Continúa el conflicto en Aerolíneas
El gremio de los técnicos presentó un recurso de amparo para que se restablezca el servicio de rutas internacionales, de acuerdo con los términos establecidos en la concesión.
(NA). – La Asociación de Personal Técnico Aeronáutico (Apta) presentó hoy (lunes 11) un recurso de amparo ante la Justicia contra el Estado Nacional, para que cumpla con lo establecido por el Código Aeronáutico y restablezca el servicio de rutas internacionales que Aerolíneas Argentinas dejó de prestar la semana pasada.
El secretario general de Apta, Ricardo Cirielli, pidió a la Justicia que ordene al Estado hacer cumplir a Aerolíneas “la prestación del servicio de transporte aéreo comercial
internacional, regional y nacional en un todo, de acuerdo con los términos establecidos en la correspondiente concesión”.
Asimismo, destacó que “deben restablecerse las sucesivas ampliaciones de la concesión que le fuera otorgada para la explotación de los mismos en todas las rutas concedidas”.
La acción fue radicada en el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal número 12 a cargo del juez Guillermo Rossi, y en ella, los técnicos señalaron que “la Sepi –el organismo estatal español que controla Aerolíneas– procedió unilateralmente a levantar algunas rutas de cabotaje” y luego “suspendió sus principales servicios internacionales como Estados Unidos, Brasil, Australia y Nueva Zelanda”.
Según Cirielli, “con esta actitud unilateral, la Sepi contradice su declarado propósito de reequilibrar financiera y económicamente a Aerolíneas Argentinas, pues la priva de sus
fuentes de ingreso más importantes”.
En cuanto al “plan director” propuesto por el Sepi para lograr un equilibrio financiero en la compañía aérea, Cirielli aclaró que el gremio que lidera se opuso a las cláusulas que se refieren al despido de personal, modificación de horarios y reducción de salarios.
En tanto, en la presentación judicial se solicitó que el Estado reconozca los derechos de los habitantes contemplados en la Constitución Nacional y en el artículo 22 de la Convención
Americana de los Derechos Humanos.
También indicó el gremio que las normas del Codigo AeronáuticoNacional (Ley 17.285) “constituyen garantías” al haber impuesto al Poder Ejecutivo y a la autoridad administrativa de aplicación “el deber de exigir el cumplimiento de las obligaciones previstas en la concesiones otorgadas”.
(NA). – La Asociación de Personal Técnico Aeronáutico (Apta) presentó hoy (lunes 11) un recurso de amparo ante la Justicia contra el Estado Nacional, para que cumpla con lo establecido por el Código Aeronáutico y restablezca el servicio de rutas internacionales que Aerolíneas Argentinas dejó de prestar la semana pasada.
El secretario general de Apta, Ricardo Cirielli, pidió a la Justicia que ordene al Estado hacer cumplir a Aerolíneas “la prestación del servicio de transporte aéreo comercial
internacional, regional y nacional en un todo, de acuerdo con los términos establecidos en la correspondiente concesión”.
Asimismo, destacó que “deben restablecerse las sucesivas ampliaciones de la concesión que le fuera otorgada para la explotación de los mismos en todas las rutas concedidas”.
La acción fue radicada en el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal número 12 a cargo del juez Guillermo Rossi, y en ella, los técnicos señalaron que “la Sepi –el organismo estatal español que controla Aerolíneas– procedió unilateralmente a levantar algunas rutas de cabotaje” y luego “suspendió sus principales servicios internacionales como Estados Unidos, Brasil, Australia y Nueva Zelanda”.
Según Cirielli, “con esta actitud unilateral, la Sepi contradice su declarado propósito de reequilibrar financiera y económicamente a Aerolíneas Argentinas, pues la priva de sus
fuentes de ingreso más importantes”.
En cuanto al “plan director” propuesto por el Sepi para lograr un equilibrio financiero en la compañía aérea, Cirielli aclaró que el gremio que lidera se opuso a las cláusulas que se refieren al despido de personal, modificación de horarios y reducción de salarios.
En tanto, en la presentación judicial se solicitó que el Estado reconozca los derechos de los habitantes contemplados en la Constitución Nacional y en el artículo 22 de la Convención
Americana de los Derechos Humanos.
También indicó el gremio que las normas del Codigo AeronáuticoNacional (Ley 17.285) “constituyen garantías” al haber impuesto al Poder Ejecutivo y a la autoridad administrativa de aplicación “el deber de exigir el cumplimiento de las obligaciones previstas en la concesiones otorgadas”.
