El dilema de la austeridad es de Argentina y el mundo
El desafío para la mayoría de los gobiernos del mundo seguirá siendo atender las necesidades (y los reclamos) de los sectores más afectados por la crisis global y por las políticas domésticas adoptadas frente a la crisis sanitaria de COVID-19.
La pregunta es cómo hacerlo sin que ello termine de afectar irreversiblemente la estabilidad fiscal y monetaria. O alternativamente, cómo recuperar parte de la solvencia fiscal y monetaria perdida, aun cuando ello signifique lidiar con mayores tensiones y presiones políticas y sociales.
El dilema de la austeridad, explica el informe producido por el área de Asuntos Económicos de Llorente y Cuenca Argentina, no es sólo privativo de la Argentina o de América Latina. También es el caso de todo Occidente; pero la vulnerabilidad de la región ha sido históricamente mayor y, el progreso y florecimiento de las clases medias no hubiera sido posible sin la estabilidad macro y política alcanzada previamente.
En el caso de Argentina, no hay posibilidad de estabilizar la macroeconomía sin una consolidación fiscal del orden de la que ha prometido el ministro Guzmán. Pero las dudas que sólo se trate de promesas que no podrán ser llevadas a la práctica son enormes.
No solo por la magnitud del ajuste, de un poco más de tres puntos si el acuerdo con el FMI contemplase un déficit del orden del 3% del PBI (tal como lo ha sugerido el ministro Guzmán). Sino también porque se trata de un ajuste sin precedentes en nuestra historia y que habría que lograrlo en un año de elecciones de medio término que son claves para los objetivos del oficialismo y con un panorama en materia de pobreza para nada alentador.
Además, no parece que resulte factible impulsar medidas de austeridad cuando la dinámica sanitaria y económica demandará muy probablemente medidas de “emergencia” similares a las implementadas durante 2020.
Lamentablemente, desde que Guzmán habló de austeridad (una mala palabra en casi todo el mundo, que casi ningún gobierno se atreve a pronunciar) y prometió que no habría más emisión monetaria para financiar al fisco, la realidad no hizo más que contradecirlo. De hecho, se aprobó un proyecto por el cual el componente más importante del gasto público (la seguridad social) vuelve a estar indexado y está fuera del control ministerial.
Cualquier sendero de consolidación fiscal que se plasme en un futuro acuerdo con el FMI requerirá una actitud proactiva y medidas que resultarán antipáticas en un año signado por la continuidad de la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales y por las intenciones electorales del oficialismo.
Lo más probable es que el FMI perdone algunos desvíos, pero ello no implica que la dinámica macroeconómica lo haga. Sobre todo, porque las necesidades de financiamiento del Tesoro deberán ser cubiertas mayoritariamente por el Banco Central, en circunstancias en las que su balance se encuentra ya en una situación límite.
