MCI: AT&T y otros rivales quieren llevarla a la liquidación
Un mes antes de la audiencia sobre el plan de MCI para salir del concurso iniciado hace un año, surgen presiones. No sólo la demanda de AT&T sino, además, una medida adversa del propio gobierno y un lobby pro liquidación.
Como se sabe, American Telephone & Telegraph radicó nuevas demandas por presunto fraude contra Mobile Communications International (MCI, ex WorldCom). En realidad, esta acción y las de otros competidores tratan de prolongar la convocatoria, a fin de que la firma no pueda obtener contratos federales.
Tal como advierten varios analistas, los litigios de AT&T y otras no hacen al fondo de la cuestión. En lo tocante al título XI de la ley federal de quiebras y concursos, no afectarán la audiencia prevista para fin de mes. Lo que sí afectan son los negocios de la ex WorldCom, hoy timoneada por Michael Capellas (ex Compaq).
Por supuesto, los rivales de MCI sostienen que lo más lógico sería liquidar la firma, dada la sobrecapacidad de oferta que sufre el sector dentro y fuera de Estados Unidos. Pero la legislación permite a una compañía restructurarse si presenta un plan viable. Por otro lado, el alegato de AT&T hace a sumas insignificantes en relación con los negocios donde se atribuye conducta desleal a la ex WorldCom. Además, si los pecados eran tan grandes ¿por qué AT&T y otras esperaron más un año para denunciarlos?…
Los contratos oficiales son otro cantar y ahí pesan los “lobbies”. Se explica, entonces, que –de pronto- la dirección de Servicios Generales del gobierno federal haya suspendido a MCI como proveedor. Hace dos días, en efecto, adoptó esa medida arguyendo “acusaciones de prácticas desleales”. Vale decir, una repartición pública hace suyas acusaciones de competidores que aún no son cosa juzgada.
No sorprende que Capellas haya resuelto iniciar acciones propias contra AT&T y Washington. Entre las objeciones que formulará MCI, habrá una de peculiar relevancia: si los delitos cometidos por WorldCom han sido investigados y sancionados –junto con los ejecutivos culpables- por instancias regulatorias (Comisión Federal de Valores) y judiciales ¿por qué volver sobre ellos? ¿acaso hay funcionarios y rivales en busca de una “vendetta” vía contratos denegados?
Como se sabe, American Telephone & Telegraph radicó nuevas demandas por presunto fraude contra Mobile Communications International (MCI, ex WorldCom). En realidad, esta acción y las de otros competidores tratan de prolongar la convocatoria, a fin de que la firma no pueda obtener contratos federales.
Tal como advierten varios analistas, los litigios de AT&T y otras no hacen al fondo de la cuestión. En lo tocante al título XI de la ley federal de quiebras y concursos, no afectarán la audiencia prevista para fin de mes. Lo que sí afectan son los negocios de la ex WorldCom, hoy timoneada por Michael Capellas (ex Compaq).
Por supuesto, los rivales de MCI sostienen que lo más lógico sería liquidar la firma, dada la sobrecapacidad de oferta que sufre el sector dentro y fuera de Estados Unidos. Pero la legislación permite a una compañía restructurarse si presenta un plan viable. Por otro lado, el alegato de AT&T hace a sumas insignificantes en relación con los negocios donde se atribuye conducta desleal a la ex WorldCom. Además, si los pecados eran tan grandes ¿por qué AT&T y otras esperaron más un año para denunciarlos?…
Los contratos oficiales son otro cantar y ahí pesan los “lobbies”. Se explica, entonces, que –de pronto- la dirección de Servicios Generales del gobierno federal haya suspendido a MCI como proveedor. Hace dos días, en efecto, adoptó esa medida arguyendo “acusaciones de prácticas desleales”. Vale decir, una repartición pública hace suyas acusaciones de competidores que aún no son cosa juzgada.
No sorprende que Capellas haya resuelto iniciar acciones propias contra AT&T y Washington. Entre las objeciones que formulará MCI, habrá una de peculiar relevancia: si los delitos cometidos por WorldCom han sido investigados y sancionados –junto con los ejecutivos culpables- por instancias regulatorias (Comisión Federal de Valores) y judiciales ¿por qué volver sobre ellos? ¿acaso hay funcionarios y rivales en busca de una “vendetta” vía contratos denegados?
