Al cabo de años y trabajosas negociaciones, se aplica ya un convenio general pero muy acotado. Abarca los veinticinco miembros de la Unión Europea, Suiza, su satélite Liechtenstein y una serie de miniestados sin otra razón de ser que la especulación financiera, el juego, el lavado de fondos, el tráfico de armas o drogas y otros excelentes negocios.
La llamada “directiva sobre imposición fiscal de ahorros” (¡eso sí que es un eufemismo!) instala el intercambio automático de datos sobre colocaciones de particulares –personas fìsicas y jurídicas- residentes de la UE, en un país fuera del propio. El régimen tiene por objeto que esas inversiones tributen y, así, disminuyan niveles de evasión o elusión fiscales.
Al principio, la tasa será de 15% sobre renta (intereses) obtenidos por esos canales. En julio de 2008, el gravamen pasará a 20% y se estabilizará en 35% desde julio de 2011. Para entonces, si el sistema funciona, ya no habrá “off shores” en territorio de la UE y el negocio suizo se habrá licuado. Lo malo es que el propio acuerdo contenga la semilla de su fracaso: no incluye dividendos por títulos bursátiles, ganancias por colocaciones en seguros ni “personas morales” (un contrasentido que beneficia quizás al Vaticano).
Entretanto, tampoco los mejores negocios de la banca especializada serán molestados. Sus grandes clientes, en efecto, podrán seguir evadiendo vía apertura de una sociedad (estilo Montevideo, por ejemplo), que tendrá a su nombre la cuenta antes perteneciente a una persona física. Será un doble anonimato, claro.
Tampoco el lado geopolítico es tranquilizador, pues ofrece un panorama muy heterogéneo. Se mezclan países soberanos (Suiza, Luxemburgo), meros satélites –Liechtenstein, Mónaco, Andorra-, microestados inexplicables (Gibraltar, Malta, San Marino) y hasta territorios pertenecientes a Gran Bretaña (Man, islas Anglonormandas).
Al cabo de años y trabajosas negociaciones, se aplica ya un convenio general pero muy acotado. Abarca los veinticinco miembros de la Unión Europea, Suiza, su satélite Liechtenstein y una serie de miniestados sin otra razón de ser que la especulación financiera, el juego, el lavado de fondos, el tráfico de armas o drogas y otros excelentes negocios.
La llamada “directiva sobre imposición fiscal de ahorros” (¡eso sí que es un eufemismo!) instala el intercambio automático de datos sobre colocaciones de particulares –personas fìsicas y jurídicas- residentes de la UE, en un país fuera del propio. El régimen tiene por objeto que esas inversiones tributen y, así, disminuyan niveles de evasión o elusión fiscales.
Al principio, la tasa será de 15% sobre renta (intereses) obtenidos por esos canales. En julio de 2008, el gravamen pasará a 20% y se estabilizará en 35% desde julio de 2011. Para entonces, si el sistema funciona, ya no habrá “off shores” en territorio de la UE y el negocio suizo se habrá licuado. Lo malo es que el propio acuerdo contenga la semilla de su fracaso: no incluye dividendos por títulos bursátiles, ganancias por colocaciones en seguros ni “personas morales” (un contrasentido que beneficia quizás al Vaticano).
Entretanto, tampoco los mejores negocios de la banca especializada serán molestados. Sus grandes clientes, en efecto, podrán seguir evadiendo vía apertura de una sociedad (estilo Montevideo, por ejemplo), que tendrá a su nombre la cuenta antes perteneciente a una persona física. Será un doble anonimato, claro.
Tampoco el lado geopolítico es tranquilizador, pues ofrece un panorama muy heterogéneo. Se mezclan países soberanos (Suiza, Luxemburgo), meros satélites –Liechtenstein, Mónaco, Andorra-, microestados inexplicables (Gibraltar, Malta, San Marino) y hasta territorios pertenecientes a Gran Bretaña (Man, islas Anglonormandas).
