A quince años de la sanción de la Ley de Glaciares, Argentina se posiciona como el primer país en establecer una regulación nacional para preservar estos ecosistemas estratégicos. El marco legal, aprobado en 2010, surgió como respuesta a la necesidad de proteger fuentes de agua esenciales ante crecientes amenazas ambientales y productivas.
El conversatorio, organizado por Greenpeace Argentina, FARN, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y la Asamblea Jáchal No Se Toca, reunió a especialistas para evaluar el impacto de la ley y sus desafíos actuales. En este contexto, se destacó la presión de sectores vinculados a la megaminería, que han cuestionado la norma. Sin embargo, en 2019 la Corte Suprema de Justicia ratificó su constitucionalidad, consolidando su rol como herramienta clave en la política ambiental local.
La crisis climática global ha acelerado el retroceso de los glaciares, generando retos inmediatos para la aplicación de la ley. Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina, advirtió: “El retroceso sin precedentes de los glaciares expone la fragilidad de nuestra seguridad hídrica. Cuidarlos es un deber con las generaciones presentes y con quienes vendrán, porque sin glaciares no hay futuro posible”.
El debate sobre flexibilizar la normativa surge en el marco de la transición energética y la demanda de minerales críticos, lo que podría habilitar proyectos extractivos en zonas protegidas. Pía Marchegiani, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, expresó: “La paradoja es que, en nombre de la transición energética se está proponiendo destruir ecosistemas que son los que hoy nos ayudan a cuidar el planeta”.
Las comunidades de los territorios afectados denuncian incumplimientos. Saúl Zeballos, referente de la Asamblea Jáchal No Se Toca, recordó el caso judicial de 2018 que implicó a ex funcionarios y la protección de cuerpos de hielo en San Juan, señalando el impacto sobre derechos humanos fundamentales.
Especialistas coinciden en que es fundamental reforzar controles, asegurar transparencia y destinar presupuesto suficiente para el monitoreo de glaciares y el ambiente periglacial, según informaron las organizaciones convocantes.
“Modificar la Ley de Glaciares es comprometer el acceso al agua de millones de argentinos. Cumplirla y defenderla es la única forma de resguardar el agua y la vida en un contexto de crisis climática”, concluyó Rossi Serra.
