Winograd dice qué hizo y qué hará

– ¿Cómo se hace para introducir competencia en los mercados de comercio minorista, combustibles y telecomunicaciones, cuando en cada uno de ellos existen empresas claramente dominantes?

– La respuesta es simple: derrumbando las barreras a la entrada, ya sea legales o creadas por las prácticas de algunas empresas. Lamentablemente, al momento de las privatizaciones, la calidad competitiva de los mercados de servicios públicos no fue una de las preocupaciones de la anterior administración. A pesar de los avances evidentes en la prestación de los servicios, resulta innegable que durante los últimos años la competitividad de nuestra economía se vio seriamente afectada por no haber puesto el acento en favorecer la libre competencia. Es por eso que este gobierno estableció como uno de sus objetivos prioritarios la introducción de competencia en todos aquellos mercados donde sea posible. Queda mucho por hacer, pero ya podemos exhibir resultados concretos en varios frentes.

– En la Argentina es frecuente que, ante cualquier intento de regulación, las empresas involucradas hablen de inseguridad jurídica y amenacen con cancelar inversiones. ¿Cómo afecta esto el clima de negociación?

– La defensa de la competencia sólo puede ser efectiva si se lleva adelante con rigor y con respeto por la seguridad jurídica. Para eso, hay que garantizar la vigencia de las leyes y, en nuestro caso, la de defensa de la competencia. Es decir, siempre que defendamos la competencia, estaremos contribuyendo a fortalecer la seguridad jurídica en nuestro país y, por lo tanto, estaremos incentivando las inversiones.

– Pero, en estos casos, ¿hay o no negociaciones con las empresas?

– Hay diálogos, porque son los principales actores. El Estado no debe determinar precios ni estrategias, pero debe tomar la responsabilidad de generar un marco regulatorio en el que pueda expresarse la mayor diversidad de estrategias empresarias. Por ejemplo, en el caso de Endesa, alguien podría decir que cambiamos las reglas, pero, en realidad, lo que hacemos es afirmar la seguridad jurídica, al aclarar que existen reglas que deben ser cumplidas por todos los actores.

– Hace unos meses, Carlos Richter, presidente de Carrefour, decía que no iba a firmar el código de buenas prácticas con los proveedores porque, sin denuncias concretas, no se podría medir la efectividad del acuerdo en el futuro. Sin embargo, Carrefour finalmente lo firmó, días después de que usted viajara a Francia, donde, según se dijo, se reunió con la plana mayor de la casa matriz.

– Esta Secretaría tiene las puertas abiertas para discutir y aprender de la actividad empresaria. En este caso, los cambios de actitud de algunos empresarios, están dentro de las posibilidades y no voy a hacer un análisis particular de estos comportamientos. Cuando los cambios son beneficiosos para el sector, deben ser bienvenidos y creo que en este caso se debe destacar que las empresas se reunieron para someterse a un proceso intenso de negociación, y constituyeron un mecanismo sin precedentes en la Argentina, que intenta resolver mediante la autorregulación tensiones comerciales que llevan más de 20 años.

– ¿Esta Secretaría elaborará un nuevo marco jurídico para la defensa del consumidor?

– Por ahora no lo tenemos planeado. Creemos que el desafío que se nos presenta es, por el contrario, usar la normativa vigente de manera más proactiva, eliminando asimetrías en la información, previniendo abusos, y promoviendo la oferta responsable y competitiva. En otras palabras, creemos que los múltiples abusos a los que han estado expuesto los consumidores, en particular durante la última década, se deben más a una deficiente aplicación de la legislación vigente que a sus limitaciones. Cambiar leyes es relativamente fácil. Hacerlas cumplir y respetarlas, no tanto. La historia argentina es elocuente al respecto.

Rodolfo Manuel Barros

Más información en MERCADO de septiembre de 2000.

– ¿Cómo se hace para introducir competencia en los mercados de comercio minorista, combustibles y telecomunicaciones, cuando en cada uno de ellos existen empresas claramente dominantes?

– La respuesta es simple: derrumbando las barreras a la entrada, ya sea legales o creadas por las prácticas de algunas empresas. Lamentablemente, al momento de las privatizaciones, la calidad competitiva de los mercados de servicios públicos no fue una de las preocupaciones de la anterior administración. A pesar de los avances evidentes en la prestación de los servicios, resulta innegable que durante los últimos años la competitividad de nuestra economía se vio seriamente afectada por no haber puesto el acento en favorecer la libre competencia. Es por eso que este gobierno estableció como uno de sus objetivos prioritarios la introducción de competencia en todos aquellos mercados donde sea posible. Queda mucho por hacer, pero ya podemos exhibir resultados concretos en varios frentes.

– En la Argentina es frecuente que, ante cualquier intento de regulación, las empresas involucradas hablen de inseguridad jurídica y amenacen con cancelar inversiones. ¿Cómo afecta esto el clima de negociación?

– La defensa de la competencia sólo puede ser efectiva si se lleva adelante con rigor y con respeto por la seguridad jurídica. Para eso, hay que garantizar la vigencia de las leyes y, en nuestro caso, la de defensa de la competencia. Es decir, siempre que defendamos la competencia, estaremos contribuyendo a fortalecer la seguridad jurídica en nuestro país y, por lo tanto, estaremos incentivando las inversiones.

– Pero, en estos casos, ¿hay o no negociaciones con las empresas?

– Hay diálogos, porque son los principales actores. El Estado no debe determinar precios ni estrategias, pero debe tomar la responsabilidad de generar un marco regulatorio en el que pueda expresarse la mayor diversidad de estrategias empresarias. Por ejemplo, en el caso de Endesa, alguien podría decir que cambiamos las reglas, pero, en realidad, lo que hacemos es afirmar la seguridad jurídica, al aclarar que existen reglas que deben ser cumplidas por todos los actores.

– Hace unos meses, Carlos Richter, presidente de Carrefour, decía que no iba a firmar el código de buenas prácticas con los proveedores porque, sin denuncias concretas, no se podría medir la efectividad del acuerdo en el futuro. Sin embargo, Carrefour finalmente lo firmó, días después de que usted viajara a Francia, donde, según se dijo, se reunió con la plana mayor de la casa matriz.

– Esta Secretaría tiene las puertas abiertas para discutir y aprender de la actividad empresaria. En este caso, los cambios de actitud de algunos empresarios, están dentro de las posibilidades y no voy a hacer un análisis particular de estos comportamientos. Cuando los cambios son beneficiosos para el sector, deben ser bienvenidos y creo que en este caso se debe destacar que las empresas se reunieron para someterse a un proceso intenso de negociación, y constituyeron un mecanismo sin precedentes en la Argentina, que intenta resolver mediante la autorregulación tensiones comerciales que llevan más de 20 años.

– ¿Esta Secretaría elaborará un nuevo marco jurídico para la defensa del consumidor?

– Por ahora no lo tenemos planeado. Creemos que el desafío que se nos presenta es, por el contrario, usar la normativa vigente de manera más proactiva, eliminando asimetrías en la información, previniendo abusos, y promoviendo la oferta responsable y competitiva. En otras palabras, creemos que los múltiples abusos a los que han estado expuesto los consumidores, en particular durante la última década, se deben más a una deficiente aplicación de la legislación vigente que a sus limitaciones. Cambiar leyes es relativamente fácil. Hacerlas cumplir y respetarlas, no tanto. La historia argentina es elocuente al respecto.

Rodolfo Manuel Barros

Más información en MERCADO de septiembre de 2000.