EE.UU: Justicia les exige US$ 289.000 millones a las tabacaleras

Las tabacaleras resistirán esfuerzos del departamento de Justicia para “recobrar” US$ 289.000 millones, originados en ventas a un público desinformado sobre los riesgos de fumar. Abogados del sector cuestionan la legalidad del intento.

24 marzo, 2003

En una nueva presentación formal, las autoridades federales insisten en que hubo o hay “una confabulación de la propia industria para desorientar o engañar consumidores sobre el alcance real de los peligros asociados al cigarrillo”. Asesores legales de las grandes compañías cuestionan la legalidad de los fundamentos y, a lo sumo, admiten asideros en cuanto a la publicidad del producto, cuando lo vincula a actividades deportivas o a jóvenes.

Las firmas incluidas en la acción son Philip Morris (grupo Altria), Brown & Williamson (British American Tocacco), Lorillard (Loews), RJ Reynolds Tobacco y Liggett (Vector Group). Todas han formado un frente en común para impugnar la iniciativa de Justicia en la primera audiencia pública, prevista para dentro de seis meses.

En general, sus equipos jurídicos están seguros de frenar la presentación, porque el juez a cargo del caso ya ha desechado dos de tres acusaciones en una denuncia federal anterior. En otras palabras, el pleito data de 1999. “Hace años que descalificamos los planteos estatales como inválidos”, señaló Seth Moskowitz, portavoz de RJR.

Las presentaciones federales –y de algunos estados- comenzaron luego de que William J.Clinton, entonces presidente, censurase agriamente a la industria y sus prácticas, en su último mensaje anual al país. El cambio de gobierno no afectó la campaña de Justicia, pese a los contactos entre el titular del departamento (y Procurador General), John Ashcroft, y directivos del sector. Pero, en junio de 2000, dos de las acusaciones –hubiesen obligado a las compañías a reembolsar por gastos al sistema nacional de salud-, fueron archivados por el juez. La nueva presentación irá a tribunales el 13 de septiembre y consta de 1.400 fojas.

En una nueva presentación formal, las autoridades federales insisten en que hubo o hay “una confabulación de la propia industria para desorientar o engañar consumidores sobre el alcance real de los peligros asociados al cigarrillo”. Asesores legales de las grandes compañías cuestionan la legalidad de los fundamentos y, a lo sumo, admiten asideros en cuanto a la publicidad del producto, cuando lo vincula a actividades deportivas o a jóvenes.

Las firmas incluidas en la acción son Philip Morris (grupo Altria), Brown & Williamson (British American Tocacco), Lorillard (Loews), RJ Reynolds Tobacco y Liggett (Vector Group). Todas han formado un frente en común para impugnar la iniciativa de Justicia en la primera audiencia pública, prevista para dentro de seis meses.

En general, sus equipos jurídicos están seguros de frenar la presentación, porque el juez a cargo del caso ya ha desechado dos de tres acusaciones en una denuncia federal anterior. En otras palabras, el pleito data de 1999. “Hace años que descalificamos los planteos estatales como inválidos”, señaló Seth Moskowitz, portavoz de RJR.

Las presentaciones federales –y de algunos estados- comenzaron luego de que William J.Clinton, entonces presidente, censurase agriamente a la industria y sus prácticas, en su último mensaje anual al país. El cambio de gobierno no afectó la campaña de Justicia, pese a los contactos entre el titular del departamento (y Procurador General), John Ashcroft, y directivos del sector. Pero, en junio de 2000, dos de las acusaciones –hubiesen obligado a las compañías a reembolsar por gastos al sistema nacional de salud-, fueron archivados por el juez. La nueva presentación irá a tribunales el 13 de septiembre y consta de 1.400 fojas.

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