Otra vez, juicio a las tabacaleras
Se inició esta semana en Washington uno de los juicios más importantes de la historia judicial estadounidense contra una serie de compañías tabacaleras. El gobierno las acusa de haber conspirado para engañar al público durante más de 50 años.
El procedimiento civil, por la suma de US$ 280 mil millones, tiene lugar en un tribunal federal de Washington, y pone en el banquillo de las acusadas a Philip Morris USA, R.J. Reynolds, Liggett, Lorillard Tobacco y Brown and Williamson.
Según la acusación del gobierno federal, los directivos de las tabacaleras se reunieron en un hotel de Nueva York en 1953 y diseñaron una estrategia para engañar al público sobre el daño y la adicción producidas por la nicotina.
Estos cargos fueron presentados sobre la base de la ley RICO, una normativa utilizada generalmente para combatir el crimen organizado, creada inicialmente para luchar contra la mafia.
De acuerdo a esta ley, el gobierno acusa a las compañías de ser responsables de haber conspirado para engañar al público durante más de 50 años.
Conspiración
Según el argumento del las autoridades, la conspiración se inició en la gran sala del Hotel Plaza, cerca del Parque Central en Nueva York, el 15 de diciembre de 1953.
Parece ser que no hay duda de que dicha reunión entre los directivos de las principales tabacaleras se llevó a cabo y que allí se discutió la situación del negocio y también se analizaron investigaciones científicas de los efectos del cigarrillo sobre la salud.
Lo que las autoridades sostienen es que en esa ocasión se llegó a un acuerdo para presentar una estrategia unificada para negar los efectos dañinos del tabaco, lo cual significaría que se cometió fraude.
Y además, la parte acusadora considera que en ese momento, se contaba con suficiente información que demostraba que el tabaco era adictivo y dañino. La argumentación de la parte acusadora (el gobierno) es que a pesar de la evidencia científica, las tabacaleras elaboraron un esquema “para preservar e incrementar las ganancias de la industria maximizando el número de fumadores”.
Si bien la actitud de las tabacaleras ha cambiado en los últimos diez años y ahora admiten que el cigarrillo es nocivo para la salud, las mismas compañías sostienen que los argumentos brindados en el pasado que señalaban que el fumar no era perjudicial, fueron presentados en buena fe.
Se espera que el controvertido proceso -que podría llevar a la quiebra a gran parte de la industria tabacalera- se extienda por un plazo de seis meses.
El procedimiento civil, por la suma de US$ 280 mil millones, tiene lugar en un tribunal federal de Washington, y pone en el banquillo de las acusadas a Philip Morris USA, R.J. Reynolds, Liggett, Lorillard Tobacco y Brown and Williamson.
Según la acusación del gobierno federal, los directivos de las tabacaleras se reunieron en un hotel de Nueva York en 1953 y diseñaron una estrategia para engañar al público sobre el daño y la adicción producidas por la nicotina.
Estos cargos fueron presentados sobre la base de la ley RICO, una normativa utilizada generalmente para combatir el crimen organizado, creada inicialmente para luchar contra la mafia.
De acuerdo a esta ley, el gobierno acusa a las compañías de ser responsables de haber conspirado para engañar al público durante más de 50 años.
Conspiración
Según el argumento del las autoridades, la conspiración se inició en la gran sala del Hotel Plaza, cerca del Parque Central en Nueva York, el 15 de diciembre de 1953.
Parece ser que no hay duda de que dicha reunión entre los directivos de las principales tabacaleras se llevó a cabo y que allí se discutió la situación del negocio y también se analizaron investigaciones científicas de los efectos del cigarrillo sobre la salud.
Lo que las autoridades sostienen es que en esa ocasión se llegó a un acuerdo para presentar una estrategia unificada para negar los efectos dañinos del tabaco, lo cual significaría que se cometió fraude.
Y además, la parte acusadora considera que en ese momento, se contaba con suficiente información que demostraba que el tabaco era adictivo y dañino. La argumentación de la parte acusadora (el gobierno) es que a pesar de la evidencia científica, las tabacaleras elaboraron un esquema “para preservar e incrementar las ganancias de la industria maximizando el número de fumadores”.
Si bien la actitud de las tabacaleras ha cambiado en los últimos diez años y ahora admiten que el cigarrillo es nocivo para la salud, las mismas compañías sostienen que los argumentos brindados en el pasado que señalaban que el fumar no era perjudicial, fueron presentados en buena fe.
Se espera que el controvertido proceso -que podría llevar a la quiebra a gran parte de la industria tabacalera- se extienda por un plazo de seis meses.
