Monsanto, Argentina y la dura pelea por la soya transgénica
Por un lado, Argentina apoyó la demanda de Estados Unidos ante la OMC en favor de los transgénicos. Por el otro, Monsanto cuyos negocios dependen de orgamismos genéticamente modificados (OGM)- presiona a Buenos Aires en forma dura.
Sobre todo tras el fallo favorable emitido por la Organización Mundial de Comercio. El choque es por las altas regalías que la firma exige a cultivadores argentinos que vendan semillas de soya con OGM. Tras intensos debates en torno de compensaciones, la norteamericana Monsanto ha radicado demandas ante tribunales de la Unión Europea. Elige esa jurisdicción por estimarla más favorable a sus pretensiones.
En realidad, ocurre que la compañía había patentado en la UE un OGM que no registró en Argentina ni en el Mercosur. La firma busca bloquear el ingreso a la UE de harina de soya, imponiéndole una fianza de US$ 15 a 18 por tonelada. Esas sumas debieran mantenerse mientras no se resolviese el litigio de fondo, que puede ir para largo.
Cabe apuntar que no está en tela de juicio el derecho de patente (mal llamado “propiedad intelectual”), sino cómo fijar su monto y pago. La relevancia del asunto es clara: 90% de la soya -no “soja”, una traducción incorrecta- sembrada en el país contiene un OGM, incorporado para resistir el glifosato, un herbicida que destruye maleza competidora. Los promotores de esta soya alterada sostienen que, gracias a ella, Argentina es el tercer exportador mundial de granos (porotos) y el primero de harinas y aceites.
La clave jurídica reside en los sucesivos ciclos agrícolas y el derecho a seguir empleando semillas por las cuales se abonaron regalías iniciales. Es como si una farmoquímica intentase bloquear la expiración de patentes, que convierte una especialidad exclusiva en genérica. Ante el planteo de Monsanto se alza el “derecho del agricultor”. O sea, la opción de usar el grano cosechado para siembras subsiguientes, si por esas semillas ya se han pagado derechos. El problema incluye también ventas a terceros.
El pleito se plantea ante tribunales de la UE porque, además, ese mercado representa US$ 2.000 millones anuales para el país. En otro plano, sucede que –en general- el sector agrícola argentino, sus entidades y su prensa son en extremo conservadores. Hoy, se ven obligados a optar entre el derecho de las grandes empresas, sagrado para ellos, y el del propio sector.
Sobre todo tras el fallo favorable emitido por la Organización Mundial de Comercio. El choque es por las altas regalías que la firma exige a cultivadores argentinos que vendan semillas de soya con OGM. Tras intensos debates en torno de compensaciones, la norteamericana Monsanto ha radicado demandas ante tribunales de la Unión Europea. Elige esa jurisdicción por estimarla más favorable a sus pretensiones.
En realidad, ocurre que la compañía había patentado en la UE un OGM que no registró en Argentina ni en el Mercosur. La firma busca bloquear el ingreso a la UE de harina de soya, imponiéndole una fianza de US$ 15 a 18 por tonelada. Esas sumas debieran mantenerse mientras no se resolviese el litigio de fondo, que puede ir para largo.
Cabe apuntar que no está en tela de juicio el derecho de patente (mal llamado “propiedad intelectual”), sino cómo fijar su monto y pago. La relevancia del asunto es clara: 90% de la soya -no “soja”, una traducción incorrecta- sembrada en el país contiene un OGM, incorporado para resistir el glifosato, un herbicida que destruye maleza competidora. Los promotores de esta soya alterada sostienen que, gracias a ella, Argentina es el tercer exportador mundial de granos (porotos) y el primero de harinas y aceites.
La clave jurídica reside en los sucesivos ciclos agrícolas y el derecho a seguir empleando semillas por las cuales se abonaron regalías iniciales. Es como si una farmoquímica intentase bloquear la expiración de patentes, que convierte una especialidad exclusiva en genérica. Ante el planteo de Monsanto se alza el “derecho del agricultor”. O sea, la opción de usar el grano cosechado para siembras subsiguientes, si por esas semillas ya se han pagado derechos. El problema incluye también ventas a terceros.
El pleito se plantea ante tribunales de la UE porque, además, ese mercado representa US$ 2.000 millones anuales para el país. En otro plano, sucede que –en general- el sector agrícola argentino, sus entidades y su prensa son en extremo conservadores. Hoy, se ven obligados a optar entre el derecho de las grandes empresas, sagrado para ellos, y el del propio sector.
