Yacyretá: el Gobierno suspendió un contrato millonario con una consultora multinacional
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, anunció la suspensión del contrato que se mantuvo por 25 años. El asesoramiento técnico que brindaba la consultora costaba 650 mil dólares mensuales.
De Vido hizo el anuncio oficial durante una conferencia de
prensa que ofreció en la Casa de Gobierno, en la que informó que
el Comité Ejecutivo de la represa argentino-paraguaya estipuló
un plazo de 45 días para resolver qué sucederá con la relación
entre el Estado y la consultora, que desde 1999 hasta el 30 de
junio de 2003 cobró 32 millones de dólares “sin ninguna obra
ejecutada”, según aseguró el funcionario.
Durante el período de suspensión, “la Comisión tomará una
decisión definitiva respecto de la continuidad o no de la relación
contractual”, afirmó De Vido durante la rueda de prensa.
Además, indicó que la medida se adoptó “en acuerdo” con el
gobierno de Paraguay, mediante el diálogo que el propio De Vido
mantuvo con el ministro de Obras Públicas de ese país, José
Alderete, quien será el encargado de resolver el futuro del
contrato por parte de la nación vecina.
De Vido explicó que éste fue el único contrato que no se había
pesificado luego de la devaluación.
Durante el período de suspensión, “la Comisión tomará una
decisión definitiva respecto de la continuidad o no de la relación
contractual”, afirmó De Vido.
En la conferencia de prensa que ofreció en la Casa de
Gobierno, De Vido indicó, además, que la medida se adoptó “en
acuerdo” con el gobierno de Paraguay, mediante el diálogo que el
propio De Vido mantuvo con el ministro de Obras Públicas guaraní,
José Alderete, quien será el encargado de resolver el futuro del
polémico contrato por el país vecino.
El funcionario explicó que éste fue el único contrato que no se
pesificó luego de la devaluación.
El ministro hizo el anuncio acompañado por el secretario de
Energía, Daniel Cameron, y el titular del ente binacional
Yacyretá, Oscar Thomas.
En ese marco, Cameron precisó que por decisión del presidente
Néstor Kirchner se realizó “una serie de trabajos dirigidos a
mejorar la eficiencia, la transparencia y definir las obras
concretas para terminar las obras (de Yacyretá), en el menor plazo
posible”.
Además, precisó que mensualmente se pagan por el contrato “unos
650 mil dólares mensuales, que equivalen al 25 por ciento de los
ingresos por venta de energía de la EBY o a la totalidad de los
sueldos que paga el organismo”.
Cameron advirtió que si se tienen en cuenta las
contraprestaciones que hace la consultora, la erogación mensual
“no se compadece con lo que está pagando el EBY”.
Y señaló que en el Gobierno evalúan que el contrato “está muy
próximo a finiquitarse, y es muy probable que con personal propio
empecemos a asumir algunas de las responsabilidades que
teóricamente tiene la consultora”.
La Comisión Técnica Mixta Yacyretá-Apipé contrató mediante una
selección previa a la firma Harza de Chicago y a Lahmeyer en 1974;
en 1979 se contrató la consultoría de CIDY, que hoy fue
suspendida.
CIDY es un agrupamiento de firmas consultoras compuesto por
Harza, Lahmeyer, un conjunto de consultoras argentinas denominado
COADY y otro tanto de firmas paraguayas denominado ETIC.
Hasta el momento de terminación de las obras, fueron pagados
por este contrato 448 millones de dólares, que representan el 15
por ciento de la inversión destinada a la central hidroeléctrica.
El megacontrato que el gobierno busca anular implicó para la
ente binacional un desembolso de casi 500 millones de dólares
entre 1979 y mediados de este año.
De Vido hizo el anuncio oficial durante una conferencia de
prensa que ofreció en la Casa de Gobierno, en la que informó que
el Comité Ejecutivo de la represa argentino-paraguaya estipuló
un plazo de 45 días para resolver qué sucederá con la relación
entre el Estado y la consultora, que desde 1999 hasta el 30 de
junio de 2003 cobró 32 millones de dólares “sin ninguna obra
ejecutada”, según aseguró el funcionario.
Durante el período de suspensión, “la Comisión tomará una
decisión definitiva respecto de la continuidad o no de la relación
contractual”, afirmó De Vido durante la rueda de prensa.
Además, indicó que la medida se adoptó “en acuerdo” con el
gobierno de Paraguay, mediante el diálogo que el propio De Vido
mantuvo con el ministro de Obras Públicas de ese país, José
Alderete, quien será el encargado de resolver el futuro del
contrato por parte de la nación vecina.
De Vido explicó que éste fue el único contrato que no se había
pesificado luego de la devaluación.
Durante el período de suspensión, “la Comisión tomará una
decisión definitiva respecto de la continuidad o no de la relación
contractual”, afirmó De Vido.
En la conferencia de prensa que ofreció en la Casa de
Gobierno, De Vido indicó, además, que la medida se adoptó “en
acuerdo” con el gobierno de Paraguay, mediante el diálogo que el
propio De Vido mantuvo con el ministro de Obras Públicas guaraní,
José Alderete, quien será el encargado de resolver el futuro del
polémico contrato por el país vecino.
El funcionario explicó que éste fue el único contrato que no se
pesificó luego de la devaluación.
El ministro hizo el anuncio acompañado por el secretario de
Energía, Daniel Cameron, y el titular del ente binacional
Yacyretá, Oscar Thomas.
En ese marco, Cameron precisó que por decisión del presidente
Néstor Kirchner se realizó “una serie de trabajos dirigidos a
mejorar la eficiencia, la transparencia y definir las obras
concretas para terminar las obras (de Yacyretá), en el menor plazo
posible”.
Además, precisó que mensualmente se pagan por el contrato “unos
650 mil dólares mensuales, que equivalen al 25 por ciento de los
ingresos por venta de energía de la EBY o a la totalidad de los
sueldos que paga el organismo”.
Cameron advirtió que si se tienen en cuenta las
contraprestaciones que hace la consultora, la erogación mensual
“no se compadece con lo que está pagando el EBY”.
Y señaló que en el Gobierno evalúan que el contrato “está muy
próximo a finiquitarse, y es muy probable que con personal propio
empecemos a asumir algunas de las responsabilidades que
teóricamente tiene la consultora”.
La Comisión Técnica Mixta Yacyretá-Apipé contrató mediante una
selección previa a la firma Harza de Chicago y a Lahmeyer en 1974;
en 1979 se contrató la consultoría de CIDY, que hoy fue
suspendida.
CIDY es un agrupamiento de firmas consultoras compuesto por
Harza, Lahmeyer, un conjunto de consultoras argentinas denominado
COADY y otro tanto de firmas paraguayas denominado ETIC.
Hasta el momento de terminación de las obras, fueron pagados
por este contrato 448 millones de dólares, que representan el 15
por ciento de la inversión destinada a la central hidroeléctrica.
El megacontrato que el gobierno busca anular implicó para la
ente binacional un desembolso de casi 500 millones de dólares
entre 1979 y mediados de este año.
