Hispasat operará satélite brasileño
La decisión de la Agencia nacional de Telecomunicaciones de ceder las operaciones al grupo español, generó una fuerte polémica entre quienes consideran que la licitación pone en peligro la soberanía de Brasil.
(EFE).- La empresa española Hispasat firmó ayer (miércoles 27) el contrato de operación del Satélite Brasileño para Transporte de Señales de Telecomunicaciones, casi un año después de haber recibido la licencia correspondiente.
El presidente de Hispasat, Jacinto García, anunció al suscribir el contrato con la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) que el satélite, con capacidad para comunicaciones entre todos los países de América Latina, estará operando en un plazo máximo de 36 meses.
Su construcción y puesta en órbita demandará inversiones por unos US$ 250 millones.
“El mercado brasileño es muy importante y nuestra decisión de trabajar aquí es estratégica, principalmente bajo el punto de vista cultural”, declaró García.
Pese a ser la única compañía calificada para la correspondiente subasta, el sobre con la oferta de Hispasat debió ser abierto en octubre de 1999, por orden judicial, junto con otro del consorcio Teleglobal, integrado por capitales brasileños, la empresa rusa Triada y la surcoreana Kovecom.
Anatel había descalificado a Teleglobal por no haber probado técnicamente su potencial de transmisión y, tras perder luego en la licitación -ofertó US$ 10 millones de dólares contra los quince de Hispasat-, recurrió a la justicia, que finalmente falló a favor de la oferta española.
La oposición de izquierda al gobierno de Brasil e incluso un senador oficialista llegaron a decir en el Congreso que la decisión de Anatel ponía en “riesgo la soberanía brasileña” porque Hispasat incluye al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial de España (INTA), junto a las empresas Telefónica, Retevisión y Caja Postal de ese país.
El senador Alvaro Dias, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), al que pertenece el presidente del país, Fernando Henrique Cardoso, dijo entonces que la presencia de un organimo militar en Hispasat y el hecho de que no tenga una representación en Brasil la descalificaba para disputar la licitación.
“Se trata de un área que, en ciertos casos, implica un sigilo incluso militar y es obvio que una empresa bajo el control del Ministerio de Defensa de otra nación no debería tener derecho a proporcionar capacidad espacial a la Presidencia de la República y a las Fuerzas Armadas brasileñas”, dijo entonces el senador.
El Ministerio de Comunicaciones aclaró que la licitación era para operar un satélite civil, restringido a servicios de transmisión de datos, sonidos e imágenes comerciales, y que no incluye frecuencias utilizadas por las Fuerzas Armadas brasileñas.
Anatel confirmó que la presencia militar española en Hispasat no la descalificaba, ya que la Ley de Telecomunicaciones no establece ninguna restricción a la participación de militares en licitaciones de este tipo, como tampoco obliga a los interesados a tener una sucursal establecida en el país.
La licitación concedió a Hispasat el derecho de explotación del satélite que construirá para servir a Brasil por un plazo de 15 años.
(EFE).- La empresa española Hispasat firmó ayer (miércoles 27) el contrato de operación del Satélite Brasileño para Transporte de Señales de Telecomunicaciones, casi un año después de haber recibido la licencia correspondiente.
El presidente de Hispasat, Jacinto García, anunció al suscribir el contrato con la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) que el satélite, con capacidad para comunicaciones entre todos los países de América Latina, estará operando en un plazo máximo de 36 meses.
Su construcción y puesta en órbita demandará inversiones por unos US$ 250 millones.
“El mercado brasileño es muy importante y nuestra decisión de trabajar aquí es estratégica, principalmente bajo el punto de vista cultural”, declaró García.
Pese a ser la única compañía calificada para la correspondiente subasta, el sobre con la oferta de Hispasat debió ser abierto en octubre de 1999, por orden judicial, junto con otro del consorcio Teleglobal, integrado por capitales brasileños, la empresa rusa Triada y la surcoreana Kovecom.
Anatel había descalificado a Teleglobal por no haber probado técnicamente su potencial de transmisión y, tras perder luego en la licitación -ofertó US$ 10 millones de dólares contra los quince de Hispasat-, recurrió a la justicia, que finalmente falló a favor de la oferta española.
La oposición de izquierda al gobierno de Brasil e incluso un senador oficialista llegaron a decir en el Congreso que la decisión de Anatel ponía en “riesgo la soberanía brasileña” porque Hispasat incluye al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial de España (INTA), junto a las empresas Telefónica, Retevisión y Caja Postal de ese país.
El senador Alvaro Dias, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), al que pertenece el presidente del país, Fernando Henrique Cardoso, dijo entonces que la presencia de un organimo militar en Hispasat y el hecho de que no tenga una representación en Brasil la descalificaba para disputar la licitación.
“Se trata de un área que, en ciertos casos, implica un sigilo incluso militar y es obvio que una empresa bajo el control del Ministerio de Defensa de otra nación no debería tener derecho a proporcionar capacidad espacial a la Presidencia de la República y a las Fuerzas Armadas brasileñas”, dijo entonces el senador.
El Ministerio de Comunicaciones aclaró que la licitación era para operar un satélite civil, restringido a servicios de transmisión de datos, sonidos e imágenes comerciales, y que no incluye frecuencias utilizadas por las Fuerzas Armadas brasileñas.
Anatel confirmó que la presencia militar española en Hispasat no la descalificaba, ya que la Ley de Telecomunicaciones no establece ninguna restricción a la participación de militares en licitaciones de este tipo, como tampoco obliga a los interesados a tener una sucursal establecida en el país.
La licitación concedió a Hispasat el derecho de explotación del satélite que construirá para servir a Brasil por un plazo de 15 años.
