Hidrocarburos: diputados rescinden ventajas impositivas al cateo
La mayoría demócrata en la cámara baja pasó fácilmente un proyecto que elimina US$ 14.000 millones en beneficios tributarios y subsidios a compañías perforadoras. Los fondos irán a combustibles y energías alternativas.
La propuesta obtuvo 264 votos en favor y 163 en contra. Esto revela que muchos republicanos apoyaron un proyecto criticado por George W.Bush y el “lobby” petrolero, encarnado por el vicepresidente Richard Cheney. Ambos opinaron que la futura ley “impondrá mayores impuestos a las empresas y puede aumentar nuestra dependencia de hidrocarburos importados”.
Una vez pasada por el senado, la ley eliminará US$ 7.600 millones en exenciones impositivas para perforadoras submarinas, aprobadas por el congreso en 2004/5 (mientras los crudos subían constantemente, lo cual reducía riesgos mineros). También aumentará en US$ 6.300 millones las regalías exigibles a empresas que extraigan crudos o gas en aguas territoriales (golfo de México, Alaska). En general, estas firmas o sus matrices han venido obteniendo ganancias récord en 2005-6.
Una cláusula del proyecto busca corregir errores en permisos de cateo otorgados por el departamento de interior a fines de los años 90. Esos contratos de “leasing” (así se llama el mecanismo en Estados Unidos) permitieron a las compañías eludir miles de millones en regalías durante los años siguientes. De paso, permitieron a algunos legisladores locales jubilarse como millonarios.
Esta decisión, tenazmente opuesta desde la Casa Blanca y la industria, requerirá a las empresas que se nieguen a modificar contratos abonar una “tasa de conservación” sobre cada barril o equivalente producido. De lo contrario, ya no podrán aspirar a contratos ni área adicionales. Por bastante menos que esto, la prensa conservadora tacha de dictador a Hugo Chávez.
“Las grandes petroleras castigan al contribuyente no una ni dos, sino tres veces”, sostiene el diputado Nicholas Rahall (demócrata, Virginia occidental), presidente de la comisión para recursos naturales. “Lo castigan en la estación de servicio, vía el fisco (mediante ventajas impositivas) y con un jubileo de regalías”.
Otro diputado, Philip English (republicano, Pennsylvania), teme que la ley eleve costos de combustibles para las industrias y la induzca a mudar al exterior mano de obra. Ocurre que el proyecto rescinde, además, créditos fiscales a “manufacturas locales”, que las empresas perciben desde 2004 y ventajas tributarias más exiguas para gastos en prospección geológica.
En el senado, los demócratas se ven más cautos, pero aseguraron ya apoyo a casi todas las cláusulas del proyecto, que será incluido estos días en el calendario de sesiones. Hasta cierto punto, el propio Bush quemó puentes en 2006. Reaccionado a una ola de críticas, durante la campaña electoral, se opuso a ulteriores ventajas tributarias o subsidios a las petroleras y les exigió invertir en conservación de energía o en combustibles limpios. Pero, ante el proyecto aprobado esta semana, Cheney amenazó con un veto. Casi nadie cree que Bush lo aplique (quizá prefiera reservárselo si el congreso le bloquea más gastos bélicos en Irak).
El clima es propicio para este tipo de legislación. Horas antes del voto en la cámara baja, hubo una audiencia ante la comisión senatorial de energía y combustibles. Ahí, investigadores y legisladores censuraron las “incompetentes respuestas” del departamento de interior a la ola de torpes contratos de prospección marina. La auditoría del gobierno estima que esos “errores” le costaron al fisco mil millones. suma que puede decuplicarse si los contratos no se modifican -algo que está por suceder- o se anulan.
Estos mecanismos autorizan a compañías que perforan en aguas territoriales a eludir regalías sobre gran parte de su producción inicial. Pero, en 1998/8 (todavía bajo William J.Clinton), algunos funcionarios omitieron una “cláusula de escape” que eliminaba el incentivo si los crudos tejanos intermedios pasaban de US$ 34 el barril en Nueva York. Earl Devaney, inspector general del departamento, reveló a los senadores que funcionarios de nivel medio descubrieron el “error” recién en 2000, pero sus superiores resolvieron ocultarlo. Hasta que, en febrero de 2006, el “New York times” sacó a relucir esas maniobras.
“El silencio de interior y su renuencia a actuar –sostiene Devaney- ponen de manifiesto una conducta extraordinariamente canalla. Son un ejemplo de negligencia burocrática”. Ese medio y otros sospechan que fue algo más torpeza.
La propuesta obtuvo 264 votos en favor y 163 en contra. Esto revela que muchos republicanos apoyaron un proyecto criticado por George W.Bush y el “lobby” petrolero, encarnado por el vicepresidente Richard Cheney. Ambos opinaron que la futura ley “impondrá mayores impuestos a las empresas y puede aumentar nuestra dependencia de hidrocarburos importados”.
Una vez pasada por el senado, la ley eliminará US$ 7.600 millones en exenciones impositivas para perforadoras submarinas, aprobadas por el congreso en 2004/5 (mientras los crudos subían constantemente, lo cual reducía riesgos mineros). También aumentará en US$ 6.300 millones las regalías exigibles a empresas que extraigan crudos o gas en aguas territoriales (golfo de México, Alaska). En general, estas firmas o sus matrices han venido obteniendo ganancias récord en 2005-6.
Una cláusula del proyecto busca corregir errores en permisos de cateo otorgados por el departamento de interior a fines de los años 90. Esos contratos de “leasing” (así se llama el mecanismo en Estados Unidos) permitieron a las compañías eludir miles de millones en regalías durante los años siguientes. De paso, permitieron a algunos legisladores locales jubilarse como millonarios.
Esta decisión, tenazmente opuesta desde la Casa Blanca y la industria, requerirá a las empresas que se nieguen a modificar contratos abonar una “tasa de conservación” sobre cada barril o equivalente producido. De lo contrario, ya no podrán aspirar a contratos ni área adicionales. Por bastante menos que esto, la prensa conservadora tacha de dictador a Hugo Chávez.
“Las grandes petroleras castigan al contribuyente no una ni dos, sino tres veces”, sostiene el diputado Nicholas Rahall (demócrata, Virginia occidental), presidente de la comisión para recursos naturales. “Lo castigan en la estación de servicio, vía el fisco (mediante ventajas impositivas) y con un jubileo de regalías”.
Otro diputado, Philip English (republicano, Pennsylvania), teme que la ley eleve costos de combustibles para las industrias y la induzca a mudar al exterior mano de obra. Ocurre que el proyecto rescinde, además, créditos fiscales a “manufacturas locales”, que las empresas perciben desde 2004 y ventajas tributarias más exiguas para gastos en prospección geológica.
En el senado, los demócratas se ven más cautos, pero aseguraron ya apoyo a casi todas las cláusulas del proyecto, que será incluido estos días en el calendario de sesiones. Hasta cierto punto, el propio Bush quemó puentes en 2006. Reaccionado a una ola de críticas, durante la campaña electoral, se opuso a ulteriores ventajas tributarias o subsidios a las petroleras y les exigió invertir en conservación de energía o en combustibles limpios. Pero, ante el proyecto aprobado esta semana, Cheney amenazó con un veto. Casi nadie cree que Bush lo aplique (quizá prefiera reservárselo si el congreso le bloquea más gastos bélicos en Irak).
El clima es propicio para este tipo de legislación. Horas antes del voto en la cámara baja, hubo una audiencia ante la comisión senatorial de energía y combustibles. Ahí, investigadores y legisladores censuraron las “incompetentes respuestas” del departamento de interior a la ola de torpes contratos de prospección marina. La auditoría del gobierno estima que esos “errores” le costaron al fisco mil millones. suma que puede decuplicarse si los contratos no se modifican -algo que está por suceder- o se anulan.
Estos mecanismos autorizan a compañías que perforan en aguas territoriales a eludir regalías sobre gran parte de su producción inicial. Pero, en 1998/8 (todavía bajo William J.Clinton), algunos funcionarios omitieron una “cláusula de escape” que eliminaba el incentivo si los crudos tejanos intermedios pasaban de US$ 34 el barril en Nueva York. Earl Devaney, inspector general del departamento, reveló a los senadores que funcionarios de nivel medio descubrieron el “error” recién en 2000, pero sus superiores resolvieron ocultarlo. Hasta que, en febrero de 2006, el “New York times” sacó a relucir esas maniobras.
“El silencio de interior y su renuencia a actuar –sostiene Devaney- ponen de manifiesto una conducta extraordinariamente canalla. Son un ejemplo de negligencia burocrática”. Ese medio y otros sospechan que fue algo más torpeza.
