Brasil: normas que perjudican parece- a accionistas minoritarios

Se trata de una oferta formulada por la estatal Petróleos Brasileiros (Petrobrás) y dos asociados para tomar la petroquìmica Ipiranga. El acuerdo data de marzo, pero ahora un grupo de fondos especulativos la cuestiona antela comissão de valores mobiliários (CVM).

A raíz de ello, la entidad investiga una presunta maniobra con títulos usando datos reservados (“insider’s trading”) en prejuicio de accionistas minoritarios. Esto es moneda corriente en San Pablo y Río de Janeiro. Ocurre que miembros del clan fundador de Ipiranga aceptaron vender participaciones por más de mil millones percibiendo una prima alta sobre el precio de mercado.

Pero otros accionistas fueron objeto de distinto trato: un intercambio de acciones nuevas por valor nominal cercano al de los papeles en su poder. La propia evolución del paquete Ipiranga en bolsa es sospechosa: en los primeros siete meses, los títulos con voto subieron 168% y los sin voto apenas 26% (entretanto, el Bovespa ascendía 19%).

Según la legislación brasileña, en este tipo de casos la firma adquirente del control es la que define en valor de papeles sin voto. Teóricamente, debiera ser un precio justo. Pero el texto legal se presta a tergiversaciones y eso subraya la demanda interpuesta. El contexto es tan poco transparente que, en 2000, la bolsa paulista estableció un “mercado nuevo”, ceñido a parámetros de Nueva York. Hasta el momento, el MN atrajo veinte ofertas públicas iniciales (OPI) y treinta en enero-junio de 2007.

Pero el mercado antiguo reúne todavía empresas familiares –un anacronismo típico de la región- y estatales. El hecho de que los clanes retengan el control de paquetes explica que 70% de las compañías cotizantes siga en el mercado viejo, donde pasan cosas como la de Ipiranga.

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Una alianza de cinco fondos grandes reclama ante la CVM y exige frenar el acuerdo, reservándose la opción a acudir ante los tribunales. En este punto surge otro tema: Petrobrás se lanzó a comprar Ipiranga para impedir que la absorbiese otro gigante estatal, Petróleos de Venezuela. Eso le habría permitido a la compañía caribeña establecer una vasta red distribuidora en Brasil. Algunos analistas creen que esto –ignorado completamente en Buenos Aires- explica los recientes roces entre Hugo Chávez y Luiz Inácio da Silva.

Para apurar la transacción, Petrobrás y sus socios pagaron alrededor de mil millones a 65 miembros de las cinco familias participantes en Ipiranga. Esto, que en Estados Unidos habría desatado un escándalo, le da control sobre más de la mitad del paquete. Uno de los asociados, grupo Ultra, se quedará con casi todas las 4.200 estaciones de servicio de Ipiranga, para lo cual ofrece tomar el resto de los títulos con voto.

A juicio de Polo Capital (un fondo de cobertura, o sea derivados), que encabeza el quinteto demandante y tiene 30% de las acciones sin voto, nada de eso habría sido posible sin acceso ilegal a información reservada de Ipiranga. En San Pablo, creen que Deutsche Bank está detrás de Polo.

Se trata de una oferta formulada por la estatal Petróleos Brasileiros (Petrobrás) y dos asociados para tomar la petroquìmica Ipiranga. El acuerdo data de marzo, pero ahora un grupo de fondos especulativos la cuestiona antela comissão de valores mobiliários (CVM).

A raíz de ello, la entidad investiga una presunta maniobra con títulos usando datos reservados (“insider’s trading”) en prejuicio de accionistas minoritarios. Esto es moneda corriente en San Pablo y Río de Janeiro. Ocurre que miembros del clan fundador de Ipiranga aceptaron vender participaciones por más de mil millones percibiendo una prima alta sobre el precio de mercado.

Pero otros accionistas fueron objeto de distinto trato: un intercambio de acciones nuevas por valor nominal cercano al de los papeles en su poder. La propia evolución del paquete Ipiranga en bolsa es sospechosa: en los primeros siete meses, los títulos con voto subieron 168% y los sin voto apenas 26% (entretanto, el Bovespa ascendía 19%).

Según la legislación brasileña, en este tipo de casos la firma adquirente del control es la que define en valor de papeles sin voto. Teóricamente, debiera ser un precio justo. Pero el texto legal se presta a tergiversaciones y eso subraya la demanda interpuesta. El contexto es tan poco transparente que, en 2000, la bolsa paulista estableció un “mercado nuevo”, ceñido a parámetros de Nueva York. Hasta el momento, el MN atrajo veinte ofertas públicas iniciales (OPI) y treinta en enero-junio de 2007.

Pero el mercado antiguo reúne todavía empresas familiares –un anacronismo típico de la región- y estatales. El hecho de que los clanes retengan el control de paquetes explica que 70% de las compañías cotizantes siga en el mercado viejo, donde pasan cosas como la de Ipiranga.

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Una alianza de cinco fondos grandes reclama ante la CVM y exige frenar el acuerdo, reservándose la opción a acudir ante los tribunales. En este punto surge otro tema: Petrobrás se lanzó a comprar Ipiranga para impedir que la absorbiese otro gigante estatal, Petróleos de Venezuela. Eso le habría permitido a la compañía caribeña establecer una vasta red distribuidora en Brasil. Algunos analistas creen que esto –ignorado completamente en Buenos Aires- explica los recientes roces entre Hugo Chávez y Luiz Inácio da Silva.

Para apurar la transacción, Petrobrás y sus socios pagaron alrededor de mil millones a 65 miembros de las cinco familias participantes en Ipiranga. Esto, que en Estados Unidos habría desatado un escándalo, le da control sobre más de la mitad del paquete. Uno de los asociados, grupo Ultra, se quedará con casi todas las 4.200 estaciones de servicio de Ipiranga, para lo cual ofrece tomar el resto de los títulos con voto.

A juicio de Polo Capital (un fondo de cobertura, o sea derivados), que encabeza el quinteto demandante y tiene 30% de las acciones sin voto, nada de eso habría sido posible sin acceso ilegal a información reservada de Ipiranga. En San Pablo, creen que Deutsche Bank está detrás de Polo.