Las islas Dispersas y la colonización que continúa

Finalizada la II Guerra Mundial, y tras la formación de la ONU en 1945, el mundo experimentó un vasto proceso de fin del colonialismo

15 octubre, 2020

A pesar de eso, en pleno Siglo XXI aún quedan dominios coloniales, como en el Océano Índico las Islas Dispersas, en las que Francia es un actor principal. Francia lleva más de cuatro siglos presente como potencia colonial en el Océano Índico, una extensión de 75 millones de km2 que hoy concentra un cuarto del tráfico marítimo mundial y dos tercios del transporte de petróleo.

A pesar de la independencia de Madagascar (1960), las Comoras (1975) y Djibouti (1977), y la transferencia de posesiones a India (1950-1962), Francia sigue reivindicando y ejerciendo actos de soberanía, de facto en muchos casos, sobre varias pequeñas entidades insulares del océano Índico.

Entre ellas figuran las dos islas habitadas de Mayotte y Reunión, así como las deshabitadas de los cuatro distritos de las “Tierras Australes y Antárticas Francesas” (TAAF): Crozet, Kerguelen, Saint-Paul y Amsterdam y las Islas Dispersas.

Esos 10.560 km2 albergan a un millón de personas y permiten a Francia reclamar más de 2,7 millones de km2 de espacios marítimos (sudoeste y sur del Océano Índico), como puntualiza el último informe del think tank Embajada Abierta.

La rápida expansión china en la zona en los últimos años llevó a la creciente competencia sino-india, que se verifica en múltiples niveles, desde bases militares hasta apoyo a candidatos en elecciones en los estados ribereños.

Las islas del Océano Índico están situadas cerca de las principales rutas de tránsito que dan acceso e influencia a importantes puntos estratégicos y vías fluviales y, por lo tanto, sus geografías pueden influir en la geopolítica mundial.

Actor colonial

Con una superficie marítima de 11 millones de km2 bajo su administración-la segunda más grande del mundo después de la de Estados Unidos- Francia es un actor marítimo de trascendencia mundial. Su actividad en el Índico ha reflejado su interés por mantenerse como potencia política, militar y económica, además de cultural.

Así, las Islas Dispersas y el departamento de Mayotte, que le ofrecen a Francia un territorio que abarca dos tercios del Canal de Mozambique, han sido concebidas como instrumentos esenciales para que Francia persiga sus propios intereses nacionales en esta región del mundo.

Por las características físicas de las Islas Dispersas, la instalación de bases militares sería costosa –e inútil, puesto que ya dispone de bases aeronavales operativas y ampliables en esta parte del mundo- para el presupuesto francés.

Además, su militarización provocaría fuertes protestas de los países ribereños del Océano Índico que, al igual que la República de Madagascar, desean, de conformidad con la resolución 2832 (XXVI) aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1971 crear una “zona de paz” en la región. Francia mantiene allí tres estaciones meteorológicas permanentes y una dotación militar mínima.

En general, los intereses de Francia en el Índico tienen dos costados. Por un lado, están relacionados con sus necesidades y objetivos en materia de cooperación regional e integración económica. Por otro, Francia, como potencia, tiene también importantes intereses estratégicos, económicos y culturales en el Océano Índico.

Ello implica la cooperación regional marítima, la vigilancia y el control de policía marítima (en su ZEE pero también en las de sus vecinos), así como la seguridad de las vías de comunicación marítima (lucha contra la piratería y patrullaje desde el Mar Rojo hasta el Golfo Pérsico en el noroeste del Índico, en el Canal de Mozambique y el resto del Océano Índico sudoccidental).

Por lo tanto, Francia es un actor que no puede ser ignorado en el Índico. Teniendo en cuenta su presencia territorial y sus intereses, Francia opta por seguir participando de manera significativa en la región. En muchos aspectos, es un socio regional muy valioso para los demás Estados ribereños, especialmente en los ámbitos del desarrollo humano y sostenible, en las cuestiones marítimas, de cooperación cultural y en cuestiones de paz y seguridad.

Esta relación particular explica también la estrategia pendular de Madagascar respecto a la disputa de soberanía por las Islas Dispersas. Teniendo en cuenta que la República de Madagascar es uno de los países menos adelantados (PMA) según la Organización Mundial de Comercio (OMC), su dependencia de Francia, su ex potencia administradora, impide una estrategia más agresiva como la adoptada por la República de Mauricio contra el Reino Unido por el Archipiélago de Chagos.

La situación económica de Madagascar constituye, a su vez, un “incentivo” para la solución de la disputa con Francia debido al potencial económico que se desprende del ejercicio efectivo de la soberanía sobre esos territorios.

Según el derecho del mar, cada extensión natural de tierra rodeada de agua y sobre su nivel es ahora una apuesta económica considerable, fuera de toda proporción con la superficie de su territorio terrestre. Las islas generan en beneficio del Estado ribereño derechos de soberanía para explorar y explotar recursos naturales.

Proceso incompleto

 La disputa franco-malgache sobre las Islas Dispersas tiene su nacimiento a partir del decreto francés del 1 de abril de 1960 que desmembró al territorio de Madagascar previo a su independencia el 26 de junio de ese año. Estas islas, que pertenecieron al reino soberano de Madagascar hasta su anexión por Francia el 6 de agosto de 1896, formaron parte de las dependencias administrativas de la Isla Grande de Madagascar durante todo el periodo colonial francés.

Al desmembrar el territorio nacional de Madagascar, ese decreto de 1960 atentó contra principios básicos del derecho internacional como el de la libre determinación de los pueblos y la integridad territorial de los territorios bajo dominación colonial.

No fue un hecho aislado en la historia de la descolonización. En el Océano Índico, Gran Bretaña actuó parecido cuando separó -en noviembre de 1965- el archipiélago de Chagos de su colonia de Mauricio, previo a su independencia, para formar una nueva colonia británica: el Territorio Británico del Océano Índico (BIOT).

La historia de la disputa por las Islas Dispersas ha tenido momentos de mayor tranquilidad y momentos de mayor actividad por parte del gobierno malgache. Durante la década de los 70, el gobierno de Antananarivo ha buscado una solución negociada a la controversia.

En 1979, Francia y Madagascar acordaron negociaciones bilaterales. Sin embargo, frente a la intransigencia francesa, Madagascar planteó el problema a nivel multilateral ante la Organización para la Unidad Africana (OUA) -antecesora de la Unión Africana- y del movimiento de los países no alineados (MPNA).

La XVI Conferencia Anual de líderes de la OUA, en 1979, declaró -por primera vez- que “las Islas Gloriosas, Juan de Nova, Europa y Bassas da India son parte integrante del territorio nacional” de Madagascar e invitó a Francia a devolverlas. La VI Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno del MPNA (La Habana, 1979) se expresó en el mismo sentido.

Así, la propia Madagascar presentó la cuestión de las Islas Dispersas ante la ONU, cuyo órgano plenario aprobó el 12 de diciembre de 1979, la resolución 34/91 por una amplia mayoría (93 votos a favor, 7 en contra y 36 abstenciones), que reafirmó “la necesidad de respetar escrupulosamente la unidad nacional y la integridad territorial de un territorio colonial en el momento de obtener su independencia”.

La resolución “invita al Gobierno de Francia a iniciar sin más demoras negociaciones con el Gobierno de Madagascar encaminadas al reintegro de las islas mencionadas, que fueron separadas arbitrariamente de Madagascar”.

Hasta 1992, la actitud del Gobierno malgache fue proactiva en la búsqueda de la resolución de la disputa de soberanía, pero sin mayores resultados frente a la intransigencia francesa. Con la vuelta de la democracia en el país africano en 1993, las tensiones con Paris disminuyeron hasta entrado el Siglo XXI.

Con su llegada a la presidencia, el socialista François Hollande se propuso en 2016 la creación de una nueva comisión mixta franco-malgache para alcanzar una posible solución a la controversia, sin mayores resultados. Hubo que esperar la reunión Macron-Rajoelina, el 29 de mayo de 2019 en París, para ver algún cambio.

Macrón anunció: “Lo que estamos lanzando hoy es un trabajo conjunto, totalmente en asociación, político y administrativo sobre este tema para construir una solución común. Y creo que el objetivo que legítimamente podemos apuntar es que para las celebraciones del 26 de junio del próximo año se encuentre esa solución”.

El 18 de noviembre de ese año, en Antananarivo, una primera reunión de una nueva Comisión mixta francesa-malgache sobre las Islas Dispersas terminó sin mayores resultados. La pandemia de COVID-19 retrasó todo el proceso negociador.

Sin embargo, en julio de 2020, un grupo de senadores franceses presidido por Christophe-André Frassa publicó un informe. “Es urgente reafirmar la soberanía de Francia sobre estas islas” pero “debe ser ejercida con responsabilidad, porque es un bien común de la humanidad”, sostuvo.

En este contexto, el Ministerio de Transición Ecológica y Solidaria de Francia realizó una consulta pública respecto a la posibilidad de convertir las islas en una “reserva natural nacional”. Se recibieron 113 “comentarios”: 14 apoyaban la restitución de las Dispersas a Madagascar, 79 fueron favorables a la creación de una reserva natural, 11 no dieron una opinión formal y otras 9 se consideraron nulas.

Al igual que en el caso de la separación del archipiélago de Chagos de la República de Mauricio, esta disputa de soberanía se enmarca en un proceso de descolonización que, producto de la separación del territorio bajo disputa, no ha concluido de conformidad al derecho internacional.

Cualquier título de soberanía que pueda alegar Francia cede ante el principio de libre determinación del pueblo malgache que, al verse violada su integridad territorial previo a su independencia, se ve impedido de ejercerla en todo su territorio.

Al respecto la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dijo en el caso de Chagos que “los pueblos de los territorios no autónomos tienen derecho a ejercer su derecho a la libre determinación en relación con su territorio en su conjunto, cuya integridad debe ser respetada por la Potencia administradora” y que de ello se desprende que “todo desmembramiento de la Potencia administradora de parte de un territorio no autónomo, a menos que se base en la voluntad libremente expresada y genuina del pueblo del territorio en cuestión, es contrario al derecho a la libre determinación”.

Respecto a este último punto -la expresión libre y genuina del pueblo en cuestión- Francia ha sostenido que el presidente malgache aceptó tácitamente esta separación ya que durante 12 años (1960-1972) no avanzó en su reclamación. Al respecto, nuevamente la opinión consultiva sobre Chagos nos ofrece respuestas.

Como Reino Unido con Mauricio, Francia desmembró el territorio de Madagascar previo a su independencia y alega la aceptación de la contraparte. La CIJ sostiene que no puede haber una “expresión libre y genuina” del pueblo avalando el desmembramiento de parte de su territorio por parte de la potencia administradora cuando dicho territorio estaba, aún, bajo la autoridad de esta última.

La reciente victoria de Mauricio, tanto en la CIJ, como en la Asamblea General de la ONU, es clave para aquellos Estados que se encuentran como parte de una disputa y en donde la contraparte decide adoptar una posición intransigente, dado que controlan la situación de facto y buscan mantener el statu quo indefinidamente.

Con este antecedente, Madagascar se puede ver persuadido a utilizar las herramientas que el derecho internacional le ofrece. Esto puede llevar a Francia a buscar una solución negociada de la disputa para evitar una derrota como la del Reino Unido y avanzar hacia el final del colonialismo en el mundo.

 

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