EE.UU.: 7.500 reglas diferentes para cobrar IVA en Internet
Treinta y dos estados proponen la simplificación del sistema de impuesto a las ventas online. Hace años que los gobiernos estaduales presionan en el Congreso para conseguir que apruebe una ley de alcance nacional.
El centro del debate está en la falta de acuerdo sobre cómo deberían
manejarse los impuestos en Internet. Actualmente en cada estado esos gravámenes
son recaudados sólo por algunos sitios de e-commerce mientras otros quedan
afuera del negocio. Pueden recaudar sólo las empresas que tienen un “nexo”,
o sea, una presencia física en un estado.
El tema impositivo está aflorando otra vez porque la “Moratoria
Impositiva de Internet” (Internet Tax Moratorium), que rige estrictamente
para impuestos de acceso que podrían ser cobrados por los proveedores
de Internet (ISP) a sus suscriptores, expira el primero de noviembre. Los observadores
del sector creen que el final de esa moratoria dará a los estados una
ventana a través de la cual podrán reclamar el cobro de impuestos
a las ventas por Internet.
Gran parte del debate a favor de que los estados recauden esos impuestos se
encuentra expresado en un estudio encargado hace dos años por la Universidad
de Tennessee, que estima que el dinero que los estados se pierden por no gravar
las ventas derivadas del comercio electrónico ascendió a US$ 13.000
millones en 2001 y que para 2006 esa cifra ascendería a US$ 45.000 millones.
El mes pasado, sin embargo, la Direct Marketing Association (DMA) realizó
un estudio “estado por estado” basándose en información
del Departamento de Comercio con resultados notablemente diferentes. Según
el análisis de DMA, el estado de California percibiría en 2011
US$ 592,8 millones por impuestos en línea. La proyección del estudio
universitario asciende a US$ 7.200 millones.
El argumento central de la DMA es que pedir a los vendedores que recauden impuestos
a las ventas sería endilgarles una carga adicional, especialmente a las
pequeñas empresas. Los vendedores tendrían que recaudar y remitir
impuestos respetando más de 7.500 reglas impositivas que coexisten en
el país.
Por esa razón, los opositores vienen insistiendo desde hace tiempo que
lo que se necesita es una simplificación y estandarización de
las reglas impositivas estaduales.
El centro del debate está en la falta de acuerdo sobre cómo deberían
manejarse los impuestos en Internet. Actualmente en cada estado esos gravámenes
son recaudados sólo por algunos sitios de e-commerce mientras otros quedan
afuera del negocio. Pueden recaudar sólo las empresas que tienen un “nexo”,
o sea, una presencia física en un estado.
El tema impositivo está aflorando otra vez porque la “Moratoria
Impositiva de Internet” (Internet Tax Moratorium), que rige estrictamente
para impuestos de acceso que podrían ser cobrados por los proveedores
de Internet (ISP) a sus suscriptores, expira el primero de noviembre. Los observadores
del sector creen que el final de esa moratoria dará a los estados una
ventana a través de la cual podrán reclamar el cobro de impuestos
a las ventas por Internet.
Gran parte del debate a favor de que los estados recauden esos impuestos se
encuentra expresado en un estudio encargado hace dos años por la Universidad
de Tennessee, que estima que el dinero que los estados se pierden por no gravar
las ventas derivadas del comercio electrónico ascendió a US$ 13.000
millones en 2001 y que para 2006 esa cifra ascendería a US$ 45.000 millones.
El mes pasado, sin embargo, la Direct Marketing Association (DMA) realizó
un estudio “estado por estado” basándose en información
del Departamento de Comercio con resultados notablemente diferentes. Según
el análisis de DMA, el estado de California percibiría en 2011
US$ 592,8 millones por impuestos en línea. La proyección del estudio
universitario asciende a US$ 7.200 millones.
El argumento central de la DMA es que pedir a los vendedores que recauden impuestos
a las ventas sería endilgarles una carga adicional, especialmente a las
pequeñas empresas. Los vendedores tendrían que recaudar y remitir
impuestos respetando más de 7.500 reglas impositivas que coexisten en
el país.
Por esa razón, los opositores vienen insistiendo desde hace tiempo que
lo que se necesita es una simplificación y estandarización de
las reglas impositivas estaduales.
