Hasta el nuevo respaldo público del primer ministro Junichiro Koizumi, la situación de Fukui era delicada. Los pedidos de renuncia –aun dnetro de la coalición oficialista- datan de hace dos semanas, tras revelar el funcionario que había invertido años atrás en un fondo accionario. Su administrador está siendo procesado por “insider trading”. El escándalo resultante perjudica la reputación del banco central, claro.
El caso anterior. mucho más grave, estalló hace seis meses en Banca d’Italia (central) y llevó a la caída del piadoso Antonio Fazio. Había interferido impropiamente en procesos de fusión que afectaban a varias entidades financieras italianas y del exterior. Si bien las objeciones de Fukui no son ni de lejos tan serias, este tipo de asunto pone en duda la ecuanimidad y la transparencia de los entes emisores.
Los problemas de Fukui empezaron hace unos quince días, cuando reveló ante un comité parlamentario que había colocado US$ 100.000 en un fondo manejado por Yoshiaki Murakami. Esto se supo mientras el operador era acusado de “insider trading” (uso indebido de información reservada). Fukui no está implicado, pues su inversión la hizo en 1999, cuando no era funcionario. Su error fue no haber revelado esa colocación cuando, hace tres años, lo nombraron jefe del Banco de Japón.
El episodio resalta la falta de transparencia en la propia entidad, que no requiere a sus máximas autoridades dar a conocer públicamente sus activos. Colegas como Alan Greenspan o Benjamin Bernanke (Reserva Federal) deben hacerlo. El martes, el banco reaccionó publicando una lista parcial de los activos personales de Fukui por un total de US$ 2.000.000. Pero sin incluir colocaciones en bonos, acciones y fondos. La inversión en el de Murakama era pequeña: unos US$ 190.000.
Tras el primer comunicado de apoyo formulado por Koizumi, los jefes de los máximos partidos opositores exigieron la dimisión de Fukui en un comunicado conjunto. Lo malo es que la crisis haya estallado mientras el emisor estudia la primera laza de tasas básicas en seis años que, se supone, dictará la junta de política monetaria entre el 13 y el 14 de julio.
Hasta el nuevo respaldo público del primer ministro Junichiro Koizumi, la situación de Fukui era delicada. Los pedidos de renuncia –aun dnetro de la coalición oficialista- datan de hace dos semanas, tras revelar el funcionario que había invertido años atrás en un fondo accionario. Su administrador está siendo procesado por “insider trading”. El escándalo resultante perjudica la reputación del banco central, claro.
El caso anterior. mucho más grave, estalló hace seis meses en Banca d’Italia (central) y llevó a la caída del piadoso Antonio Fazio. Había interferido impropiamente en procesos de fusión que afectaban a varias entidades financieras italianas y del exterior. Si bien las objeciones de Fukui no son ni de lejos tan serias, este tipo de asunto pone en duda la ecuanimidad y la transparencia de los entes emisores.
Los problemas de Fukui empezaron hace unos quince días, cuando reveló ante un comité parlamentario que había colocado US$ 100.000 en un fondo manejado por Yoshiaki Murakami. Esto se supo mientras el operador era acusado de “insider trading” (uso indebido de información reservada). Fukui no está implicado, pues su inversión la hizo en 1999, cuando no era funcionario. Su error fue no haber revelado esa colocación cuando, hace tres años, lo nombraron jefe del Banco de Japón.
El episodio resalta la falta de transparencia en la propia entidad, que no requiere a sus máximas autoridades dar a conocer públicamente sus activos. Colegas como Alan Greenspan o Benjamin Bernanke (Reserva Federal) deben hacerlo. El martes, el banco reaccionó publicando una lista parcial de los activos personales de Fukui por un total de US$ 2.000.000. Pero sin incluir colocaciones en bonos, acciones y fondos. La inversión en el de Murakama era pequeña: unos US$ 190.000.
Tras el primer comunicado de apoyo formulado por Koizumi, los jefes de los máximos partidos opositores exigieron la dimisión de Fukui en un comunicado conjunto. Lo malo es que la crisis haya estallado mientras el emisor estudia la primera laza de tasas básicas en seis años que, se supone, dictará la junta de política monetaria entre el 13 y el 14 de julio.