Se agravó el conflicto en Aerolíneas
El personal técnico no aceptó el arbitraje voluntario que le propuso la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, a quien acusaron de ser la responsable por el fracaso de las negociaciones.
(EFE).- El Gobierno reconoció que el futuro de Aerolíneas Argentinas (AA) es incierto tras fracasar su intento por realizar un arbitraje para resolver la conflictiva situación laboral de la empresa, al negarse la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (Apta).
La Apta, que agrupa a más de 1.000 trabajadores y es uno de los siete sindicatos de trabajadores de AA, se negó a aceptar el arbitraje, y aunque propuso dilatar su decisión hasta el próximo martes, las autoridades no aceptaron ese aplazamiento, por lo que acusaron a la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, de ser la responsable del fracaso de la negociación.
En este sentido, además de no otorgar un plazo mayor para la decisión, la Apta acusó a Bullrich de no permitir que el delegado de la Apta, Ricardo Cirielli, consulte con los trabajadores la postura a tomar respecto al arbitraje.
“El conflicto de Aerolíneas Argentinas entra en un camino incierto”, dijo Bullrich, en una conferencia de prensa, después de tres horas de conversaciones con dirigentes gremiales.
“Es una verdadera lástima que por culpa de un gremio no se haya podido beneficiar el resto de los trabajadores de la empresa”, añadió la ministra de Trabajo.
AA está controlada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), de España, que tiene 91,2% de las acciones. En el capital también están representados el Estado argentino y los trabajadores.
La empresa, que fue privatizada en un proceso que comenzó en 1990, pierde anualmente US$ 250 millones, y tiene deudas acumuladas de US$ 900 millones.
En este sentido, cabe recordar que al momento de ser privatizada AA era rentable y no tenía deudas; además, tenía entre sus activos a casi 100% de las aeronaves que operaba, mientras que ahora ese porcentaje no alcanza 10% puesto que la compañía de bandera alquila casi la totalidad de los aviones que opera.
La Sepi propuso el año pasado un plan para rescatar a la empresa y a su filial de vuelos locales, Austral, mediante la aportación de US$ 650 millones y un programa que busca reducir los costos, replantear las rutas, renegociar las deudas y recortar la plantilla, de actualmente 6.000 personas.
Pero ese plan no puede ejecutarse plenamente por la oposición de los sindicatos más duros, que protagonizaron una huelga de nueve días desde el 24 de abril y realizan periódicas protestas en las calles de Buenos Aires y en las terminales aéreas.
Al referirse al rechazo del sindicato de trabajadores aeronáuticos al arbitraje, la ministra de Trabajo acusó a ese grupo de “trabar” los intentos de las otras organizaciones gremiales de negociar con la empresa nuevos convenios colectivos.
Antes de los anuncios de la ministra, la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), el otro sindicato que debía pronunciarse el viernes sobre el arbitraje, había aceptado la propuesta.
Los otros cinco sindicatos ya negocian nuevas condiciones de empleo con la dirección de AA.
Bullrich dijo que, a pesar de la decisión de los técnicos aeronáuticos, las autoridades seguirán en la búsqueda de “soluciones y alternativas” con el fin de que los empleados puedan permanecer en sus puestos “sin ninguna incertidumbre”.
Sin embargo, la funcionaria dijo que al ministerio de Trabajo no le quedan “más instrumentos legales” para acercar a las partes, que “quedan libradas a hacer lo que tienen que hacer”.
Esta conciliación de las autoridades comenzó después de que la empresa despidiera cerca de 500 empleados, adscritos a la Apta, despidos que quedaron en suspenso al dictarse la conciliación obligatoria.
Esa negociación también significó que los técnicos aeronáuticos tuvieran que suspender la huelga que mantenían, y que ocasionaba a la empresa una pérdida de US$ 3 millones diarios.
Antes de anunciar que uno de los sindicatos había rechazado el arbitraje propuesto por las autoridades, Bullrich dijo que el Gobierno “no olvida” que la crisis financiera que atraviesa la Argentina tiene “responsables políticos”.
“Seremos los primeros en impulsar la investigación que sancione a los responsables de la incertidumbre que actualmente padecen los trabajadores de Aerolíneas Argentinas”, dijo la ministra.
El primer operador fue la compañía Iberia, que en 1998 pasó la gestión de la empresa a la estadounidense American Airlines.
En febrero de 2000, la Sepi comenzó a administrar la compañía después de que se retirara de las operaciones la empresa estadounidense.
(EFE).- El Gobierno reconoció que el futuro de Aerolíneas Argentinas (AA) es incierto tras fracasar su intento por realizar un arbitraje para resolver la conflictiva situación laboral de la empresa, al negarse la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (Apta).
La Apta, que agrupa a más de 1.000 trabajadores y es uno de los siete sindicatos de trabajadores de AA, se negó a aceptar el arbitraje, y aunque propuso dilatar su decisión hasta el próximo martes, las autoridades no aceptaron ese aplazamiento, por lo que acusaron a la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, de ser la responsable del fracaso de la negociación.
En este sentido, además de no otorgar un plazo mayor para la decisión, la Apta acusó a Bullrich de no permitir que el delegado de la Apta, Ricardo Cirielli, consulte con los trabajadores la postura a tomar respecto al arbitraje.
“El conflicto de Aerolíneas Argentinas entra en un camino incierto”, dijo Bullrich, en una conferencia de prensa, después de tres horas de conversaciones con dirigentes gremiales.
“Es una verdadera lástima que por culpa de un gremio no se haya podido beneficiar el resto de los trabajadores de la empresa”, añadió la ministra de Trabajo.
AA está controlada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), de España, que tiene 91,2% de las acciones. En el capital también están representados el Estado argentino y los trabajadores.
La empresa, que fue privatizada en un proceso que comenzó en 1990, pierde anualmente US$ 250 millones, y tiene deudas acumuladas de US$ 900 millones.
En este sentido, cabe recordar que al momento de ser privatizada AA era rentable y no tenía deudas; además, tenía entre sus activos a casi 100% de las aeronaves que operaba, mientras que ahora ese porcentaje no alcanza 10% puesto que la compañía de bandera alquila casi la totalidad de los aviones que opera.
La Sepi propuso el año pasado un plan para rescatar a la empresa y a su filial de vuelos locales, Austral, mediante la aportación de US$ 650 millones y un programa que busca reducir los costos, replantear las rutas, renegociar las deudas y recortar la plantilla, de actualmente 6.000 personas.
Pero ese plan no puede ejecutarse plenamente por la oposición de los sindicatos más duros, que protagonizaron una huelga de nueve días desde el 24 de abril y realizan periódicas protestas en las calles de Buenos Aires y en las terminales aéreas.
Al referirse al rechazo del sindicato de trabajadores aeronáuticos al arbitraje, la ministra de Trabajo acusó a ese grupo de “trabar” los intentos de las otras organizaciones gremiales de negociar con la empresa nuevos convenios colectivos.
Antes de los anuncios de la ministra, la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), el otro sindicato que debía pronunciarse el viernes sobre el arbitraje, había aceptado la propuesta.
Los otros cinco sindicatos ya negocian nuevas condiciones de empleo con la dirección de AA.
Bullrich dijo que, a pesar de la decisión de los técnicos aeronáuticos, las autoridades seguirán en la búsqueda de “soluciones y alternativas” con el fin de que los empleados puedan permanecer en sus puestos “sin ninguna incertidumbre”.
Sin embargo, la funcionaria dijo que al ministerio de Trabajo no le quedan “más instrumentos legales” para acercar a las partes, que “quedan libradas a hacer lo que tienen que hacer”.
Esta conciliación de las autoridades comenzó después de que la empresa despidiera cerca de 500 empleados, adscritos a la Apta, despidos que quedaron en suspenso al dictarse la conciliación obligatoria.
Esa negociación también significó que los técnicos aeronáuticos tuvieran que suspender la huelga que mantenían, y que ocasionaba a la empresa una pérdida de US$ 3 millones diarios.
Antes de anunciar que uno de los sindicatos había rechazado el arbitraje propuesto por las autoridades, Bullrich dijo que el Gobierno “no olvida” que la crisis financiera que atraviesa la Argentina tiene “responsables políticos”.
“Seremos los primeros en impulsar la investigación que sancione a los responsables de la incertidumbre que actualmente padecen los trabajadores de Aerolíneas Argentinas”, dijo la ministra.
El primer operador fue la compañía Iberia, que en 1998 pasó la gestión de la empresa a la estadounidense American Airlines.
En febrero de 2000, la Sepi comenzó a administrar la compañía después de que se retirara de las operaciones la empresa estadounidense.
