Dos líderes apuestan al carbón, con ideas ambientales opuestas

El futuro de los norteamericanos como usuarios de combustibles y energía se cifra en ricas tierra carboníferas. Por ejemplo, las que explota Peabody Energy con un método ecológicamente letal: la minería de superficie.

6 junio, 2006

Tras ser combustible favorito en Estados Unidos, durante el siglo XIX y parte del XX, vuelve a por sus fueros en el XXI. El país, en efecto, tiene reservas para aguantar hasta doscientos años al ritmo actual de consumo (China muestra similar perfil). Por ende, esas existencias superan en mucho las de crudos o gas natural. Pese al interés del público en alternativas tan limpias como agua, sol, viento, etanol o átomos, el carbón parece destinado a desempeñar un papel bastante más influyente (aunque dañino).

Necesidades urgentes y codicia minera apuntan en esa dirección. Aparte, los efectos perjudiciales de estas explotaciones afectan regiones muy lejos de las grandes ciudades y sus grupos ambientalistas. Eso le viene bien a Peabody, que practica minería directa (o sea, desde la superficie), tan predatoria como la siembra directa en soya y otros cultivos.

No obstante, los métodos convencionales para generar energía partiendo del carbón tienen un enorme inconveniente: son la mayor fuente no natural de gases responsables por el efecto invernadero global. Muchos científicos sostienen que cualquier reducción importante de esas emisiones podrá frenar los cambios climáticos, más que cualquier otra acción. Por ende, las empresas norteamericanas debieran dar el ejemplo adoptando técnicas capaces de atenuar los daños ambientales que provendrán de los mil proyectos carboeléctricos que se planean hoy alrededor del mundo.

En esto, las grandes firmas carboneras divergen, dentro o fuera de EE.UU. Ese disenso es crucial en cuanto a cubrir requerimientos combustibles y energético, en la segunda economía del globo, sin exacerbar el efecto invernadero (que ya amenaza por igual a casquetes polares y grandes desiertos).

Michael Morris maneja American Electric Power, la mayor demandante nacional de carbón y difusora de dióxido de carbono en la atmósfera. No obstante, el directivo encabeza un incipiente movimiento, dentro de su actividad, para promover nuevas tecnologías, más limpias. Su empresa proyecta no menos de dos usinas de 600 megavatios, a un costo de US$ 1.300 millones cada una, usando esas técnicas.

La compañía sostiene que esas plantas no sólo serán menos agresivas para el ambiente, sino más baratas, para tranquilizar a los accionistas. Aunque levantarlas saldrá 15 a 20% más que las usinas comunes, estarán exentas de gastos para instalarles equipos necesarios para bombear el dióxido a la tierra, no ya al aire.

Por el contrario, a Peabody Energy no le interesan esas experiencias. Gregory Boyce, presidente del mayor productor mundial privado de carbón (controla reservas con más potencial energético que las petroleras de Exxon Mobil), no pierde el sueño por el equilibrio ecológico. Pero sus idea se imponen en el sector: apenas una docena de las 140 usinas carboeléctricas en proyectos aplicará nuevas técnicas. En buena medida, porque la ley de incentivos promulgada en 2005 por George W.Bush favorece al negocio convencional, no a los innovadores.

Morris y Boyve, ambos líderes en sus segmentos, tienen nexos comunes. Así, el primero es el máximo cliente del segundo, los dos son fieles republicanos y acompañan otras iniciativas sectoriales. Coinciden, a la sazón, en la energía carbonera es mucho más barata que la originada en hidrocarburos y compite mejor que la atómica.

Pero, claro, presenta un problema crítico: al emisión de gases tipo invernaderos alrededor del planeta. Una usina carbonera típica (500 megavatios) genera por año electricidad suficiente para 500.000 hogares, según estimaciones de Royal Dutch/Shelle (nada desinteresadas, obvio). Por supuesto, así como las grandes petroleras influyen el debate sobre cambios climáticos, Peabody solventa organizaciones que traban reducciones mandatorias de dióxido o promueven el uso del carbón.

Los ejecutivos de Peabody son los mayores contribuyentes sectoriales de fondos para candidatos del partido Republicano. Sólo en las elecciones presidenciales de 2002 aportaron más de US$ 640.000, 93% para dirigentes de la extrema derecha.

Tras ser combustible favorito en Estados Unidos, durante el siglo XIX y parte del XX, vuelve a por sus fueros en el XXI. El país, en efecto, tiene reservas para aguantar hasta doscientos años al ritmo actual de consumo (China muestra similar perfil). Por ende, esas existencias superan en mucho las de crudos o gas natural. Pese al interés del público en alternativas tan limpias como agua, sol, viento, etanol o átomos, el carbón parece destinado a desempeñar un papel bastante más influyente (aunque dañino).

Necesidades urgentes y codicia minera apuntan en esa dirección. Aparte, los efectos perjudiciales de estas explotaciones afectan regiones muy lejos de las grandes ciudades y sus grupos ambientalistas. Eso le viene bien a Peabody, que practica minería directa (o sea, desde la superficie), tan predatoria como la siembra directa en soya y otros cultivos.

No obstante, los métodos convencionales para generar energía partiendo del carbón tienen un enorme inconveniente: son la mayor fuente no natural de gases responsables por el efecto invernadero global. Muchos científicos sostienen que cualquier reducción importante de esas emisiones podrá frenar los cambios climáticos, más que cualquier otra acción. Por ende, las empresas norteamericanas debieran dar el ejemplo adoptando técnicas capaces de atenuar los daños ambientales que provendrán de los mil proyectos carboeléctricos que se planean hoy alrededor del mundo.

En esto, las grandes firmas carboneras divergen, dentro o fuera de EE.UU. Ese disenso es crucial en cuanto a cubrir requerimientos combustibles y energético, en la segunda economía del globo, sin exacerbar el efecto invernadero (que ya amenaza por igual a casquetes polares y grandes desiertos).

Michael Morris maneja American Electric Power, la mayor demandante nacional de carbón y difusora de dióxido de carbono en la atmósfera. No obstante, el directivo encabeza un incipiente movimiento, dentro de su actividad, para promover nuevas tecnologías, más limpias. Su empresa proyecta no menos de dos usinas de 600 megavatios, a un costo de US$ 1.300 millones cada una, usando esas técnicas.

La compañía sostiene que esas plantas no sólo serán menos agresivas para el ambiente, sino más baratas, para tranquilizar a los accionistas. Aunque levantarlas saldrá 15 a 20% más que las usinas comunes, estarán exentas de gastos para instalarles equipos necesarios para bombear el dióxido a la tierra, no ya al aire.

Por el contrario, a Peabody Energy no le interesan esas experiencias. Gregory Boyce, presidente del mayor productor mundial privado de carbón (controla reservas con más potencial energético que las petroleras de Exxon Mobil), no pierde el sueño por el equilibrio ecológico. Pero sus idea se imponen en el sector: apenas una docena de las 140 usinas carboeléctricas en proyectos aplicará nuevas técnicas. En buena medida, porque la ley de incentivos promulgada en 2005 por George W.Bush favorece al negocio convencional, no a los innovadores.

Morris y Boyve, ambos líderes en sus segmentos, tienen nexos comunes. Así, el primero es el máximo cliente del segundo, los dos son fieles republicanos y acompañan otras iniciativas sectoriales. Coinciden, a la sazón, en la energía carbonera es mucho más barata que la originada en hidrocarburos y compite mejor que la atómica.

Pero, claro, presenta un problema crítico: al emisión de gases tipo invernaderos alrededor del planeta. Una usina carbonera típica (500 megavatios) genera por año electricidad suficiente para 500.000 hogares, según estimaciones de Royal Dutch/Shelle (nada desinteresadas, obvio). Por supuesto, así como las grandes petroleras influyen el debate sobre cambios climáticos, Peabody solventa organizaciones que traban reducciones mandatorias de dióxido o promueven el uso del carbón.

Los ejecutivos de Peabody son los mayores contribuyentes sectoriales de fondos para candidatos del partido Republicano. Sólo en las elecciones presidenciales de 2002 aportaron más de US$ 640.000, 93% para dirigentes de la extrema derecha.

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