Washington respaldó a la Argentina ante un juez federal
Más allá de los gestos en Monterrey, el gobierno norteamericano dio muestras concretas de apoyo y tomó distancia de los acreedores privados. En dos documentos significativos, recomendó a un juez no autorizar embargos sobre pagos argentinos.
En una iniciativa poco usual, Washington actuó velozmente para impedir un cese de pagos argentino con el Fondo Monetario Internacional. De paso, facilita una restructuración de la deuda titulizada.
El Poder Ejecutivo, en efecto, elevó al juez federal Thomas Griesa (maneja demandas entabladas por cuenta de acreedores privados) una “declaración de interés”. Ahí pide “se inhiba a los querellantes de interferir con los pagos de Argentina a sus acreedores”. Al mismo tiempo, el Sistema de Reserva Federal produjo un dictamen no vinculante, pero de peso.
Basado en un concepto de derecho romano (“amicus curiae” es quien, no siendo parte en un juicio, aporta opiniones calificadas como “amigo de la hacienda pública”), el recurso se ha empleado muy pocas veces después de 1947, cuando benefició a Gran Bretaña. Dos de ellas contra pretensiones de acreedores privados de Nicaragua y Brasil.
Entre otras cosas –según fuentes británicas-, el SRF recomienda que “todo pago se realice en forma y a tiempo”. Al respecto, se remite a precedentes sobre Perú, originados en el tribunal de Bruselas.
Observadores en Nueva York, Londres y Brasilia creen que Néstor Kirchner y Roberto Lavagna tuvieron acceso a ambas presentaciones el martes a primera hora. Eso explica el tono moderado del mensaje presidencial al cierre de la cumbre mexicana.
“Creemos que los principios contenidos en el documento final del consenso de Monterrey, marzo de 2002, son una buena base para diseñar una especie Plan Marshall”, sostuvo el mandatario argentino. “Sería muy bueno que el gobierno estadounidense se dispusiese, junto al resto del continente, a aplicar el criterio de compensación de la deuda que se utiliza en otras latitudes”.
Obviamente, Kirchner aludía a la propuesta anglonorteamericana de perdonar buena parte de la deuda externa iraquí. Este antecedente y los dos documentos ante el juez Griesa dejan malparados a la “agencia” de acreedores privados –de todos modos, ésta también ha moderado posiciones- y su ideólogo, Adam Lerrick.
En cuanto a la relación de Argentina con los organismos multilaterales de crédito, el mandatario reiteró la política de “no pagar lo comprometido de un modo que nos cierre las perspectivas de expansión económica y genere más pobreza. Sufrimos presiones, indefiniciones y demoras por parte de funcionarios que parecen no entender la necesidad de crecer para afrontar deudas”.
Además, Kirchner aprovechó para cargar nuevamente contra el modelo económico aplicado en los 90. El pasado cercano y el presente “prueban la fragilidad del ajuste permanente. El mundo necesita un nuevo paradigma de” desarrollo”.
Por su parte, George W.Bush, tras la reunión con el colega argentino, ratificó su apoyo a la renegociación de la deuda externa, tal como la lleva adelante Buenos Aires y subrayó que -ante la situación que atraviesa Latinoamérica, el papel del país es relevante para la estabilidad institucional en la región. Calificó de “habladurías” versiones circulantes en medios financieros poniendo en duda la intención argentina de cumplir sus obligaciones externas.
En términos generales, el saldo de Monterrey 2004 no ha sido favorable a EE.UU. Primero, Brasil logró frenar presiones de Washington para imponer 2005 como plazo a la definición de una futura área de libre comercio americana (ALCA). Segundo, debió aceptar a Canadá–que criticó la invasión a Irak- como eventual contratista de obras, insumos y servicios en ese país.
Asimismo, Brasil dejó en claro que la experiencia latinoamericana posterior a la II guerra mundial muestra que promover aperturas y flujos comerciales –como lo pide Bush- no genera desarrollo ni mejora los niveles de vida en economías periféricas. En especial, si se lo toma como mecanismos único y, además, las potencias no desisten de subsidiar productos y consumidores propios.
En una iniciativa poco usual, Washington actuó velozmente para impedir un cese de pagos argentino con el Fondo Monetario Internacional. De paso, facilita una restructuración de la deuda titulizada.
El Poder Ejecutivo, en efecto, elevó al juez federal Thomas Griesa (maneja demandas entabladas por cuenta de acreedores privados) una “declaración de interés”. Ahí pide “se inhiba a los querellantes de interferir con los pagos de Argentina a sus acreedores”. Al mismo tiempo, el Sistema de Reserva Federal produjo un dictamen no vinculante, pero de peso.
Basado en un concepto de derecho romano (“amicus curiae” es quien, no siendo parte en un juicio, aporta opiniones calificadas como “amigo de la hacienda pública”), el recurso se ha empleado muy pocas veces después de 1947, cuando benefició a Gran Bretaña. Dos de ellas contra pretensiones de acreedores privados de Nicaragua y Brasil.
Entre otras cosas –según fuentes británicas-, el SRF recomienda que “todo pago se realice en forma y a tiempo”. Al respecto, se remite a precedentes sobre Perú, originados en el tribunal de Bruselas.
Observadores en Nueva York, Londres y Brasilia creen que Néstor Kirchner y Roberto Lavagna tuvieron acceso a ambas presentaciones el martes a primera hora. Eso explica el tono moderado del mensaje presidencial al cierre de la cumbre mexicana.
“Creemos que los principios contenidos en el documento final del consenso de Monterrey, marzo de 2002, son una buena base para diseñar una especie Plan Marshall”, sostuvo el mandatario argentino. “Sería muy bueno que el gobierno estadounidense se dispusiese, junto al resto del continente, a aplicar el criterio de compensación de la deuda que se utiliza en otras latitudes”.
Obviamente, Kirchner aludía a la propuesta anglonorteamericana de perdonar buena parte de la deuda externa iraquí. Este antecedente y los dos documentos ante el juez Griesa dejan malparados a la “agencia” de acreedores privados –de todos modos, ésta también ha moderado posiciones- y su ideólogo, Adam Lerrick.
En cuanto a la relación de Argentina con los organismos multilaterales de crédito, el mandatario reiteró la política de “no pagar lo comprometido de un modo que nos cierre las perspectivas de expansión económica y genere más pobreza. Sufrimos presiones, indefiniciones y demoras por parte de funcionarios que parecen no entender la necesidad de crecer para afrontar deudas”.
Además, Kirchner aprovechó para cargar nuevamente contra el modelo económico aplicado en los 90. El pasado cercano y el presente “prueban la fragilidad del ajuste permanente. El mundo necesita un nuevo paradigma de” desarrollo”.
Por su parte, George W.Bush, tras la reunión con el colega argentino, ratificó su apoyo a la renegociación de la deuda externa, tal como la lleva adelante Buenos Aires y subrayó que -ante la situación que atraviesa Latinoamérica, el papel del país es relevante para la estabilidad institucional en la región. Calificó de “habladurías” versiones circulantes en medios financieros poniendo en duda la intención argentina de cumplir sus obligaciones externas.
En términos generales, el saldo de Monterrey 2004 no ha sido favorable a EE.UU. Primero, Brasil logró frenar presiones de Washington para imponer 2005 como plazo a la definición de una futura área de libre comercio americana (ALCA). Segundo, debió aceptar a Canadá–que criticó la invasión a Irak- como eventual contratista de obras, insumos y servicios en ese país.
Asimismo, Brasil dejó en claro que la experiencia latinoamericana posterior a la II guerra mundial muestra que promover aperturas y flujos comerciales –como lo pide Bush- no genera desarrollo ni mejora los niveles de vida en economías periféricas. En especial, si se lo toma como mecanismos único y, además, las potencias no desisten de subsidiar productos y consumidores propios.
