Intereses creados tratan de frenar reformas e intervenciones contables

Esta semana, Bernard Ebbers –WorldCom- comparece ante el juez, igual que Dennis Kozlowski, ex Tyco (por robo calificado). Más tarde, la ex cúpula de Enron afrontará una serie de cargos. Pero un lobby quiere acabar con “excesos judiciales”.

A criterio de expertos legales, los sostenidos esfuerzos para limpiar la empresa estadounidense –iniciados en diciembre de 2001, tras el colapso de Enron- siguen adelante e, incluso, se intensifican. Pero los directores de varias compañías y algunas organizaciones de negocios creen que las cosas pueden cambiar en su favor.

En apariencia, el clima en Washington ya no es tan propicio a la ley de reformas contables y gerenciales (SOA, por “Sarbanes-Oxley Act”). Así lo suponen picapleitos, accionistas institucionales –fondos, claro-, directivos y otros grupos hostiles al “activismo judicial”. Pero las interpretaciones sobre este súbito, poco notado movimiento, varían en grado. Algunos expertos objetan que las reformas pierdan impulso justo al alcanzar una fase crítica. Otros sostienen que el fenómeno es consecuencia natural de acciones que han ido demasiado lejos.

Lo que surge, sí, es una creciente batalla sobre ulteriores esfuerzos para emprolijar el manejo de empresas (pomposa e incorrectamente llamado corporate governance). Influyentes miembros de la comunidad –republicana- de negocios, incluso la US Chamber of Commerce y la Business Roundtable, se movilizan contra los inversores institucionales que quieren más facultades en el manejo de compañías en problemas. En realidad, los grupos de presión buscan atarles las manos a la Comisión Federal de Valores (SEC, Securities & Exchange Commission) y fiscales como el neoyorquino Eliot Spitzer.

Esta conjunción de intereses creados y sus voceros espera, para 2005, recortar el repertorio de normas que queden incorporadas al marco legal y de supervisión. “Con este repentino impulso en la comunidad de negocios –apunta un ejecutivo del Council of Institutional Investors-, el año será clave para aferrarnos a los logros y defender las reformas en materia de supervisión sobre las empresas”.

Pero quienes asumen intereses creados creen notar un cambio de actitudes, aunque –dicen- sólo se trata de moderar excesos regulatorios y judiciales. En su opinión, la SEC y los fiscales promueven nuevas demandas de gente afectada y sus abogados. En verdad, una de ellas ha logrado que directivos de WorldCom y Enron sean hoy responsables personales de varias irregularidades y maniobras turbias.

Veteranos de la USCofC subrayan “consecuencias no buscadas”, tales como compañías posponiendo compras de tecnología o menos firmas extranjeras registrándose en las bolsas norteamericanas. Sin dar más detalles, en efecto, Wall Street reveló una merma de nuevas cotizantes del exterior o de fusiones y adquisiciones, más el desistimiento de una gigantesca oferta inicial de acciones. Su origen, la estatal Air China, es renuente a acatar exigencias locales (bien visto, eso es un elogio para las nuevas normas).

Nada de eso, claro, implica que las cosas vuelvan a los días previos a Enron. Por el contrario, las acciones penales y civiles contra infractores y delincuentes de guante blanco mantienen notable empuje.

La fuerza de tareas para fraudes privados, formada tras el derrumbe de WorlCom por orden de Bush, ha cosechado una impresionante serie de triunfos. Desde 2002 y hasta junio de 2004, última fecha cuyas estadísticas están disponibles, había obtenido más de 500 sentencias o admisiones de culpas y acusado a 900 personas –incluso 60 ejecutivos superiores- por varios tipos de fraude. A ese momento, la SEC había iniciado casi 600 acciones civiles separadas por similares delitos.

A medida que se desenvuelvan este año grandes procesos por fraude, las iras del público volverán a recalentarse ante los excesos de la burbuja. Algunos de ellos ya eran míticos. Por ejemplo, las estafas multimillonarias en WorldCom, Tyco o HealthSouth, mientras sus directivos pugnaban por disfrazar balances que hubieran revelado el fracaso de sus negocios.

En el nuevo juicio a Koizlowski se mostrará, otra vez, aquella cortina de baño que costara US$6.000, entre las extravagancias más baratas del personaje. El proceso a Enron reexaminará los miles de sociedades ficticias inscriptas por Andrew Fastow en sus confusos libros para disimular pérdidas contables y escandalosos pagos a máximos directivos.

Al margen de los intereses creados (no ese “clima público” que imagina el Financial Times), muchos cambios instaurados en recientes años llegaron para quedarse. Especialmente, la ley Sarbanes-Oxley, que reescribió las reglas de gestión empresarial e información contable, exigiendo mayores facultades a los directores independientes, menos conflictos con auditores externos y más transparencia.

En verdad, las reformas han calado tanto que resultarán irreversibles. Por de pronto, ya rinden beneficios, sobre todo en retorno de confianza entre inversores y crecimiento de F&A. Pese a esas misteriosas estadísticas bursátiles difundidas por el cabildeo antirregulatorio.

Según Richard, Layton & Finger, un estudio jurídico de Delaware: “Si la SAO y otras normas dan mayor confianza a los informes financieros públicos sobre el valor de una compañía, la reforma ha valido la pena”. Pero el lobby contra la ley no ceja. Por ejemplo, visitó la Casa Blanca tras la reelección presidencial, para una audiencia privada con Bush. En su curso, los ejecutivos ventilaron su frustración ante esfuerzos regulatorios y judiciales “sufridos” por sus empresas desde que comenzó la larga secuela de escándalos abierta por Enron.

A criterio de expertos legales, los sostenidos esfuerzos para limpiar la empresa estadounidense –iniciados en diciembre de 2001, tras el colapso de Enron- siguen adelante e, incluso, se intensifican. Pero los directores de varias compañías y algunas organizaciones de negocios creen que las cosas pueden cambiar en su favor.

En apariencia, el clima en Washington ya no es tan propicio a la ley de reformas contables y gerenciales (SOA, por “Sarbanes-Oxley Act”). Así lo suponen picapleitos, accionistas institucionales –fondos, claro-, directivos y otros grupos hostiles al “activismo judicial”. Pero las interpretaciones sobre este súbito, poco notado movimiento, varían en grado. Algunos expertos objetan que las reformas pierdan impulso justo al alcanzar una fase crítica. Otros sostienen que el fenómeno es consecuencia natural de acciones que han ido demasiado lejos.

Lo que surge, sí, es una creciente batalla sobre ulteriores esfuerzos para emprolijar el manejo de empresas (pomposa e incorrectamente llamado corporate governance). Influyentes miembros de la comunidad –republicana- de negocios, incluso la US Chamber of Commerce y la Business Roundtable, se movilizan contra los inversores institucionales que quieren más facultades en el manejo de compañías en problemas. En realidad, los grupos de presión buscan atarles las manos a la Comisión Federal de Valores (SEC, Securities & Exchange Commission) y fiscales como el neoyorquino Eliot Spitzer.

Esta conjunción de intereses creados y sus voceros espera, para 2005, recortar el repertorio de normas que queden incorporadas al marco legal y de supervisión. “Con este repentino impulso en la comunidad de negocios –apunta un ejecutivo del Council of Institutional Investors-, el año será clave para aferrarnos a los logros y defender las reformas en materia de supervisión sobre las empresas”.

Pero quienes asumen intereses creados creen notar un cambio de actitudes, aunque –dicen- sólo se trata de moderar excesos regulatorios y judiciales. En su opinión, la SEC y los fiscales promueven nuevas demandas de gente afectada y sus abogados. En verdad, una de ellas ha logrado que directivos de WorldCom y Enron sean hoy responsables personales de varias irregularidades y maniobras turbias.

Veteranos de la USCofC subrayan “consecuencias no buscadas”, tales como compañías posponiendo compras de tecnología o menos firmas extranjeras registrándose en las bolsas norteamericanas. Sin dar más detalles, en efecto, Wall Street reveló una merma de nuevas cotizantes del exterior o de fusiones y adquisiciones, más el desistimiento de una gigantesca oferta inicial de acciones. Su origen, la estatal Air China, es renuente a acatar exigencias locales (bien visto, eso es un elogio para las nuevas normas).

Nada de eso, claro, implica que las cosas vuelvan a los días previos a Enron. Por el contrario, las acciones penales y civiles contra infractores y delincuentes de guante blanco mantienen notable empuje.

La fuerza de tareas para fraudes privados, formada tras el derrumbe de WorlCom por orden de Bush, ha cosechado una impresionante serie de triunfos. Desde 2002 y hasta junio de 2004, última fecha cuyas estadísticas están disponibles, había obtenido más de 500 sentencias o admisiones de culpas y acusado a 900 personas –incluso 60 ejecutivos superiores- por varios tipos de fraude. A ese momento, la SEC había iniciado casi 600 acciones civiles separadas por similares delitos.

A medida que se desenvuelvan este año grandes procesos por fraude, las iras del público volverán a recalentarse ante los excesos de la burbuja. Algunos de ellos ya eran míticos. Por ejemplo, las estafas multimillonarias en WorldCom, Tyco o HealthSouth, mientras sus directivos pugnaban por disfrazar balances que hubieran revelado el fracaso de sus negocios.

En el nuevo juicio a Koizlowski se mostrará, otra vez, aquella cortina de baño que costara US$6.000, entre las extravagancias más baratas del personaje. El proceso a Enron reexaminará los miles de sociedades ficticias inscriptas por Andrew Fastow en sus confusos libros para disimular pérdidas contables y escandalosos pagos a máximos directivos.

Al margen de los intereses creados (no ese “clima público” que imagina el Financial Times), muchos cambios instaurados en recientes años llegaron para quedarse. Especialmente, la ley Sarbanes-Oxley, que reescribió las reglas de gestión empresarial e información contable, exigiendo mayores facultades a los directores independientes, menos conflictos con auditores externos y más transparencia.

En verdad, las reformas han calado tanto que resultarán irreversibles. Por de pronto, ya rinden beneficios, sobre todo en retorno de confianza entre inversores y crecimiento de F&A. Pese a esas misteriosas estadísticas bursátiles difundidas por el cabildeo antirregulatorio.

Según Richard, Layton & Finger, un estudio jurídico de Delaware: “Si la SAO y otras normas dan mayor confianza a los informes financieros públicos sobre el valor de una compañía, la reforma ha valido la pena”. Pero el lobby contra la ley no ceja. Por ejemplo, visitó la Casa Blanca tras la reelección presidencial, para una audiencia privada con Bush. En su curso, los ejecutivos ventilaron su frustración ante esfuerzos regulatorios y judiciales “sufridos” por sus empresas desde que comenzó la larga secuela de escándalos abierta por Enron.

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