El Departamento afirma, en el documento de más de 1.400 páginas que suma a un expediente ya iniciado, que las grandes tabacaleras son responsables de prácticas que identifica como criminales: manipular los niveles de nicotina, mentir a los consumidores sobre los peligros del tabaco y dirigir multimillonarias campañas de publicidad a los niños.
Aunque la industria insista en que ha cambiado sus métodos, dice el Departamento en su demanda elevada al juez federal en Washington, esas prácticas se mantienen vigentes. El juicio federal, iniciado en 1999 durante la presidencia de William Clinton, ya acumula montañas de volúmenes de expedientes.
Es la primera vez que el gobierno federal ha precisado con números lo que estima debe reponer la industria tabacalera por “ganancias mal habidas”. La cifra de US$ 289.000 millones surge de las ganancias que el gobierno dice que obtuvo la industria vendiendo cigarrillos a unos 30 millones de personas que comenzaron a fumar regularmente antes de los 18 años a partir de 1954.
El nuevo aporte de pruebas por parte del Departamento de Justicia, documenta que la industria tabacalera sigue violando la ley pues continúa con sus mensajes de marketing a niños y con sus engaños al público estadounidense.
Los cinco principales acusados son: Philip Morris; R. J. Reynolds; Lorillard Tobacco, de Loews Corporation; Brown & Williamson de British American Tobacco y Ligget Group de Vectir Group.
Un analista financiero del sector calcula que si el Departamento de Justicia gana el juicio y logra imponer una multa cercana a la cifra que propone, lo menos que tendrían que hacer las tabacaleras es aumentar sus precios en 50 centavos el atado. Y aún así, su sobrevivencia sería problemática.
El Departamento afirma, en el documento de más de 1.400 páginas que suma a un expediente ya iniciado, que las grandes tabacaleras son responsables de prácticas que identifica como criminales: manipular los niveles de nicotina, mentir a los consumidores sobre los peligros del tabaco y dirigir multimillonarias campañas de publicidad a los niños.
Aunque la industria insista en que ha cambiado sus métodos, dice el Departamento en su demanda elevada al juez federal en Washington, esas prácticas se mantienen vigentes. El juicio federal, iniciado en 1999 durante la presidencia de William Clinton, ya acumula montañas de volúmenes de expedientes.
Es la primera vez que el gobierno federal ha precisado con números lo que estima debe reponer la industria tabacalera por “ganancias mal habidas”. La cifra de US$ 289.000 millones surge de las ganancias que el gobierno dice que obtuvo la industria vendiendo cigarrillos a unos 30 millones de personas que comenzaron a fumar regularmente antes de los 18 años a partir de 1954.
El nuevo aporte de pruebas por parte del Departamento de Justicia, documenta que la industria tabacalera sigue violando la ley pues continúa con sus mensajes de marketing a niños y con sus engaños al público estadounidense.
Los cinco principales acusados son: Philip Morris; R. J. Reynolds; Lorillard Tobacco, de Loews Corporation; Brown & Williamson de British American Tobacco y Ligget Group de Vectir Group.
Un analista financiero del sector calcula que si el Departamento de Justicia gana el juicio y logra imponer una multa cercana a la cifra que propone, lo menos que tendrían que hacer las tabacaleras es aumentar sus precios en 50 centavos el atado. Y aún así, su sobrevivencia sería problemática.