Las seducción del sector público
El economista y consultor Daniel Bianchi plantea las claves de resolución de los conflictos que surgen del interés de las comunidades por lograr la instalación de actividades económicas en su territorio.
Lo atractivo o no de un territorio –unidad administrativa, provincia, municipio, ciudad– tiene que ver con la política para ese territorio; la capacidad para atraer inversiones y la estrategia del sector público para llevarla a cabo.
Así, el territorio-comunidad en cuestión tendrá ventajas comparativas y cualidades originales o construidas.
De tal forma, cuando se establecen objetivos importantes en ese sentido y se asignan los medios, la acción pública debe desempeñar nuevas funciones en respuesta a situaciones concretas.
La nueva función de gobierno consiste en mostrar siempre una fuerte presencia inscripta en una política de ordenamiento del territorio: promueve la región, atrae inversiones, selecciona candidatos, invierte en infraestructura, participa como accionista y/o propietario en los emprendimientos para hacerlos factibles.
El punto es que toda gestión pública para hacer atractivo un territorio será beneficiosa si contribuye a su largo plazo, a su futuro.
Es inevitable que esta situación fluya hacia una alianza estratégica entre gobiernos y empresas, quienes deciden diversificarse geográficamente para desarrollar actividades en otros países.
Cada cual aporta lo suyo y lo importante es tener en claro que este proceso de cooperación entre territorios y empresas debería apuntar a armar organizaciones equilibradas y estables.
Una política de atracción territorial según criterios de largo plazo requiere diferentes tipos de inversión y propiciar la creación de empresas bajo el concepto paraguas y distintivo de atracción dirigida, antes que atracción indiscriminada.
Esto es, adoptar un principio de jerarquización: preferencia por los nuevos emprendimientos y los joint ventures más que por las compras o absorciones que se hacen para tener una mayor porción del mercado mundial –es lo que se compra verdaderamente– y vender más, o sea importaciones en potencia, independientemente del mayor o menor valor agregado de la actividad en cuestión.
El eje de la cuestión pasa por inversiones realizadas hacia adelante en el proceso de elaboración de un producto (etapa de comercialización) que casi siempre genera importaciones, y las realizadas hacia atrás (alta gerencia e investigación y desarrollo), que generan exportaciones.
Una vez desatada la estampida de compras masivas y en cadena, los territorios-mercados que se disputan entran en situación potencial de dependencia y control si se descuida la cuestión.
Por eso, la capacidad para estimular inversiones dirigidas de cualquier nacionalidad determinará la competitividad de la industria y el crecimiento de la comunidad.
Lo atractivo o no de un territorio –unidad administrativa, provincia, municipio, ciudad– tiene que ver con la política para ese territorio; la capacidad para atraer inversiones y la estrategia del sector público para llevarla a cabo.
Así, el territorio-comunidad en cuestión tendrá ventajas comparativas y cualidades originales o construidas.
De tal forma, cuando se establecen objetivos importantes en ese sentido y se asignan los medios, la acción pública debe desempeñar nuevas funciones en respuesta a situaciones concretas.
La nueva función de gobierno consiste en mostrar siempre una fuerte presencia inscripta en una política de ordenamiento del territorio: promueve la región, atrae inversiones, selecciona candidatos, invierte en infraestructura, participa como accionista y/o propietario en los emprendimientos para hacerlos factibles.
El punto es que toda gestión pública para hacer atractivo un territorio será beneficiosa si contribuye a su largo plazo, a su futuro.
Es inevitable que esta situación fluya hacia una alianza estratégica entre gobiernos y empresas, quienes deciden diversificarse geográficamente para desarrollar actividades en otros países.
Cada cual aporta lo suyo y lo importante es tener en claro que este proceso de cooperación entre territorios y empresas debería apuntar a armar organizaciones equilibradas y estables.
Una política de atracción territorial según criterios de largo plazo requiere diferentes tipos de inversión y propiciar la creación de empresas bajo el concepto paraguas y distintivo de atracción dirigida, antes que atracción indiscriminada.
Esto es, adoptar un principio de jerarquización: preferencia por los nuevos emprendimientos y los joint ventures más que por las compras o absorciones que se hacen para tener una mayor porción del mercado mundial –es lo que se compra verdaderamente– y vender más, o sea importaciones en potencia, independientemente del mayor o menor valor agregado de la actividad en cuestión.
El eje de la cuestión pasa por inversiones realizadas hacia adelante en el proceso de elaboración de un producto (etapa de comercialización) que casi siempre genera importaciones, y las realizadas hacia atrás (alta gerencia e investigación y desarrollo), que generan exportaciones.
Una vez desatada la estampida de compras masivas y en cadena, los territorios-mercados que se disputan entran en situación potencial de dependencia y control si se descuida la cuestión.
Por eso, la capacidad para estimular inversiones dirigidas de cualquier nacionalidad determinará la competitividad de la industria y el crecimiento de la comunidad.
