Del Informe de la balanza de pagos argentina del primer trimestre de 2025 publicado ayer por INDEC, surge que el superávit comercial en bienes —alrededor de 2.000 millones de dólares— resultó insuficiente para compensar el déficit de servicios (US$ 4.502 millones) y el egreso neto por rentas primarias (US$ 3.333 millones). Como resultado, la cuenta corriente cerró con un saldo negativo de US$ 5.191 millones. Esta dinámica se profundizó con un déficit financiero de US$ 7.229 millones, y la aparición de errores y omisiones por US$ 2.092 millones sugiere movimientos de divisas no registrados formalmente. Las reservas brutas superan los US$ 40.000 millones, pero las netas siguen en valores negativos, reflejando una vulnerabilidad estructural que se disimula en los registros pero persiste en los fundamentos.
En su informe “Reservas, riesgo país e inflación: ¿cómo se ordenan las prioridades?”, la Fundación Mediterránea ha puesto el foco en esta inconsistencia: la política económica combina una reducción visible de la tasa de inflación con una creciente dependencia del financiamiento en moneda local para captar divisas. Esta estrategia permite postergar presiones sobre las reservas internacionales, pero no corrige el desequilibrio de fondo: la insuficiencia de dólares genuinos para sostener el crecimiento y honrar compromisos externos.
Un modelo de estabilización con pilares frágiles
En el frente nominal, la estrategia antiinflacionaria se ha articulado sobre un conjunto de instrumentos que, si bien eficaces en el corto plazo, acarrean riesgos diferidos. El primero de estos mecanismos es el atraso cambiario: el tipo de cambio oficial se mantiene en niveles apreciados en términos reales, configurando lo que en la jerga económica suele describirse como una economía “cara en dólares”. Esta apreciación del peso actúa como ancla nominal, contribuyendo a moderar los precios internos, especialmente de bienes transables, pero al costo de deteriorar la competitividad externa y profundizar el déficit de cuenta corriente.
En paralelo, se ha promovido una apertura controlada a las importaciones con el objetivo de generar un efecto disciplinador sobre los precios internos. La lógica —heredera de la concepción formulada por José Alfredo Martínez de Hoz— busca transferir al consumidor los beneficios de una oferta externa más barata. Sin embargo, esta apertura ocurre en un contexto de tipo de cambio atrasado, lo que expone a sectores industriales locales a una presión que compromete su viabilidad financiera y su capacidad de inversión.
A estos dos elementos se suman herramientas de gestión directa sobre los formadores de precios. Desde la administración central se han desplegado mecanismos de concertación o supervisión dirigidos a cadenas de distribución, particularmente supermercados, con el propósito de limitar aumentos en productos de consumo masivo. Esta intervención, aunque revestida de moderación técnica, responde a una lógica que podría definirse como “populismo de buenos modales”: medidas de contención que buscan evitar una confrontación abierta con los actores económicos, pero que trasladan la tensión hacia los márgenes de rentabilidad y la calidad de los productos.
Por último, la política salarial ha sido conducida bajo un enfoque restrictivo. Se ha establecido, de manera implícita, un techo mensual del 1% para los ajustes en paritarias, lo que implica aumentos significativamente por debajo de la inflación observada. Esta pauta procura consolidar la desaceleración de precios, pero al costo de una compresión del ingreso real que repercute en el consumo interno y agrava la percepción de malestar social.
Atraso e inflación contenida: un equilibrio inestable
El problema de fondo es que buena parte de la desinflación lograda descansa sobre mecanismos que posponen —más que resuelven— las tensiones estructurales. El tipo de cambio apreciado, los controles indirectos sobre precios, las pautas salariales restrictivas y la dependencia de deuda en pesos para absorber dólares componen un cuadro de estabilidad nominal con fundamentos precarios. La apreciación cambiaria, en particular, constituye una forma de inflación reprimida: se evita su manifestación presente, pero se acumula para el futuro.
Esta política de estabilización, diseñada con instrumentos heterodoxos aplicados con disciplina fiscal y monetaria, ha logrado avances medibles. Pero también ha sembrado interrogantes. ¿Qué ocurrirá cuando las reservas netas no alcancen para sostener el atraso cambiario? ¿Cuánto tiempo puede mantenerse una pauta salarial disociada de la inflación? ¿Hasta qué punto es sostenible una apertura externa que erosiona el tejido productivo?
Como concluye la Fundación Mediterránea en su informe, el camino hacia la estabilidad duradera requiere una combinación de coherencia y adaptabilidad. Esa combinación no puede prescindir de un diagnóstico realista: la economía argentina necesita acumular reservas genuinas, reducir el riesgo país, recuperar el crédito externo y generar condiciones para que la inversión vuelva a crecer. Mientras tanto, cada decisión que posterga correcciones necesarias eleva el costo de futuro.
