La OEA quiere respuestas por la AMIA
La CIDH aceptó analizar una denuncia de familiares de las víctimas del atentado contra el Estado argentino. El Gobierno podría recibir fuertes sanciones políticas a raíz de supuestas irregularidades cometidas en la investigación.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), aceptó a través de una carta oficial analizar la denuncia presentada por un grupo de familiares de las víctimas del atentado a la AMIA contra el Estado argentino. La acusación de Memoria Activa es por “la violación al derecho a la vida y la integridad física de las víctimas y la violación de los derechos de las víctimas y sus familiares a obtener justicia por parte de los tribunales locales”. Por primera vez, el Gobierno deberá darle explicaciones a un organismo supranacional, verificador del Pacto de San José de Costa Rica, por las irregularidades cometidas en la investigación del atentado que terminó con la vida de 86 personas, el 18 de julio de 1994. La decisión de la CIDH fue comunicada a la Cancillería el 1º de septiembre. En caso de existir una sentencia, a lo largo del proceso que se inicia, el Gobierno argentino podría recibir fuertes sanciones políticas.
(Página/12, Clarín)
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), aceptó a través de una carta oficial analizar la denuncia presentada por un grupo de familiares de las víctimas del atentado a la AMIA contra el Estado argentino. La acusación de Memoria Activa es por “la violación al derecho a la vida y la integridad física de las víctimas y la violación de los derechos de las víctimas y sus familiares a obtener justicia por parte de los tribunales locales”. Por primera vez, el Gobierno deberá darle explicaciones a un organismo supranacional, verificador del Pacto de San José de Costa Rica, por las irregularidades cometidas en la investigación del atentado que terminó con la vida de 86 personas, el 18 de julio de 1994. La decisión de la CIDH fue comunicada a la Cancillería el 1º de septiembre. En caso de existir una sentencia, a lo largo del proceso que se inicia, el Gobierno argentino podría recibir fuertes sanciones políticas.
(Página/12, Clarín)
