El valor “político” del veredicto se relaciona con un dato todavía no bien explicado: dícese que reside en Italia el mayor número de pequeños acreedores que tienen bonos afectados por el cese selectivo de pagos a fin de 2001. Tal como ocurrió en el caso Parmalat, bancas y firmas de valores vendían esos papeles cuando ya se sabía que eran chatarra, pero sin aclararles el punto a los compradores bisoños.
Hasta ahora, la demanda declinada por d’Avino era la mejor fundamentada –de las locales, no de las radicadas en Alemania-, quizá porque no intervino el suizo Nicola Stock. El magistrado estima que, vía una cláusula en esos bonos, Argentina renunciaba a ejercer jurisdicción legal. Igual que casi todas las emisiones –desde hace años-, éstas se allanaron a los tribunales federales de Nueva York.
Mientras tanto, un periódico bursátil italiano sostiene, en tapa, que Stock (o sea, el “comité global de tenedores de bonos argentinos”; GCAB en su peculiar “inglés”) virtualmente ha fracasado en el intento de limitar la quita nominal propuesta en el canje. Pero los fondos buitres no cejan. Ahora, uno radicado en Wisconsin (Strack Investments) abre una demanda contra esa misma propuesta, ya aprobada por la Securities & Exchange Commission (SEC, Comisión Federal de Valores).
En cierto modo, esta acción repite tácticas que han naufragado al entrar en marcha el canje. En la fase actual, cabildeos, presiones y campañas mediáticas locales optan por enturbiar las negociaciones con China (difundiendo especies sólo para ser desmentidas). También en el plano político, circula una poco seria encuesta de “Transparency International” donde Argentina muestra niveles africanos de corrupción.
En otro frente, un grupo de jueces inesperadamente sensibles a rentistas locales, se dedica a fallar contra la Corte Suprema en el tema pesificación, que era clave para llegar al canje de deuda externa.
El valor “político” del veredicto se relaciona con un dato todavía no bien explicado: dícese que reside en Italia el mayor número de pequeños acreedores que tienen bonos afectados por el cese selectivo de pagos a fin de 2001. Tal como ocurrió en el caso Parmalat, bancas y firmas de valores vendían esos papeles cuando ya se sabía que eran chatarra, pero sin aclararles el punto a los compradores bisoños.
Hasta ahora, la demanda declinada por d’Avino era la mejor fundamentada –de las locales, no de las radicadas en Alemania-, quizá porque no intervino el suizo Nicola Stock. El magistrado estima que, vía una cláusula en esos bonos, Argentina renunciaba a ejercer jurisdicción legal. Igual que casi todas las emisiones –desde hace años-, éstas se allanaron a los tribunales federales de Nueva York.
Mientras tanto, un periódico bursátil italiano sostiene, en tapa, que Stock (o sea, el “comité global de tenedores de bonos argentinos”; GCAB en su peculiar “inglés”) virtualmente ha fracasado en el intento de limitar la quita nominal propuesta en el canje. Pero los fondos buitres no cejan. Ahora, uno radicado en Wisconsin (Strack Investments) abre una demanda contra esa misma propuesta, ya aprobada por la Securities & Exchange Commission (SEC, Comisión Federal de Valores).
En cierto modo, esta acción repite tácticas que han naufragado al entrar en marcha el canje. En la fase actual, cabildeos, presiones y campañas mediáticas locales optan por enturbiar las negociaciones con China (difundiendo especies sólo para ser desmentidas). También en el plano político, circula una poco seria encuesta de “Transparency International” donde Argentina muestra niveles africanos de corrupción.
En otro frente, un grupo de jueces inesperadamente sensibles a rentistas locales, se dedica a fallar contra la Corte Suprema en el tema pesificación, que era clave para llegar al canje de deuda externa.
