Procesan a Josef Ackermann (Deutsche Bank) y otros
El miércoles, seis ex directores de Mannesmann inician un calvario judicial que podría llegar a julio. Se los acusa de cometer o fomentar abusos de confianza relativos a la toma hostil ( 178.000 millones) por parte del británico Vodafone.
Ahora en manos de los tribunales de Düsseldorf, la toma del antiguo grupo
alemán de ingeniería y telecomunicaiones viene debatiéndose
desde febrero de 2000. Entre los demandados figuran estrellas del mundo banquero
y empresario como Josef Ackermann (CEO de Deutsche Bank), Klaus Zwickel -ex presidente
de la poderosa Unión Metalúrgica- y Klaus Esser, ex CEO de Deutsche
Telekom. Si se los halla culpables, arriesgan condenas de hasta diez años.
Este asunto tiene complicaciones jurídicas y políticas. Hace
cuatro años, algunos exaltaban la absorción de Mannesmann por
Vodafone (irónicamente, la marca es de origen germano) como triunfo de
“capitalismo accionario”. Pero la mayoría de los alemanes aún
hoy lamenta la pérdida de un emblema de industrialismo tradicional.
Hasta hace poco, la idea de aplicar la figura de “untreue” a este
caso parecía impensable. En general, el abuso de confianza solía
reservarse a procesos de menor cuantía. De pronto, la vieja ley es aprovechada
por el estudio Binz & Partners, apoyado por parte de la dirigencia política
y gremial, interesada en castigar la codicia y el mal management.
“Si no hiciéramos nada, las remuneraciones gerenciales alemanas
seguirían subiendo sin techo”, afirma Mark Binz. No es casual que
los mismos fiscales estén investigando a directivos de WestLandesBank,
una entidad regional en apuros, por sospechas de “untreue” en los
ruinosos créditos de su filial londinense a BoxClever (alquiler de televisores,
monitores, etc.)
Este tipo de acciones deriva de una pasmosa serie de desastres contables que,
en diciembre, llevaron a crear una policía financiera sobre el modelo
italiano. Un rasgo común a varios casos es el acelerado aumento en sueldos,
bonificaciones y gratificaciones ejecutivas. En 2003, su ritmo alcanzó
8% y el monto promedio llegaba a € 1.250.000 en las mayores compañías.
El objetivo central de las indagaciones es un “bono compensatorio por
depreciación” (€ 15 millones) otorgado a Esser, ya completada
la compra de Mannesman, a mediados de 2001 Los fiscales se preguntan por qué
el ex director había gastado tres meses y más de € 200 millones
resistiendo la oferta de Vodafone, para de pronto cambiar de opinión
y recomendarla. También inspira dudas la aprobación del bono por
parte de los supervisores.
Ése es el cargo más pesado. Pero hay otros seis, relativos a
aportes jubilatorios especiales para dieciocho ex gerentes (más de €
30 millones), compensaciones extraordinarias a cuatro directores ejecutivos
y una gratificación a Joachim Funk -ex jefe de la junta supervisora-,
que se asignó él mismo. También se procesará a Jürgen
Ladberg, otro vocal de la junta, y a Dietmar Drost, se director de personal.
Cuando se abrieron las actuaciones preliminares, marzo de 2001 los fiscales
sospechaban que esas bonificaciones pudieron haber sido pagadas por Vodafone,
Hutchison Whampoa (firma semiestatal singapuresa, principal accionista de Mannesman)
o ambas.
Años después, el componente político del asunto parece
recalentarse. Ackerman y Zwicker pasan a ser las principales figuras en el banquillo,
con siete cargos cada uno. Zwicker ahora es sólo un sindicalista metalúrgico
jubilado, pero Ackermann preside DB y es casi sinónimo de banca y empresariado
alemán en el exterior. Como lo reconoce él mismo, “hay problemas
de imagen para el país, para el banco y para mí. En ese orden”.
Si lo declaran culpable, tendrá de abandonar la entidad y dejar un vacío
en la cúpula. Pero, aun si emerge del juicio sin mácula, DB habrá
sufrido los seis meses de proceso. Lo irónico es que, tras dedicar año
y medio a depurar la estrategia y las cuentas de la entidad, Ackermann estaba
a punto de reencarar su tema favorito: fusiones y adquisiciones en escala internacional.
A todo esto ¿por qué un estudio jurídico iniciaría
acciones por abuso de confianza sin que algún cliente lo contratase para
hacerlo? Porque Mark Binz y Martin Sorg eran accionistas de Mannesmann y se
oponían a la venta. Como tales, eran demasiado chicos para iniciar una
demanda civil, pero podían recurrir al fuero penal. La ley alemana permite
a todo ciudadano dirigirse al procurador fiscal si sospecha que se ha cometido
un delito.
La clave del litigio son los bonos, sugeridos iniciales por Hutchison. En lo
tocante al monto de la operación, que saltó € 77.000 millones
entre la oferta inicial y el acuerdo final, ciertas definiciones de la propia
ley “untreue” no son claras. La figura no especifica perjuicios a
los accionistas, pues alude con latitud a “los intereses de una sociedad
y sus activos”.
Si el juicio sigue un curso normal, más de cincuenta testigos serán
citados entre el próximo miércoles y julio. Entre ellos, Christopher
Gent, CEO de Vofadone al momento de la toma, asesores de Mannesman durante la
venta, ex ejecutivos y hasta ex empleados, más Canning Fox (director
ejecutivo de Hutchison Whampoa, nueva dueña de Global Crossing, competidora
de Vodafone).
Según medios londinenses, hay discretas señales de posible arreglo
financiero. Una opción sería que los acusados aportasen dos a
tres millones de euros a centros universitarios dedicados a una reforma legal
en Alemania. En otro plano, varios juristas sostienen que no se habría
llegado a estos extremos si Esser hubiese devuelto al menos parte de las gratificaciones
cobradas. Pero, como Richard Grasso -ex CEO de la Bolsa de Nueva York-, el hombre
ha hecho de eso “una cuestión de principios”.
Ahora en manos de los tribunales de Düsseldorf, la toma del antiguo grupo
alemán de ingeniería y telecomunicaiones viene debatiéndose
desde febrero de 2000. Entre los demandados figuran estrellas del mundo banquero
y empresario como Josef Ackermann (CEO de Deutsche Bank), Klaus Zwickel -ex presidente
de la poderosa Unión Metalúrgica- y Klaus Esser, ex CEO de Deutsche
Telekom. Si se los halla culpables, arriesgan condenas de hasta diez años.
Este asunto tiene complicaciones jurídicas y políticas. Hace
cuatro años, algunos exaltaban la absorción de Mannesmann por
Vodafone (irónicamente, la marca es de origen germano) como triunfo de
“capitalismo accionario”. Pero la mayoría de los alemanes aún
hoy lamenta la pérdida de un emblema de industrialismo tradicional.
Hasta hace poco, la idea de aplicar la figura de “untreue” a este
caso parecía impensable. En general, el abuso de confianza solía
reservarse a procesos de menor cuantía. De pronto, la vieja ley es aprovechada
por el estudio Binz & Partners, apoyado por parte de la dirigencia política
y gremial, interesada en castigar la codicia y el mal management.
“Si no hiciéramos nada, las remuneraciones gerenciales alemanas
seguirían subiendo sin techo”, afirma Mark Binz. No es casual que
los mismos fiscales estén investigando a directivos de WestLandesBank,
una entidad regional en apuros, por sospechas de “untreue” en los
ruinosos créditos de su filial londinense a BoxClever (alquiler de televisores,
monitores, etc.)
Este tipo de acciones deriva de una pasmosa serie de desastres contables que,
en diciembre, llevaron a crear una policía financiera sobre el modelo
italiano. Un rasgo común a varios casos es el acelerado aumento en sueldos,
bonificaciones y gratificaciones ejecutivas. En 2003, su ritmo alcanzó
8% y el monto promedio llegaba a € 1.250.000 en las mayores compañías.
El objetivo central de las indagaciones es un “bono compensatorio por
depreciación” (€ 15 millones) otorgado a Esser, ya completada
la compra de Mannesman, a mediados de 2001 Los fiscales se preguntan por qué
el ex director había gastado tres meses y más de € 200 millones
resistiendo la oferta de Vodafone, para de pronto cambiar de opinión
y recomendarla. También inspira dudas la aprobación del bono por
parte de los supervisores.
Ése es el cargo más pesado. Pero hay otros seis, relativos a
aportes jubilatorios especiales para dieciocho ex gerentes (más de €
30 millones), compensaciones extraordinarias a cuatro directores ejecutivos
y una gratificación a Joachim Funk -ex jefe de la junta supervisora-,
que se asignó él mismo. También se procesará a Jürgen
Ladberg, otro vocal de la junta, y a Dietmar Drost, se director de personal.
Cuando se abrieron las actuaciones preliminares, marzo de 2001 los fiscales
sospechaban que esas bonificaciones pudieron haber sido pagadas por Vodafone,
Hutchison Whampoa (firma semiestatal singapuresa, principal accionista de Mannesman)
o ambas.
Años después, el componente político del asunto parece
recalentarse. Ackerman y Zwicker pasan a ser las principales figuras en el banquillo,
con siete cargos cada uno. Zwicker ahora es sólo un sindicalista metalúrgico
jubilado, pero Ackermann preside DB y es casi sinónimo de banca y empresariado
alemán en el exterior. Como lo reconoce él mismo, “hay problemas
de imagen para el país, para el banco y para mí. En ese orden”.
Si lo declaran culpable, tendrá de abandonar la entidad y dejar un vacío
en la cúpula. Pero, aun si emerge del juicio sin mácula, DB habrá
sufrido los seis meses de proceso. Lo irónico es que, tras dedicar año
y medio a depurar la estrategia y las cuentas de la entidad, Ackermann estaba
a punto de reencarar su tema favorito: fusiones y adquisiciones en escala internacional.
A todo esto ¿por qué un estudio jurídico iniciaría
acciones por abuso de confianza sin que algún cliente lo contratase para
hacerlo? Porque Mark Binz y Martin Sorg eran accionistas de Mannesmann y se
oponían a la venta. Como tales, eran demasiado chicos para iniciar una
demanda civil, pero podían recurrir al fuero penal. La ley alemana permite
a todo ciudadano dirigirse al procurador fiscal si sospecha que se ha cometido
un delito.
La clave del litigio son los bonos, sugeridos iniciales por Hutchison. En lo
tocante al monto de la operación, que saltó € 77.000 millones
entre la oferta inicial y el acuerdo final, ciertas definiciones de la propia
ley “untreue” no son claras. La figura no especifica perjuicios a
los accionistas, pues alude con latitud a “los intereses de una sociedad
y sus activos”.
Si el juicio sigue un curso normal, más de cincuenta testigos serán
citados entre el próximo miércoles y julio. Entre ellos, Christopher
Gent, CEO de Vofadone al momento de la toma, asesores de Mannesman durante la
venta, ex ejecutivos y hasta ex empleados, más Canning Fox (director
ejecutivo de Hutchison Whampoa, nueva dueña de Global Crossing, competidora
de Vodafone).
Según medios londinenses, hay discretas señales de posible arreglo
financiero. Una opción sería que los acusados aportasen dos a
tres millones de euros a centros universitarios dedicados a una reforma legal
en Alemania. En otro plano, varios juristas sostienen que no se habría
llegado a estos extremos si Esser hubiese devuelto al menos parte de las gratificaciones
cobradas. Pero, como Richard Grasso -ex CEO de la Bolsa de Nueva York-, el hombre
ha hecho de eso “una cuestión de principios”.
