Concentración mediática, un riesgo institucional

Que un solo grupo económico hegemonice los medios de comunicación y concentre una considerable capacidad de influencia mediática deriva en riesgos para la libertad de expresión y el buen funcionamiento de las instituciones, reconoce Idesa.

4 noviembre, 2013

Lo que viene sucediendo con la Ley de Medios es un testimonio muy ilustrativo. Según información extraída del Reporte Anual 2012 del Grupo Clarín y del INDEC se observa que este grupo económico comprende:

  • 27 empresas de medios de comunicación de las cuales en 20 tiene mayoría de acciones.
  • 1,5 millones de abonados a Internetrepresentandoel 14% del total del mercado.
  • 3,3 millones de abonados a televisión por cablerepresentando el 60% del total del mercado.

 

Los datos confirman que el tamaño de este grupo es enorme y, asociado a ello, se concentra una considerable capacidad de influencia mediática. Esto deriva en riesgos para la libertad de expresión y el buen funcionamiento de las instituciones democráticas, llama la atención el último informe semanal del Instituto de Desarrollo Económico y Social (Idesa).

 

Pero no debería pasarse por alto que semejante proceso de concentración fue posible gracias a la ausencia de marcos regulatorios y entes de control apropiados. De haber contado en su momento, como ocurre en otros países, con un sector público más profesional y eficiente se abrían activados los mecanismos institucionales pertinentes para prevenir estas situaciones que ponen en riesgo la competencia y la pluralidad.

 

La misma ausencia de reglas racionales y transparentes que en algún momento benefició al Grupo Clarín es la que ahora amenaza sus derechos de propiedad. Así como en el año 2005 el funcionario político de turno extendió, por una decisión discrecional, las licencias del Grupo Clarín, ahora, en una decisión igual de discrecional, el funcionario de turno adopta medidas intempestivas tendientes a ocasionarle un perjuicio económico.

 

Se trata de un ejemplo puntual, pero muy ilustrativo de la muy baja calidad institucional que prevalece en la Argentina y que los rankings internacionales tratan de alertar.

 

Forzar con prepotencia la desconcentración en el mercado de medios es presentado en el discurso oficial como una mayor “presencia del Estado”.

 

Se trata del mismo error que con frecuencia se incurre cuando se pretende dar una connotación positiva el haber llevado el gasto público y la presión impositiva a niveles récords con total carencia de sentido estratégico en el uso de los fondos públicos.

 

También cuando se usan los medios de comunicación pública para propaganda del oficialismo y defenestración de los opositores, o se distribuye el presupuesto de publicidad oficial con visible arbitrariedad.

 

En el mismo sentido operan regulaciones irracionales e incumplibles y la permisividad para que militantes atropellen empresas ante cámaras televisivas.

 

Más que la presencia, este tipo de acciones denotan la ausencia del Estado por eso cercenan las posibilidades de progreso social y atentan contra el sistema democrático.

 

La degradación que explicita la ley de medios es apenas un testimonio más de un proceso generalizado.

 

También está presente, por ejemplo, en los sistemas de transporte público, previsional, energético y la Justicia; y en las estatizaciones como las de Aguas Argentinas, Aerolíneas Argentinas e YPF.

 

La costosa degradación institucional se viene manifestando en mediciones internacionales, como la última actualización del informe Doing Business del Banco Mundial, donde la Argentina aparece en el puesto 126°, cerca de países como Etiopia, Egipto, Kenia y Bangladesh, y cada vez más lejos de los países latinoamericanos que vienen mostrando en los últimos años mayores progresos en sus indicadores económicos y sociales, como es el caso de Chile (34°), Perú (42°), Colombia (43°) y Uruguay (88°). Otro ranking, el del World Economic Forum, coloca a Argentina en el puesto 94° entre 144 países.

 

Dentro de esta medición, en aspectos como “independencia de la Justicia” la Argentina se ubica en el puesto 133° y en “favoritismo en las decisiones de los funcionarios públicos” aparece 143° entre 144 países.

 

Estos rankings muestran aproximaciones sobre cuestiones que son muy difíciles de medir con rigurosa objetividad.

 

Pero más allá de las subjetividades y ambigüedades, de manera sistemática se ubica al país en posiciones muy rezagadas.

Participación del Grupo Clarín en el mercado de TV por cable

 Las fuentes y los datos en formato Excel utilizados en este informe pueden ser solicitados a info@idesa.org

 

 

 

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