Philip Morris: el juez, dispuesto a negociar un arreglo
El juez Nicholas Byron (Illinois) se muestra dispuesto a negociar un arreglo con Philips Morris, el mayor fabricante de cigarrillos en Estados Unidos. Esto le evitaría tener que caucionar U$S 12.000 millones y quedar al borde de la quiebra.
En realidad, esa suma la exigió el mismo tribunal para aceptar la apelación por una multa de US$ 10.100 millones. “No busco poner en peligro la supervivencia de la empresa”, señaló Byron. “Quiero que Philip Morris llegue a la segunda instancia, es decir la apelación”. Al respecto, sugirió que “una garantía sólida” de Altria Group, matriz de PM, podría sustituir a la caución.
Más tarde, el magistrado aclaró que “Altria no está obligada por decisión alguna de este tribunal”, lo cual confundió a los observadores. Paralelamente, James Henry, juez de circuito en el municipio de Cooke (Chicago), emitió una orden por diez días inhibiendo al estado de Illinois la percepción de US$ 3.000 millones. Esta suma forma parte de los 10.100 millones en daños y perjuicios dictaminados por Byron.
Los US$ 7.100 millones restantes corresponden a consumidores que se declararon “engañados” por la publicidad de PM para cigarrillos “livianos en alquitrán”. Por su parte, la firma insiste en que no tiene en caja los US$ 10.100 millones de la sentencia ni, mucho menos, los 12.000 millones para la caución. Mientras las agencias calificadoras temían la quiebra, la empresa recibió el apoyo de 37 estados, que eran parte de un arreglo colectivo por US$ 208.000 millones con la industria tabacalera en 1998.
Por cierto, los estados temen que –si entra en convocatoria- PM no pague la próxima cuota de ese convenio, US$ 2.500 millones, que vence el 15 de este mes. En total, el sector ha aceptado abonar US$ 246.000 millones hasta 2025 a los cincuenta estados de la Unión. Gran parte de la suma va a programa de salud pública. Philip Morris aporta casi la mitad del monto global. “La compañía bien podría aumentar el precio de los atados para cubrir tanto la cuota a los estados como la caución exigida”, sostuvo ayer ante Byron el economista Jeffrey Harris (Massachusetts Institute of Technology), testigo de los demandantes. “Esto debiera investigarse porque la marca cuestionada, Marlboro Lights, está ganando mercado entre consumidores jóvenes”.
En realidad, esa suma la exigió el mismo tribunal para aceptar la apelación por una multa de US$ 10.100 millones. “No busco poner en peligro la supervivencia de la empresa”, señaló Byron. “Quiero que Philip Morris llegue a la segunda instancia, es decir la apelación”. Al respecto, sugirió que “una garantía sólida” de Altria Group, matriz de PM, podría sustituir a la caución.
Más tarde, el magistrado aclaró que “Altria no está obligada por decisión alguna de este tribunal”, lo cual confundió a los observadores. Paralelamente, James Henry, juez de circuito en el municipio de Cooke (Chicago), emitió una orden por diez días inhibiendo al estado de Illinois la percepción de US$ 3.000 millones. Esta suma forma parte de los 10.100 millones en daños y perjuicios dictaminados por Byron.
Los US$ 7.100 millones restantes corresponden a consumidores que se declararon “engañados” por la publicidad de PM para cigarrillos “livianos en alquitrán”. Por su parte, la firma insiste en que no tiene en caja los US$ 10.100 millones de la sentencia ni, mucho menos, los 12.000 millones para la caución. Mientras las agencias calificadoras temían la quiebra, la empresa recibió el apoyo de 37 estados, que eran parte de un arreglo colectivo por US$ 208.000 millones con la industria tabacalera en 1998.
Por cierto, los estados temen que –si entra en convocatoria- PM no pague la próxima cuota de ese convenio, US$ 2.500 millones, que vence el 15 de este mes. En total, el sector ha aceptado abonar US$ 246.000 millones hasta 2025 a los cincuenta estados de la Unión. Gran parte de la suma va a programa de salud pública. Philip Morris aporta casi la mitad del monto global. “La compañía bien podría aumentar el precio de los atados para cubrir tanto la cuota a los estados como la caución exigida”, sostuvo ayer ante Byron el economista Jeffrey Harris (Massachusetts Institute of Technology), testigo de los demandantes. “Esto debiera investigarse porque la marca cuestionada, Marlboro Lights, está ganando mercado entre consumidores jóvenes”.
