Udes: la clandestinidad laboral, problema múltiple

Sectores involucrados en problemas del trabajo en negro –Estado, empresarios y trabajadores- coincidieron hoy en poner el tema entre los debates nacionales. Es una situación que alcanza a 47,5% de la población activa.

7 julio, 2005

En el “II foro sobre clandestinidad laboral”, organizado por la Unión de Entidades de Servicios (Udes), la viceministra de Trabajo (Noemí Rial), el titular de la Afip (Alberto Abad), el laboralista Héctor Recalde, y otros coincidieron en que el trabajo en negro tiene tal incidencia en la economía, que compromete el desarrollo sustentable.

El presidente de la firma anfitriona, Jorge Álvarez, y el empresario Norberto Peluffo subrayaron que el fenómeno entrañará “contraer una enorme e inafrontable hipoteca social”. El riesgo obliga a revertir “esta clandestinidad laboral que ha instalado una cultura de evasión y elusión, pues las firmas que mantienen trabajadores informales no cumplen tampoco con otras obligaciones fiscales”.

Se señaló que, en contrapartida, las empresas que cumplen con todas las normativas y obligaciones están sujetas, por esta misma razón, a una altísima presión fiscal. “Sufren impuestos distorsivos -al cheque, a los sellos, a los ingresos brutos-, incluso tasas de abasto municipales en ciertas áreas, muy parecidas a las antiguas aduanas internas”.

La Udes sugirió formas de despejar incertidumbres. En tal sentido, planteó la “necesidad de que la ley de riesgos laborales no implique mayores costos empresariales en la economía formal ni provoque la reaparición de la industria del juicio por accidente”. Otro reclamo es por la supresión de la doble indemnización, “teniendo en cuenta la recuperación de la economía y, consecuentemente, del empleo”.

En el “II foro sobre clandestinidad laboral”, organizado por la Unión de Entidades de Servicios (Udes), la viceministra de Trabajo (Noemí Rial), el titular de la Afip (Alberto Abad), el laboralista Héctor Recalde, y otros coincidieron en que el trabajo en negro tiene tal incidencia en la economía, que compromete el desarrollo sustentable.

El presidente de la firma anfitriona, Jorge Álvarez, y el empresario Norberto Peluffo subrayaron que el fenómeno entrañará “contraer una enorme e inafrontable hipoteca social”. El riesgo obliga a revertir “esta clandestinidad laboral que ha instalado una cultura de evasión y elusión, pues las firmas que mantienen trabajadores informales no cumplen tampoco con otras obligaciones fiscales”.

Se señaló que, en contrapartida, las empresas que cumplen con todas las normativas y obligaciones están sujetas, por esta misma razón, a una altísima presión fiscal. “Sufren impuestos distorsivos -al cheque, a los sellos, a los ingresos brutos-, incluso tasas de abasto municipales en ciertas áreas, muy parecidas a las antiguas aduanas internas”.

La Udes sugirió formas de despejar incertidumbres. En tal sentido, planteó la “necesidad de que la ley de riesgos laborales no implique mayores costos empresariales en la economía formal ni provoque la reaparición de la industria del juicio por accidente”. Otro reclamo es por la supresión de la doble indemnización, “teniendo en cuenta la recuperación de la economía y, consecuentemente, del empleo”.

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