Ecuador podría procesar a ChevronTexaco
El juez ecuatoriano Alberto Guerra debe resolver si procesará o no- a ChevronTexaco por graves daños ambientales. Se trata de contaminación hídrica que afecta a 30.000 habitantes de la selva oriental.
Las acciones de iniciaron tras una demanda colectiva, según la cual la entonces Texaco descargaba aguas tóxicas y crudos residuales durante operaciones desarrolladas entre 1971 y 1992. La historia data de 1993 y se inicia en tribunales de Estados Unidos. Años después, en 2001, se produjo la fusión de donde emergió ChevronTexaco, segunda petrolera norteamericana.
Ya en 2002, la justicia estadounidense dictaminó que Ecuador tenía prioridad jurisdiccional en el caso. Por ende, se abrió la causa en Quito. El miércoles 29 terminó la fase probatoria y, desde el martes 4, se inician las inspecciones “in situ”, a cargo del propio magistrado y un equipo.
“Se trata de cuestiones delicadas en Ecuador. El gobierno quisiera seguir desarrollando explotaciones de hidrocarburos en la jungla pluvial periamazónica, pero sus habitantes no ven esto con buenos ojos”. Así señala Keith Slack, de Oxfam America.
El conflicto es un ejemplo típico de lo que ocurre en el vasto interior selvático de Sudamérica. Por ende, el caso es seguido de cerca por organizaciones ecológicas, ambientalistas y de derechos civiles. Lo que suceda en Quito será una señal para petroleras y gobiernos en cuanto a los derechos de quienes viven en áreas explotadas o por explotar.
Quienes conocen el paño tiene dudas sobre la eficacia y la transparencia de la justicia ecuatoriana. Algunos creen que los tribunales estadounidenses simplemente les pasaron el asunto a instancias más fáciles de ser influidas por las compañías.
Sin embargo, otros jueces locales han producido dictámenes desfavorables el negocio. Pero éstos hacen a disputas bastante menos relevantes que la actual.
“La justicia ecuatoriana está en una posición interesante”, cree Michelle Rathburn, de la consultora PFC Energy. “Está cerca del área donde se produjeron las presuntas transgresiones y sentirá la presión social. Por otra parte, también estará expuesta al gobierno y su interés en no hostigar grandes grupos petroleros”.
Los abogados de la parte demandante apuntan que “por primera vez, un tribunal norteamericano acepta reconocer la jurisdicción de jueces extranjeros sobre empresas estadounidenses. Al menos, en problemas ambientales”. Pero ChevronTexaco opina que eso sólo ocurrirá “si la sentencia es correcta e imparcial y no se emite en condiciones dudosas”.
Al respecto, tiene cierta gracia que los apoderados ecuatorianos de la empresa nieguen su responsabilidad. Arguyen que una cosa era la antigua Texaco y otra es la actual ChevronTexaco. “Ésta jamás operó en el país”, dicen.
Sin duda, el proceso carece de precedentes en la historia de los movimientos indígenas en Latinoamérica. No obstante, guarda similitudes con la resistencia a un gasoducto en el noroeste argentino. Ambos involucran daños ambientales –potenciales en el segundo caso- y ponen en la picota a multinacionales. En Ecuador, la demandada es tan norteamericana como los jueces que la obligaron a afrontar un tribunal local.
Los demandantes no han planteado resarcimientos específicos, pero estiman en US$ 1.000 millones la suma necesaria para subsanar los daños al ecosistema y la población. En este aspecto, el caso se aproxima al del derrame marino en Alaska.
Los perjuicios en el oriente ecuatoriano incluyen 350 pozos abiertos llenos de residuos tóxicos. La denuncia de 1993 mencionaba metales pesados y compuestos carcinógenos, a pocos metros de centros poblados.
El juez posiblemente necesite un año para arribar a decisiones concretas. Pero, al margen de su veredicto, “el proceso habrá cumplido propósitos útiles”, afirma Shannon Wright, de Amazon Watch. “Una pequeña comunidad remota logró llevar ante la justicia a una poderosa empresa”.
Las acciones de iniciaron tras una demanda colectiva, según la cual la entonces Texaco descargaba aguas tóxicas y crudos residuales durante operaciones desarrolladas entre 1971 y 1992. La historia data de 1993 y se inicia en tribunales de Estados Unidos. Años después, en 2001, se produjo la fusión de donde emergió ChevronTexaco, segunda petrolera norteamericana.
Ya en 2002, la justicia estadounidense dictaminó que Ecuador tenía prioridad jurisdiccional en el caso. Por ende, se abrió la causa en Quito. El miércoles 29 terminó la fase probatoria y, desde el martes 4, se inician las inspecciones “in situ”, a cargo del propio magistrado y un equipo.
“Se trata de cuestiones delicadas en Ecuador. El gobierno quisiera seguir desarrollando explotaciones de hidrocarburos en la jungla pluvial periamazónica, pero sus habitantes no ven esto con buenos ojos”. Así señala Keith Slack, de Oxfam America.
El conflicto es un ejemplo típico de lo que ocurre en el vasto interior selvático de Sudamérica. Por ende, el caso es seguido de cerca por organizaciones ecológicas, ambientalistas y de derechos civiles. Lo que suceda en Quito será una señal para petroleras y gobiernos en cuanto a los derechos de quienes viven en áreas explotadas o por explotar.
Quienes conocen el paño tiene dudas sobre la eficacia y la transparencia de la justicia ecuatoriana. Algunos creen que los tribunales estadounidenses simplemente les pasaron el asunto a instancias más fáciles de ser influidas por las compañías.
Sin embargo, otros jueces locales han producido dictámenes desfavorables el negocio. Pero éstos hacen a disputas bastante menos relevantes que la actual.
“La justicia ecuatoriana está en una posición interesante”, cree Michelle Rathburn, de la consultora PFC Energy. “Está cerca del área donde se produjeron las presuntas transgresiones y sentirá la presión social. Por otra parte, también estará expuesta al gobierno y su interés en no hostigar grandes grupos petroleros”.
Los abogados de la parte demandante apuntan que “por primera vez, un tribunal norteamericano acepta reconocer la jurisdicción de jueces extranjeros sobre empresas estadounidenses. Al menos, en problemas ambientales”. Pero ChevronTexaco opina que eso sólo ocurrirá “si la sentencia es correcta e imparcial y no se emite en condiciones dudosas”.
Al respecto, tiene cierta gracia que los apoderados ecuatorianos de la empresa nieguen su responsabilidad. Arguyen que una cosa era la antigua Texaco y otra es la actual ChevronTexaco. “Ésta jamás operó en el país”, dicen.
Sin duda, el proceso carece de precedentes en la historia de los movimientos indígenas en Latinoamérica. No obstante, guarda similitudes con la resistencia a un gasoducto en el noroeste argentino. Ambos involucran daños ambientales –potenciales en el segundo caso- y ponen en la picota a multinacionales. En Ecuador, la demandada es tan norteamericana como los jueces que la obligaron a afrontar un tribunal local.
Los demandantes no han planteado resarcimientos específicos, pero estiman en US$ 1.000 millones la suma necesaria para subsanar los daños al ecosistema y la población. En este aspecto, el caso se aproxima al del derrame marino en Alaska.
Los perjuicios en el oriente ecuatoriano incluyen 350 pozos abiertos llenos de residuos tóxicos. La denuncia de 1993 mencionaba metales pesados y compuestos carcinógenos, a pocos metros de centros poblados.
El juez posiblemente necesite un año para arribar a decisiones concretas. Pero, al margen de su veredicto, “el proceso habrá cumplido propósitos útiles”, afirma Shannon Wright, de Amazon Watch. “Una pequeña comunidad remota logró llevar ante la justicia a una poderosa empresa”.
