe comenzar por reconocer que no todos los argentinos son iguales para la actual CFI, ya que un misionero vale menos de la mitad que un formoseño, un salteño la mitad de un riojano, un tucumano la mitad de un pampeano, un jujeño la mitad que un fueguino, un correntino la mitad que un catamarqueño y un chubutense algo más de la mitad que un santacruceño.
El caso extremo de inequidad es el de la provincia de Buenos Aires, que cuenta con el 39% de la población del país y en el Conurbano, que ocupa menos de 1% del territorio argentino, viven 11,3 millones de personas de las cuales casi 5 millones están bajo la línea de pobreza.
Pero un bonaerense recibe una coparticipación por habitante, equivalente a la mitad de lo que recibe un habitante de Córdoba o de Santa Fe, menos de la quinta parte de lo que obtiene un habitante de Tierra del Fuego y uno de Catamarca. A título de ejemplo, mencionemos que el bonaerense que vive en Carmen de Patagones recibe la tercera parte que quien vive en Viedma, y si vive en Moreno, la cuarta parte que si vive en El Calafate.
Es oportuno recordar que las crecientes desigualdades existentes en nuestro país ya alcanzan su máxima expresión en el empobrecido Conurbano Bonaerense que presenta altos índices de pobreza y exclusión social, grandes carencias en suministros básicos de agua potable, viviendas y cloacas.
Cuatro de cada diez habitantes de todo el país viven en la Provincia de Buenos Aires, y son injustamente discriminados por nuestro régimen de coparticipación federal de impuestos (CFI), que genera inequidades y eso impide que pueda ser eficiente y por tanto no es eficaz y condena a muchos compatriotas a la pobreza y la exclusión social.
Otra realidad
Parece que todavía son muchos los que creen que los bonaerenses son los habitantes ricos del país, pero la realidad es otra, si bien pudo haber sido cierto hace 80 años.
Veamos nuestra realidad actual: (i) El Índice de Desarrollo Humano del PNUD (que incluye el PBI por habitante) ubica a Buenos Aires en el lugar 16 entre las 24 jurisdicciones.
(ii) Según INDEC la indigencia en el Conurbano (donde viven 2 de cada 3 bonaerenses) es la más alta del país; también el Conurbano registra la mayor desocupación laboral en todo el país. Por ejemplo, es el doble que en el Gran Santa Fe, el triple que en Comodoro Rivadavia. Nada de esto nos debería sorprender, ya que el último Censo Nacional (2010) nos había alertado al informar que los 24 partidos del Conurbano eran los que se ubicaban en el último lugar de las jurisdicciones sin agua de red, ya que uno de cada tres habitantes no tenía acceso a este servicio esencial. La situación era más grave en lo que hace a las cloacas, donde este déficit afectaba a dos de cada tres habitantes del Conurbano.
Estas grandes desigualdades también existen en el sistema educativo cuando se considera la cantidad de alumnos primarios que están beneficiados por la Jornada Escolar Extendida. Por ejemplo, en Tierra del Fuego son 78 cada 100, en Córdoba 50, en la CABA 48, en Catamarca 23, en Río Negro 20, en Entre Ríos y La Pampa 18, en Chubut 15, en La Rioja y Salta 13, en Formosa, San Juan y Mendoza 12 y en el Conurbano, donde las carencias educativas son considerables, apenas 6.
La actual CFI no refleja la totalidad de la inequidad, debido a que no toma en cuenta importantes ingresos fiscales por regalías de la explotación de gas y petróleo, que llegaron a un monto equivalente a US$ 2.000 millones en los últimos años. Las provincias que cobran totalmente estas regalías justifican ese ingreso argumentando que son una compensación por la explotación de un recurso natural no renovable depositado en su subsuelo.
Sin embargo, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, provincias que generan el grueso de las divisas por exportaciones de la agricultura, la ganadería y de la agroindustria que procesa las materias primas y del biodiesel que también se exporta, no cobran regalías por el uso del suelo y, si bien la tierra se considera un recurso natural renovable, necesita de continuas e ingentes inversiones y cuidados para sostener la fertilidad del territorio cultivable.
Una vez tomado en cuenta el ingreso de regalías de hidrocarburos, resulta que un habitante de Santa Cruz “vale” fiscalmente 7 veces más que uno de la provincia de Buenos Aires y un neuquino más del doble que un misionero.
Como se observa en el siguiente cuadro la inequidad general del sistema es grave, pero la que azota a la provincia de Buenos Aires, una provincia que aporta un 35% de los impuestos totales y recibe poco más del 20% en CFI, es insostenible, ya que recordemos que en el conurbano viven 11 millones de personas y que el segundo y tercer cordón alberga una de las mayores concentraciones de pobreza del país con graves efectos colaterales (i.e. droga, crimen, trata).
La reforma constitucional de 1994 elevó a rango constitucional el régimen de la CFI. Dispuso en el Art. 75, inciso 2, que se instituya un nuevo régimen de CFI, disponiendo que antes de fines de 1996 se apruebe una Ley Convenio entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estableciendo, asimismo, que se defina un sistema de asignación de recursos entre las provincias y la CABA (distribución secundaria).
Este mandato constitucional permanece incumplido por 24 años. La Constitución establece que la ley Convenio deberá tener las siguientes características: (i) garantizará la automaticidad en la remisión de los fondos; (ii) definirá una distribución primaria de los fondos coparticipables estructurada en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas; (iii) asignará fondos según criterios objetivos de reparto; (iv) será equitativa y solidaria, (v) dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional.
Es hora de fortalecer el cumplimiento por parte de las provincias de las tres importantes responsabilidades que expresamente les encomiendan nuestras leyes.
Estas tres responsabilidades corresponden a lo que nuestra población necesita recibir de los gobiernos provinciales: Educación, Salud y Seguridad. Para avanzar en el cumplimiento de estas metas debemos cumplir el mandato constitucional y considerar un nuevo régimen de coparticipación, pero sin coeficientes distributivos fijos para cada provincia como es ahora, sino con coeficientes distributivos periódicamente determinados de acuerdo al crecimiento de la población y la evolución de los indicadores económicos y sociales, como la pobreza.
No alcanza con la disputa actual entre Nación y la CABA, necesitamos un nuevo Pacto Fiscal Federal, una herramienta clave para optimizar políticas de Estado que son pilares del bien común y contribuyen a reducir la pobreza y asegurar la provisión de seguridad, salud y educación, pero para esto se necesita otro régimen de CFI que debe ser equitativo, eficiente y eficaz. Es hora ya de cumplir la Constitución Nacional.
(*) Alieto Guadagni (Academia Nacional de Educación) y Miguel Angel Cuervo (FCE-UBA)