Todo eso ha generado alrededor del mundo denuncias, demandas, procesos y hasta fallos judiciales nada favorables a la intermediación financiera o bursátil. Por supuesto, en los países centrales, no en los “emergentes” ni, mucho menos, los periféricos. “Desde mediados de los 90, ha habido una sistémica destrucción de activos, ahorro y trabajo, por parte de banqueros, operadores y empresarios poco escrupulosos”, decía días atrás el megafinancista George Sörös.
En el caso de los auditores, hoy están tan expuestos como las compañías transgresoras. En cuanto a los bancos, “deben ser transparentes, volver a actitudes éticas y prevenir escándalos”, advierte Lamberto Cardia, presidente de la Commissione Nazionale per Società e Borse (Consob, Italia). Al respecto, el funcionario señala: “las autoridades regulatorias en nuestro país, Estados Unidos o Gran Bretaña tienen en la mira contadores, auditores, intermediarios y operadores financieros”.
Pero el cabildeo de los estudios interfiere en esos esfuerzos. Así, el gobierno británico –influido por los auditores- está a punto de proponer que las firmas contables sean autorizadas a hacer arreglos con clientes. ¿Para qué? Para evitar exponerse a demandas por negligencia. Semejante iniciativa podría ser emulada en el resto de la Unión Europea y hasta influir en Estados Unidos.
Detrás de esto operan –relata el “Financial Times”- los cuatro grandes de la actividad, sobrevivientes de un grupo que, hace veinte años, incluía ocho estudios dominantes. Al estallar la cadena de escándalos (Enron, diciembre de 2001), quedaban cinco y el mayor, Arthur Andersen, fue borrado justamente a causa del ex gigante energético tejano.
El cuarteto esgrime un motivo para fomenta la iniciativa británica: si uno de ellos fuese víctima de ataques judiciales como los sufridos por AA, las repercusiones para la actividad mundial (ahora también le dicen “industria”) y las propias empresas serían graves. En verdad, los cuatro auditan más de 90% de las mayores compañías.
“Las fusiones y adquisiciones en el sector contable, posteriores al derrumbe de AA, han creado una situación precaria”, afirma un análisis de KPMG Londres. “El colapso de otro estudio grande generaría una crisis de confianza en los mercados de capital y en la profesión contable”. En Gran Bretaña, objeto del “lobby”, “peligraría la estabilidad financiera”.
Pero, fuera del negocio auditor, hay tenaz oposición a que esas firmas obtengan trato preferencial y puedan limitar responsabilidades. Muchos abogados, que han abierto acciones colectivas contra estudios, y grupos representativos de accionistas e inversores afirman que el esquema propuesto por el gobierno perjudicará sus intereses y los de las propias empresas cuyas auditorías han sido cuestionadas.
Entretanto, se gesta un consenso –no sólo en Inglaterra- en cuanto a que los auditores debieran evaluar balances con mayor rigor. Esto aumentaría sus eventuales responsabilidades fiduciarias. En realidad, algunos bancos centrales tratan de promover nuevos modelos contables, capaces de brindar a accionistas, inversores y mercados más datos de mejor calidad.
Por su parte, en Italia se critica al propio sistema financiero. “Los bancos –recuerda Cardia- financian empresas, timonean emisiones de títulos, los califican e intervienen en su colocación. Son muchas funciones y suelen generar conflictos de intereses.” Como sus colegas de Alemania, Francia y EE.UU., el jefe de la Consob recomienda “reducir el ámbito operativo de la banca comercial y ampliar las facultades de las instancias regulatorias. Empezando por el banco central”.
Sin duda, pesan los recientes fallos de jueces italiano y alemanes contra bancas que colocaban bonos de deuda pública argentina, cuando ya se sabía que ese país entraba en crisis sistémica. Como en el caso de los auditores, estos intermediarios –que hicieron grandes diferencias mientras duró la burbuja convertible sostenida por el Fondo Monetario, maquillajes contables inclusive- no tuvieron en cuenta los intereses del público, que compraba papeles chatarra sin saberlo.
Paralelamente, Wall Street sufre una ola de regulaciones y acciones (por ejemplo, las del temible Eliot Spitzer, fiscal de Nueva York) tendientes a evitar abusos. Especialmente, en burbujas o fases de mercado alcista promovidas por el propio negocio bursátil. Gran parte de las grandes firmas de valores sigue bajo investigación o sumario por diversos tipos de irregularidades.
A tal punto llegan las presiones judiciales y regulatorias que varias bancas de inversión líderes replantean su modelo de negocios y piensan en desprenderse de fondos. Merrill Lynch, que maneja más de medio billón en activos de tercero, quizá sea el próximo operador en abandonar ese segmento. En realidad, todo comenzó cuando una serie de abusos golpeó una actividad conexa: la administración de fondos mutuales y jubilatorios, una masa superior a US$ 7,3 billones.
Todo eso ha generado alrededor del mundo denuncias, demandas, procesos y hasta fallos judiciales nada favorables a la intermediación financiera o bursátil. Por supuesto, en los países centrales, no en los “emergentes” ni, mucho menos, los periféricos. “Desde mediados de los 90, ha habido una sistémica destrucción de activos, ahorro y trabajo, por parte de banqueros, operadores y empresarios poco escrupulosos”, decía días atrás el megafinancista George Sörös.
En el caso de los auditores, hoy están tan expuestos como las compañías transgresoras. En cuanto a los bancos, “deben ser transparentes, volver a actitudes éticas y prevenir escándalos”, advierte Lamberto Cardia, presidente de la Commissione Nazionale per Società e Borse (Consob, Italia). Al respecto, el funcionario señala: “las autoridades regulatorias en nuestro país, Estados Unidos o Gran Bretaña tienen en la mira contadores, auditores, intermediarios y operadores financieros”.
Pero el cabildeo de los estudios interfiere en esos esfuerzos. Así, el gobierno británico –influido por los auditores- está a punto de proponer que las firmas contables sean autorizadas a hacer arreglos con clientes. ¿Para qué? Para evitar exponerse a demandas por negligencia. Semejante iniciativa podría ser emulada en el resto de la Unión Europea y hasta influir en Estados Unidos.
Detrás de esto operan –relata el “Financial Times”- los cuatro grandes de la actividad, sobrevivientes de un grupo que, hace veinte años, incluía ocho estudios dominantes. Al estallar la cadena de escándalos (Enron, diciembre de 2001), quedaban cinco y el mayor, Arthur Andersen, fue borrado justamente a causa del ex gigante energético tejano.
El cuarteto esgrime un motivo para fomenta la iniciativa británica: si uno de ellos fuese víctima de ataques judiciales como los sufridos por AA, las repercusiones para la actividad mundial (ahora también le dicen “industria”) y las propias empresas serían graves. En verdad, los cuatro auditan más de 90% de las mayores compañías.
“Las fusiones y adquisiciones en el sector contable, posteriores al derrumbe de AA, han creado una situación precaria”, afirma un análisis de KPMG Londres. “El colapso de otro estudio grande generaría una crisis de confianza en los mercados de capital y en la profesión contable”. En Gran Bretaña, objeto del “lobby”, “peligraría la estabilidad financiera”.
Pero, fuera del negocio auditor, hay tenaz oposición a que esas firmas obtengan trato preferencial y puedan limitar responsabilidades. Muchos abogados, que han abierto acciones colectivas contra estudios, y grupos representativos de accionistas e inversores afirman que el esquema propuesto por el gobierno perjudicará sus intereses y los de las propias empresas cuyas auditorías han sido cuestionadas.
Entretanto, se gesta un consenso –no sólo en Inglaterra- en cuanto a que los auditores debieran evaluar balances con mayor rigor. Esto aumentaría sus eventuales responsabilidades fiduciarias. En realidad, algunos bancos centrales tratan de promover nuevos modelos contables, capaces de brindar a accionistas, inversores y mercados más datos de mejor calidad.
Por su parte, en Italia se critica al propio sistema financiero. “Los bancos –recuerda Cardia- financian empresas, timonean emisiones de títulos, los califican e intervienen en su colocación. Son muchas funciones y suelen generar conflictos de intereses.” Como sus colegas de Alemania, Francia y EE.UU., el jefe de la Consob recomienda “reducir el ámbito operativo de la banca comercial y ampliar las facultades de las instancias regulatorias. Empezando por el banco central”.
Sin duda, pesan los recientes fallos de jueces italiano y alemanes contra bancas que colocaban bonos de deuda pública argentina, cuando ya se sabía que ese país entraba en crisis sistémica. Como en el caso de los auditores, estos intermediarios –que hicieron grandes diferencias mientras duró la burbuja convertible sostenida por el Fondo Monetario, maquillajes contables inclusive- no tuvieron en cuenta los intereses del público, que compraba papeles chatarra sin saberlo.
Paralelamente, Wall Street sufre una ola de regulaciones y acciones (por ejemplo, las del temible Eliot Spitzer, fiscal de Nueva York) tendientes a evitar abusos. Especialmente, en burbujas o fases de mercado alcista promovidas por el propio negocio bursátil. Gran parte de las grandes firmas de valores sigue bajo investigación o sumario por diversos tipos de irregularidades.
A tal punto llegan las presiones judiciales y regulatorias que varias bancas de inversión líderes replantean su modelo de negocios y piensan en desprenderse de fondos. Merrill Lynch, que maneja más de medio billón en activos de tercero, quizá sea el próximo operador en abandonar ese segmento. En realidad, todo comenzó cuando una serie de abusos golpeó una actividad conexa: la administración de fondos mutuales y jubilatorios, una masa superior a US$ 7,3 billones.
