Fondos particulares que se esfuman en un mar de insolvencias

Estaba cantado: un grupo de administradoras de dinero ajeno empieza a colapsar. La bancarrota golpea a esquemas basados en impuestos diferidos, clave de un perverso sistema denunciado varias veces por fiscales de varios estados.

13 septiembre, 2007

Alertada por teléfono o correo electrónico, la gente acude a esas firmas y encuentra el cartel “cerrado”, sin explicaciones. Sus ahorros de toda la vida –eventualmente destinados a la jubilación- han sido devorados por una crisis financiera que comienza a castigar el segmento, ante la indiferencia de Washington.

El fenómeno hoy en curso se relaciona con el colapso inmobiliario. Cientos de inversores perdieron el dinero proveniente de ventas de viviendas: dos empresas pidieron la quiebra mientras eran investigadas por las autoridades. A su vez, estas sociedades y varios miles manejan dinero colocado en un segmento no regulado pero letal: papeles comerciales garantidos con bienes raíces.

El derrumbe del segmento ha desatado una ola de demandas judiciales y exigencias de supervisar estas actividades. Se trata de una forma de intermediación parasitaria conocida como “trueques 1031”, aludiendo a una cláusula de legislación tributaria federal que permite diferir pagos de impuestos si quien vende una propiedad compra otra dentro de los seis meses.

Esos trueques o pases son usados por grandes compañías, fideicomisos, sociedades e individuos. Las primeras tres categorías no debieran beneficiarse del recurso. Este mecanismo permitió, en 2004, que 338.500 vendedores de bienes raíces postergaran US$ 73.700 millones en impuestos. El dato proviene de Deloitte & Touche.

Las transacciones deben ser conducidas por “intermediarios calificados” según la norma 1031. Fuente del sector estiman en alrededor de US$ 150.000 millones anuales la mas de fondo en custodia. Pero estos operadores no están regulados, salvo en un solo estado de la Unión y no en escala federal. Ahora, la firmas en bancarrota son acusadas de haber empleados dinero de clientes (destinado en realidad a sus futuras jubilaciones) en especulaciones. Aunque parecen haber vaciado ya US$ 250 millones en cuentas individuales, no afrontan aún cargos penales.

Mientras tanto, las víctimas han radicado pleitos por entre algunas decenas de miles y veinte millones cada uno. Por supuesto, el producto de la venta de vivienda debía ser manejado por los intermediarios en beneficio de los clientes, no de ellos mismos. Una de las dos firmas investigadas –en los fueros federal y estadual-, Soutwest Exchange (Nevada) ha sido forzada a la liquidación y les debe a los clientes unos US$ 100 millones.

En este caso la malversación es típica. Donald McGhan, ex presidente de SE, empleaba depósitos 1031 en la firma para financiar la expansión de MediCor, sociedad controlada por él mismo. Pero no era buen administrador y su empresa, especializada en transplantes de senos, fue a la quiebra.

Por otra parte, la fiscalía de Virginia ha abierto investigaciones preliminares sobre 1031 Tax Group. La compañía admitió en mayo que no podría devolver US$ 150 millones a más de 300 inversores y pidió la bancarrota, pero en Nueva York (para ganar tiempo). En esta causa, el principal acusado por los demandantes es Edward Okun, fundador de la firma, que desvió fondos a negocios personales y hoy ha desaparecido de los rumbosos clubes que solías frecuentar.

Los intermediarios 1031 se hicieron populares a mediados de los años 90. luego de que un congreso poco sagaz reformara la ley respectiva. No son baratos, pues suelen cobrar comisiones fijas de US$ 500 a 1.500 por transacción y retener parte de los intereses ganados sobre cada depósito. En muchos casos, los propios bancos comerciales les pagan “incentivos” para abrir cuentas en ellos. Tratándose de un segmento tan leonino, estas entidades podrían calificarse de cómplices.

Alertada por teléfono o correo electrónico, la gente acude a esas firmas y encuentra el cartel “cerrado”, sin explicaciones. Sus ahorros de toda la vida –eventualmente destinados a la jubilación- han sido devorados por una crisis financiera que comienza a castigar el segmento, ante la indiferencia de Washington.

El fenómeno hoy en curso se relaciona con el colapso inmobiliario. Cientos de inversores perdieron el dinero proveniente de ventas de viviendas: dos empresas pidieron la quiebra mientras eran investigadas por las autoridades. A su vez, estas sociedades y varios miles manejan dinero colocado en un segmento no regulado pero letal: papeles comerciales garantidos con bienes raíces.

El derrumbe del segmento ha desatado una ola de demandas judiciales y exigencias de supervisar estas actividades. Se trata de una forma de intermediación parasitaria conocida como “trueques 1031”, aludiendo a una cláusula de legislación tributaria federal que permite diferir pagos de impuestos si quien vende una propiedad compra otra dentro de los seis meses.

Esos trueques o pases son usados por grandes compañías, fideicomisos, sociedades e individuos. Las primeras tres categorías no debieran beneficiarse del recurso. Este mecanismo permitió, en 2004, que 338.500 vendedores de bienes raíces postergaran US$ 73.700 millones en impuestos. El dato proviene de Deloitte & Touche.

Las transacciones deben ser conducidas por “intermediarios calificados” según la norma 1031. Fuente del sector estiman en alrededor de US$ 150.000 millones anuales la mas de fondo en custodia. Pero estos operadores no están regulados, salvo en un solo estado de la Unión y no en escala federal. Ahora, la firmas en bancarrota son acusadas de haber empleados dinero de clientes (destinado en realidad a sus futuras jubilaciones) en especulaciones. Aunque parecen haber vaciado ya US$ 250 millones en cuentas individuales, no afrontan aún cargos penales.

Mientras tanto, las víctimas han radicado pleitos por entre algunas decenas de miles y veinte millones cada uno. Por supuesto, el producto de la venta de vivienda debía ser manejado por los intermediarios en beneficio de los clientes, no de ellos mismos. Una de las dos firmas investigadas –en los fueros federal y estadual-, Soutwest Exchange (Nevada) ha sido forzada a la liquidación y les debe a los clientes unos US$ 100 millones.

En este caso la malversación es típica. Donald McGhan, ex presidente de SE, empleaba depósitos 1031 en la firma para financiar la expansión de MediCor, sociedad controlada por él mismo. Pero no era buen administrador y su empresa, especializada en transplantes de senos, fue a la quiebra.

Por otra parte, la fiscalía de Virginia ha abierto investigaciones preliminares sobre 1031 Tax Group. La compañía admitió en mayo que no podría devolver US$ 150 millones a más de 300 inversores y pidió la bancarrota, pero en Nueva York (para ganar tiempo). En esta causa, el principal acusado por los demandantes es Edward Okun, fundador de la firma, que desvió fondos a negocios personales y hoy ha desaparecido de los rumbosos clubes que solías frecuentar.

Los intermediarios 1031 se hicieron populares a mediados de los años 90. luego de que un congreso poco sagaz reformara la ley respectiva. No son baratos, pues suelen cobrar comisiones fijas de US$ 500 a 1.500 por transacción y retener parte de los intereses ganados sobre cada depósito. En muchos casos, los propios bancos comerciales les pagan “incentivos” para abrir cuentas en ellos. Tratándose de un segmento tan leonino, estas entidades podrían calificarse de cómplices.

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