Ejecutivos codiciosos
Accionistas británicos en pie de guerra. La revuelta de accionistas contra directivos de la farmoquímica GlaxoSmithKline y las desmedidas remuneraciones que se dan a así mismos es un buen comienzo. Pero el gobierno debe asistirlos jurídicamente.
Así arranca un artículo en el Financial Times, firmado por
Christopher Haskins, ex CEO del grupo Northern Foods. A su juicio "hace falta
legislación que facilite a accionistas, inversores y personal actuar contra
abusos y excesos de los ejecutivos en beneficio propio". La clave del problema
reside, como ocurría en Estados Unidos, en "los comités de
remuneraciones establecidos hace diez años en Gran Bretaña. Teóricamente,
debían restringir las apetencias de los managers y dar transparencia al
proceso. Pero pasó lo contrario".
Por cierto, los abusos han ido aumentando y son instrumentados por esos mismos
comités, cuyo papel se limita a "poner un sello de respetabilidad
a los excesos, como para que actuarios y auditores no indaguen demasiado".
Por ejemplo, es común que se tomen como referencias las remuneraciones
de otros mercados y se apliquen al británico, sólo para justificar
pagas desmedidas o inconsistentes con los resultados financieros de las empresas.
En general, señala Haskins, "los comités quieren que los presidentes
ejecutivos cobren muy por encima del salario promedio, con lo cual se generan
una espiral inflacionaria. No tiene sentido que el CEO inglés de una compañía
de aguas perciba lo mismo que su colega de Arizona" ¿Por qué
suceden estas cosas? Porque los "CEO de otras empresas actúan en comités
que determinan las remuneraciones de sus equivalentes y amigos".
Por su parte, las autoridades británicas -estimuladas por la ley norteamericana
Sarbanes-Oxley y la ofensiva de fiscales o reguladores contra un ejecutivo tras
otro- "quieren que los accionistas se pongan firmes y ahora obliga a que
las empresas sometan las remuneraciones superiores a la asamblea anual. Gracias
a esta medida (subraya Haskins) "los accionistas de GSK pudieron votar contra
pagas excesivas, el lunes pasado. Pero el Estado debe ir más lejos y aumentar
la influencia de los inversores sobre las decisiones de las juntas directivas.
Una asamblea por año no alcanza. Se precisan dos o tres, si no directamente
una por cada estado trimestral".
Entre las reformas auspiciadas por el articulista, una impondría a los
accionistas institucionales la obligación de votar. En el caso de los fondos
jubilatorios privados, deberían explicar a sus fideicomisarios las razones
del voto o de la abstención. "Las futuras normas tendrían que
facilitar a los grupos minoritarios -digamos, 5% de cada paquete- la presentación
de mociones y resoluciones en asamblea. Esto haría más diáfanos
los nexos entre accionistas y directores".
Ahora bien, Haskins admite que "los accionistas son fáciles de manipular.
Basta un auge bursátil de la empresa para que no se fijen en asientos contables
inflados ni en ejecutivos que cobran millones. Cuando la burbuja inevitablemente
se pincha, reaccionan exageradamente, liquidan tenencias y llevan los activos
al extremo opuesto: la subvaluación. Entretanto, los managers siguen cobrando
sumas escandalosas".
Otro defecto de los accionistas es "encandilarse ante presuntos milagreros,
que algunas firmas contratan como CEO. Llegan como John Wayne, hacen malabares,
las acciones pegan un salto, ellos las venden en ese punto y cabalgan rumbo al
poniente con las alforjas repletas. Por supuesto, la capitalización de
la compañía queda hecha pedazos".
La peculiar visión social de Haskins apela a Adam Smith, David Ricardo
y los fabianos del siglo XIX. Así, señala: "Quienes más
razones tienen para sentirse perjudicados no son realmente los accionistas, sino
los trabajadores". Como lo demuestra el vaciamiento de aportes jubilatorios
en Enron y otros empresas grandes, "la gente pierde el empleo y sus ahorros,
en tanto los ejecutivos se retiran a gozar de sus fortunas". Aun algunos
ex CEO que fueron despedidos sin indemnización -Jean-Marie Messier, Bernard
Ebbers, Samuel Waksal, Joseph Nacchio, Michel Bon, etc.- mantienen un tren de
vida rumboso. "Por eso -recomienda Haskins-, el gobierno debiera ilegalizar
ciertos tipos de contratos a largo plazo y las bonificaciones con cláusulas
que las blindan en caso de quiebra, o compra hostil de una firma".
Así arranca un artículo en el Financial Times, firmado por
Christopher Haskins, ex CEO del grupo Northern Foods. A su juicio "hace falta
legislación que facilite a accionistas, inversores y personal actuar contra
abusos y excesos de los ejecutivos en beneficio propio". La clave del problema
reside, como ocurría en Estados Unidos, en "los comités de
remuneraciones establecidos hace diez años en Gran Bretaña. Teóricamente,
debían restringir las apetencias de los managers y dar transparencia al
proceso. Pero pasó lo contrario".
Por cierto, los abusos han ido aumentando y son instrumentados por esos mismos
comités, cuyo papel se limita a "poner un sello de respetabilidad
a los excesos, como para que actuarios y auditores no indaguen demasiado".
Por ejemplo, es común que se tomen como referencias las remuneraciones
de otros mercados y se apliquen al británico, sólo para justificar
pagas desmedidas o inconsistentes con los resultados financieros de las empresas.
En general, señala Haskins, "los comités quieren que los presidentes
ejecutivos cobren muy por encima del salario promedio, con lo cual se generan
una espiral inflacionaria. No tiene sentido que el CEO inglés de una compañía
de aguas perciba lo mismo que su colega de Arizona" ¿Por qué
suceden estas cosas? Porque los "CEO de otras empresas actúan en comités
que determinan las remuneraciones de sus equivalentes y amigos".
Por su parte, las autoridades británicas -estimuladas por la ley norteamericana
Sarbanes-Oxley y la ofensiva de fiscales o reguladores contra un ejecutivo tras
otro- "quieren que los accionistas se pongan firmes y ahora obliga a que
las empresas sometan las remuneraciones superiores a la asamblea anual. Gracias
a esta medida (subraya Haskins) "los accionistas de GSK pudieron votar contra
pagas excesivas, el lunes pasado. Pero el Estado debe ir más lejos y aumentar
la influencia de los inversores sobre las decisiones de las juntas directivas.
Una asamblea por año no alcanza. Se precisan dos o tres, si no directamente
una por cada estado trimestral".
Entre las reformas auspiciadas por el articulista, una impondría a los
accionistas institucionales la obligación de votar. En el caso de los fondos
jubilatorios privados, deberían explicar a sus fideicomisarios las razones
del voto o de la abstención. "Las futuras normas tendrían que
facilitar a los grupos minoritarios -digamos, 5% de cada paquete- la presentación
de mociones y resoluciones en asamblea. Esto haría más diáfanos
los nexos entre accionistas y directores".
Ahora bien, Haskins admite que "los accionistas son fáciles de manipular.
Basta un auge bursátil de la empresa para que no se fijen en asientos contables
inflados ni en ejecutivos que cobran millones. Cuando la burbuja inevitablemente
se pincha, reaccionan exageradamente, liquidan tenencias y llevan los activos
al extremo opuesto: la subvaluación. Entretanto, los managers siguen cobrando
sumas escandalosas".
Otro defecto de los accionistas es "encandilarse ante presuntos milagreros,
que algunas firmas contratan como CEO. Llegan como John Wayne, hacen malabares,
las acciones pegan un salto, ellos las venden en ese punto y cabalgan rumbo al
poniente con las alforjas repletas. Por supuesto, la capitalización de
la compañía queda hecha pedazos".
La peculiar visión social de Haskins apela a Adam Smith, David Ricardo
y los fabianos del siglo XIX. Así, señala: "Quienes más
razones tienen para sentirse perjudicados no son realmente los accionistas, sino
los trabajadores". Como lo demuestra el vaciamiento de aportes jubilatorios
en Enron y otros empresas grandes, "la gente pierde el empleo y sus ahorros,
en tanto los ejecutivos se retiran a gozar de sus fortunas". Aun algunos
ex CEO que fueron despedidos sin indemnización -Jean-Marie Messier, Bernard
Ebbers, Samuel Waksal, Joseph Nacchio, Michel Bon, etc.- mantienen un tren de
vida rumboso. "Por eso -recomienda Haskins-, el gobierno debiera ilegalizar
ciertos tipos de contratos a largo plazo y las bonificaciones con cláusulas
que las blindan en caso de quiebra, o compra hostil de una firma".
