Es preciso coordinar la lucha contra el crimen en la Red
Las autoridades en todos los niveles de Estados Unidos tendrán que sortear obstáculos judiciales si desean controlar la incidencia cada vez mayor de delitos cibernéticos, comentó un vocero del Congreso.
En la primera de las tres audiencias sobre delito cibernético, Michael T. McCaul, procurador general adjunto del estado de Texas, comentó a las autoridades judiciales presentes que las agencias de aplicación de la ley, acostumbradas a operar dentro de límites jurisdiccionales bien definidos, se desconciertan cuando deben hacer frente a delitos relacionados con Internet, ya que por lo general abarcan varios estados al mismo tiempo.
“Estoy convencido de que un solo sector del gobierno no puede resolver este problema”, expresó durante una audiencia ante el Subcomité del Poder Judicial sobre crimen. “Con reaccionar no alcanza. Las agencias de aplicación de la ley deben aprender a interactuar, si quieren combatir el crimen en la Red.”
El procurador general señaló que las autoridades locales y estaduales necesitan leyes que autoricen la aplicación de leyes y órdenes fuera del estado, ya que actualmente carecen de un mecanismo oficial que obligue a proveedores de Internet fuera del estado a acatar una citación para presentar registros de conexión.
“Con ayuda de las autoridades de otros estados, los fiscales de Texas podrían convencer a los proveedores de que acaten la orden, pero esto sería un acto de cortesía profesional, no un procesamiento legal”, afirmó.
Ronald Stevens, director de la unidad de crimen cibernético de la policía del estado de Nueva York, indicó que el grupo encargado de combatir los crímenes cibernéticos cometidos por menores hoy trabaja en más de 1.000 investigaciones sólo en Nueva York. Aparte de la escasez de fondos y personal para efectuar estas investigaciones correctamente, el mayor problema reside en la falta de cooperación y coordinación centralizada.
“Hay que mejorar los mecanismos de coordinación y distribución de información sobre operaciones encubiertas dentro de cada estado, a fin de garantizar la seguridad de los funcionarios y el uso efectivo de los recursos judiciales”, enfatizó Stevens.
También mencionó otro problema que surge de la gran cantidad de jurisdicciones federales, estaduales y locales: la falta de estándares forenses generalizados para analizar los casos de delito cibernético.
“Debido a la falta de estándares, la reciente disciplina de estudios forenses sobre computadoras ha generado respuestas independientes de varias agencias judiciales”, indicó. “De seguir este método casual, los problemas de defensa podrían poner en duda la credibilidad del análisis forense sobre computadoras por la falta de estandarización.”
Joseph Cassilly, presidente del comité sobre crimen cibernético de la National District Attorneys Association, sostuvo que, si bien la cantidad de casos de delitos cibernéticos incrementa exponencialmente cada año, estos crímenes exceden la competencia de cualquier agencia judicial.
“No estamos preparados para tratar conceptos sofisticados de crimen cibernético a nivel local ni estadual, donde se concentra la mayoría de las funciones jurídicas.”
Cassilly señaló que la mayoría de los casos de fraude y robo supone daños por debajo de US$ 100.000 y, por lo general, concierne a personas que residen en distintos estados. Dado que las autoridades federales rara vez se interesan por casos que no excedan al menos US$ 1 millón, gran parte de los casos de crimen cibernético recae en los estados.
El año pasado, los legisladores del Senado propusieron la ley S. 2448 anti-crímenes cibernéticos que contenía cláusulas que hubieran otorgado a las agencias judiciales la capacidad de obtener una orden judicial para investigar mediante intervención telefónica. Pero el comité judicial del Senado eliminó estas cláusulas del proyecto de ley antes de que se aprobara.
El demócrata Robert Scott destacó que hay que contemplar que las nuevas leyes y penalizaciones no presenten una amenaza para la privacidad individual.
“Debemos cuidarnos de que el entusiasmo por ocuparnos de este tipo de incidentes no restrinja indebidamente la privacidad, libertad o innovación de los individuos”, señaló. “Estoy dispuesto a escuchar propuestas para atender estos incidentes, pero espero que estas acciones determinen la necesidad de prevenir el delito cibernético, y no simplemente de enviar un mensaje como hemos hecho en otras áreas de la ley criminal.”
En la primera de las tres audiencias sobre delito cibernético, Michael T. McCaul, procurador general adjunto del estado de Texas, comentó a las autoridades judiciales presentes que las agencias de aplicación de la ley, acostumbradas a operar dentro de límites jurisdiccionales bien definidos, se desconciertan cuando deben hacer frente a delitos relacionados con Internet, ya que por lo general abarcan varios estados al mismo tiempo.
“Estoy convencido de que un solo sector del gobierno no puede resolver este problema”, expresó durante una audiencia ante el Subcomité del Poder Judicial sobre crimen. “Con reaccionar no alcanza. Las agencias de aplicación de la ley deben aprender a interactuar, si quieren combatir el crimen en la Red.”
El procurador general señaló que las autoridades locales y estaduales necesitan leyes que autoricen la aplicación de leyes y órdenes fuera del estado, ya que actualmente carecen de un mecanismo oficial que obligue a proveedores de Internet fuera del estado a acatar una citación para presentar registros de conexión.
“Con ayuda de las autoridades de otros estados, los fiscales de Texas podrían convencer a los proveedores de que acaten la orden, pero esto sería un acto de cortesía profesional, no un procesamiento legal”, afirmó.
Ronald Stevens, director de la unidad de crimen cibernético de la policía del estado de Nueva York, indicó que el grupo encargado de combatir los crímenes cibernéticos cometidos por menores hoy trabaja en más de 1.000 investigaciones sólo en Nueva York. Aparte de la escasez de fondos y personal para efectuar estas investigaciones correctamente, el mayor problema reside en la falta de cooperación y coordinación centralizada.
“Hay que mejorar los mecanismos de coordinación y distribución de información sobre operaciones encubiertas dentro de cada estado, a fin de garantizar la seguridad de los funcionarios y el uso efectivo de los recursos judiciales”, enfatizó Stevens.
También mencionó otro problema que surge de la gran cantidad de jurisdicciones federales, estaduales y locales: la falta de estándares forenses generalizados para analizar los casos de delito cibernético.
“Debido a la falta de estándares, la reciente disciplina de estudios forenses sobre computadoras ha generado respuestas independientes de varias agencias judiciales”, indicó. “De seguir este método casual, los problemas de defensa podrían poner en duda la credibilidad del análisis forense sobre computadoras por la falta de estandarización.”
Joseph Cassilly, presidente del comité sobre crimen cibernético de la National District Attorneys Association, sostuvo que, si bien la cantidad de casos de delitos cibernéticos incrementa exponencialmente cada año, estos crímenes exceden la competencia de cualquier agencia judicial.
“No estamos preparados para tratar conceptos sofisticados de crimen cibernético a nivel local ni estadual, donde se concentra la mayoría de las funciones jurídicas.”
Cassilly señaló que la mayoría de los casos de fraude y robo supone daños por debajo de US$ 100.000 y, por lo general, concierne a personas que residen en distintos estados. Dado que las autoridades federales rara vez se interesan por casos que no excedan al menos US$ 1 millón, gran parte de los casos de crimen cibernético recae en los estados.
El año pasado, los legisladores del Senado propusieron la ley S. 2448 anti-crímenes cibernéticos que contenía cláusulas que hubieran otorgado a las agencias judiciales la capacidad de obtener una orden judicial para investigar mediante intervención telefónica. Pero el comité judicial del Senado eliminó estas cláusulas del proyecto de ley antes de que se aprobara.
El demócrata Robert Scott destacó que hay que contemplar que las nuevas leyes y penalizaciones no presenten una amenaza para la privacidad individual.
“Debemos cuidarnos de que el entusiasmo por ocuparnos de este tipo de incidentes no restrinja indebidamente la privacidad, libertad o innovación de los individuos”, señaló. “Estoy dispuesto a escuchar propuestas para atender estos incidentes, pero espero que estas acciones determinen la necesidad de prevenir el delito cibernético, y no simplemente de enviar un mensaje como hemos hecho en otras áreas de la ley criminal.”
