Pentágono: ¿lista negra de empresas que invierten en Irán?

A instancias de Donald Rumsfeld, secretario de Defensa, el Pentágono prepara una lista negra de firmas extranjeras que hayan invertido en el sector petrolero iraní. La idea es impedir que obtengan contratos durante la reconstrucción de Irak.

Irónicamente, un borrador circulante en Washington incluye empresas de países que integran la “coalición de buena voluntad”. Vale decir, los aliados en la guerra (Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelandia, Kuwait, Qatar, Israel) más quienes apoyan las acciones. Entre ellos, España, Italia, Saudiarabia, Turquía, Polonia, Omán, Rumania y Bulgaria. Pero, así como la lista abarca grupos “aliados” (la angloholandesa Shell, el italiano ENI), lo hace también con firmas de países opuestos a la invasión; ej., TotalFinaElf (Francia) o Lukoil (Rusia).

El motivo político de fondo es que Irán, junto con Norcorea e Irak, forman el “eje del mal” definido en 2002 por George W. Bush y su coalición de iglesias fundamentalistas. Pero la futura lista del Pentágono no menciona Norcorea, aunque ahora ese eje parece incorporar a Siria.

Los fundamentos jurídicos de la lista negra remiten a la ley de sanciones contra Libia e Irán (1996) e involucran compañías no norteamericanas que hayan colocado o coloquen más de US$ 20 millones anuales en hidrocarburos y actividades complementarias (“conjunto mal llamado energético -señala la OPEP-, porque no incluye fuentes renovables).

Al respecto, la Comisión Europea (Bruselas) ha declarado que la ley –prorrogada en 2001- infringe normas internaciones de derecho y comercio. Admitiendo la objeción, el entonces presidente William J. Clinton emitió una dispensa (1998) en favor de TotalFinaElf y sus inversiones en Irán. Este precedente ha llevado a la revisión de otros casos, aún en curso. Analistas de Shell, Lukoil y la propia OPEP sospechan que la lista negra “será una forma de presionar a Teherán en favor de empresas estadounidenses, especialmente las relacionadas con el vicepresidente Richard Cheney, Rumsfeld, su ex asistente Richard Perle y la familia Bush”.

No obstante, la nueva actitud ante Siria y esta lista pueden indicar que –una vez “normalizado” Irak-, el equipo Bush planea acciones directas para liquidar la “dictadura teocrática” iraní. Aunque Perle mismo diga “el régimen de Tehrán cambiará sin que intervengamos militarmente”, la Comunidad de Estados Independientes (CEI, ex URSS) ha iniciado consultas con Moscú, Karachi y Nueva Delhi.

Entretanto, varias empresas estadounidenses hacen negocios en Irán a través de subsidiarias. Halliburton, la firma de servicios petroleros donde Cheney era CEO, reveló que abandonaría ese país “por presiones de accionistas, no de Teherán”. No obstante, el Pentágono ha puesto en la congeladora un contrato por US$ 900 millones para reactivar pozos iraquíes, concedido inicialmente a una subsidiaria de Halliburton, a causa de la fuerte reacción pública.

Pero el “dossier Irán” tiene otras complicaciones. Mientras fue alto funcionario, Perle actuaba –junto con el general (r) Jay Garner, futuro “procónsul” norteamericano en Irak- como contacto de Adnán Jashoguí, aristócrata saudita que se hizo multimillonario con el negocio de armas. Resulta curioso que, en los fundamentos de la ley contra Libia e Irán de 1996, figurasen los nexos de Trípoli y Teherán con el iraní Manusher Ghorbanifar, socio de Jashoguí y Ghaith Pharaon.

Irónicamente, un borrador circulante en Washington incluye empresas de países que integran la “coalición de buena voluntad”. Vale decir, los aliados en la guerra (Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelandia, Kuwait, Qatar, Israel) más quienes apoyan las acciones. Entre ellos, España, Italia, Saudiarabia, Turquía, Polonia, Omán, Rumania y Bulgaria. Pero, así como la lista abarca grupos “aliados” (la angloholandesa Shell, el italiano ENI), lo hace también con firmas de países opuestos a la invasión; ej., TotalFinaElf (Francia) o Lukoil (Rusia).

El motivo político de fondo es que Irán, junto con Norcorea e Irak, forman el “eje del mal” definido en 2002 por George W. Bush y su coalición de iglesias fundamentalistas. Pero la futura lista del Pentágono no menciona Norcorea, aunque ahora ese eje parece incorporar a Siria.

Los fundamentos jurídicos de la lista negra remiten a la ley de sanciones contra Libia e Irán (1996) e involucran compañías no norteamericanas que hayan colocado o coloquen más de US$ 20 millones anuales en hidrocarburos y actividades complementarias (“conjunto mal llamado energético -señala la OPEP-, porque no incluye fuentes renovables).

Al respecto, la Comisión Europea (Bruselas) ha declarado que la ley –prorrogada en 2001- infringe normas internaciones de derecho y comercio. Admitiendo la objeción, el entonces presidente William J. Clinton emitió una dispensa (1998) en favor de TotalFinaElf y sus inversiones en Irán. Este precedente ha llevado a la revisión de otros casos, aún en curso. Analistas de Shell, Lukoil y la propia OPEP sospechan que la lista negra “será una forma de presionar a Teherán en favor de empresas estadounidenses, especialmente las relacionadas con el vicepresidente Richard Cheney, Rumsfeld, su ex asistente Richard Perle y la familia Bush”.

No obstante, la nueva actitud ante Siria y esta lista pueden indicar que –una vez “normalizado” Irak-, el equipo Bush planea acciones directas para liquidar la “dictadura teocrática” iraní. Aunque Perle mismo diga “el régimen de Tehrán cambiará sin que intervengamos militarmente”, la Comunidad de Estados Independientes (CEI, ex URSS) ha iniciado consultas con Moscú, Karachi y Nueva Delhi.

Entretanto, varias empresas estadounidenses hacen negocios en Irán a través de subsidiarias. Halliburton, la firma de servicios petroleros donde Cheney era CEO, reveló que abandonaría ese país “por presiones de accionistas, no de Teherán”. No obstante, el Pentágono ha puesto en la congeladora un contrato por US$ 900 millones para reactivar pozos iraquíes, concedido inicialmente a una subsidiaria de Halliburton, a causa de la fuerte reacción pública.

Pero el “dossier Irán” tiene otras complicaciones. Mientras fue alto funcionario, Perle actuaba –junto con el general (r) Jay Garner, futuro “procónsul” norteamericano en Irak- como contacto de Adnán Jashoguí, aristócrata saudita que se hizo multimillonario con el negocio de armas. Resulta curioso que, en los fundamentos de la ley contra Libia e Irán de 1996, figurasen los nexos de Trípoli y Teherán con el iraní Manusher Ghorbanifar, socio de Jashoguí y Ghaith Pharaon.

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