Un plan financiero alternativo cubrirá vencimientos e inversiones
El gobierno nacional optó por mantener el default de la deuda con el Club de París y los holdouts, y a cambio estudia sacar un plan de financiamiento alternativo para cubrir los vencimientos de la segunda mitad de este año por US$ 4.000 millones.
El ministro de Economía, Martín Lousteau, sondeó a ejecutivos del Citigroup y del Barklays para evaluar la factibilidad de emitir un nuevo bono que brinde un rendimiento de 10 % promedio, parte de cuya colocación se haría a través de Venezuela, como sucediera con los Boden en la primera etapa de la administración de Néstor Kirchner.
El llamado “valija-gate”, que tensó las relaciones del país con Washington, fue invocado por la Casa Rosada como el causante de la interrupción de las conversaciones que se venían manteniendo con el Departamento del Tesoro norteamericano y el director gerente del FMI, Strauss-Khan, para normalizar las vías de contacto con la comunidad financiera internacional, empezando por el Club de París.
De ahí que se hiciera partícipe al presidente Hugo Chávez de la brecha que se abrirá en las finanzas del país, como represalia por el acercamiento político del gobierno nacional al líder bolivariano.
El plan B que estudian en el Palacio de Hacienda tiene su pilar en la emisión de un bono con adhesión previamente asegurada, aunque ya vino juntando financiación mediante la suscripción forzosa de títulos por parte de las AFJP, compañías aseguradoras y a la propia caja previsional.
También se apelará al 20 % del excedente que maneja Anses, engrosado ahora con los pases de las AFJP al régimen estatal de reparto de aproximadamente 1,6 millones de aportantes, si es que el total de los que bajaron la planilla de Internet concretan el traslado. Se calcula que ese refuerzo ascenderá a los US$ 4.000 millones.
Las AFJP
El diario especializado El Cronista explica que, a través de la reforma previsional, el Estado había obligado a las Administradores de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) a invertir como mínimo 5% de sus recursos en proyectos productivos e infraestructura. El máximo es de 20%. Como la cartera de los fondos de pensión ronda los $ 95.000 millones, las firmas deberán colocar $ 5.000 millones en activos vinculados con la obra pública.
Algo similar ocurrirá con la ANSeS, que dirige Claudio Moroni, y el sistema de reparto, dice el matutino. El ahorro acumulado de la entidad en los últimos cuatro años suma $ 20.000 millones y 20% del total, en lugar de ser el techo de inversión en infraestructura como ocurre en el régimen de capitalización, será el piso para invertir.
La medida tiene como objetivo reducir el costo del crédito y mantener la tendencia alcista del gasto de capital.
La decisión ya recibió las críticas de quienes argumentan que los fondos previsionales sólo pueden utilizarse para fines específicos, como marca la Ley. Además, la Corte Suprema de Justicia instó en dos oportunidades al Ejecutivo a que avance en una normativa que garantice la movilidad de los haberes jubilatorios, pero el Gobierno continúa con la política de aumentos discrecionales y no previó en el Presupuesto 2008 actualizar las jubilaciones a pesar de la inflación.
Los defensores de la iniciativa sostienen que el aumento promedio a los jubilados durante la gestión K fue de 108%, por encima de la inflación oficial, que alcanza 101% desde la salida de la convertibilidad. Y para las jubilaciones mínimas, el incremento fue superior.
Desde algunos sectores del oficialismo, también pretenden que las provincias y municipios puedan acceder a los recursos del Fondo de Garantía Previsional de manera directa si emiten títulos que tengan una garantía de coparticipación. “El ahorro previsional, que es de largo plazo, es el más apropiado para financiar obras públicas que en muchos casos pueden tener hasta 10 o 20 años de maduración en el proyecto”, comentaron fuentes oficiales.
Con esa salvedad de la mayor participación de inversiones en la economía real, el Fondo de Garantías de ANSeS replicará la conformación del portafolio de las AFJP, lo que permitirá obtener rentabilidad. Las administradoras quedaron obligadas a elevar hasta un total de 5% de sus recursos la inversión en proyectos productivos pero tendrán cinco años para hacerlo. En octubre de 2008, recién deberán mostrar que 1% de su cartera responde a esta orientación. Algunas opciones que se barajan para lograr el cometido apuntan al área agropecuaria y de vivienda.
La decisión de hacer gradual la meta del famoso “inciso Q” de la ley previsional se debe a que de otra forma las administradoras deberían desarmar posiciones de inversión y podrían agregar volatilidad a los ya golpeados mercados de capitales.
Los ingresos mensuales de $ 600 millones en el régimen privado permitirán invertir en obras sin alterar el portafolio actual de activos. Mientras, la inyección de liquidez que recibió el sistema de reparto con la reforma previsional y la urgencia en resolver el financiamiento energético harán que la inversión productiva sea más rápida, dando oxígeno al primero año de gestión de Cristina Kirchner.
El ministro de Economía, Martín Lousteau, sondeó a ejecutivos del Citigroup y del Barklays para evaluar la factibilidad de emitir un nuevo bono que brinde un rendimiento de 10 % promedio, parte de cuya colocación se haría a través de Venezuela, como sucediera con los Boden en la primera etapa de la administración de Néstor Kirchner.
El llamado “valija-gate”, que tensó las relaciones del país con Washington, fue invocado por la Casa Rosada como el causante de la interrupción de las conversaciones que se venían manteniendo con el Departamento del Tesoro norteamericano y el director gerente del FMI, Strauss-Khan, para normalizar las vías de contacto con la comunidad financiera internacional, empezando por el Club de París.
De ahí que se hiciera partícipe al presidente Hugo Chávez de la brecha que se abrirá en las finanzas del país, como represalia por el acercamiento político del gobierno nacional al líder bolivariano.
El plan B que estudian en el Palacio de Hacienda tiene su pilar en la emisión de un bono con adhesión previamente asegurada, aunque ya vino juntando financiación mediante la suscripción forzosa de títulos por parte de las AFJP, compañías aseguradoras y a la propia caja previsional.
También se apelará al 20 % del excedente que maneja Anses, engrosado ahora con los pases de las AFJP al régimen estatal de reparto de aproximadamente 1,6 millones de aportantes, si es que el total de los que bajaron la planilla de Internet concretan el traslado. Se calcula que ese refuerzo ascenderá a los US$ 4.000 millones.
Las AFJP
El diario especializado El Cronista explica que, a través de la reforma previsional, el Estado había obligado a las Administradores de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) a invertir como mínimo 5% de sus recursos en proyectos productivos e infraestructura. El máximo es de 20%. Como la cartera de los fondos de pensión ronda los $ 95.000 millones, las firmas deberán colocar $ 5.000 millones en activos vinculados con la obra pública.
Algo similar ocurrirá con la ANSeS, que dirige Claudio Moroni, y el sistema de reparto, dice el matutino. El ahorro acumulado de la entidad en los últimos cuatro años suma $ 20.000 millones y 20% del total, en lugar de ser el techo de inversión en infraestructura como ocurre en el régimen de capitalización, será el piso para invertir.
La medida tiene como objetivo reducir el costo del crédito y mantener la tendencia alcista del gasto de capital.
La decisión ya recibió las críticas de quienes argumentan que los fondos previsionales sólo pueden utilizarse para fines específicos, como marca la Ley. Además, la Corte Suprema de Justicia instó en dos oportunidades al Ejecutivo a que avance en una normativa que garantice la movilidad de los haberes jubilatorios, pero el Gobierno continúa con la política de aumentos discrecionales y no previó en el Presupuesto 2008 actualizar las jubilaciones a pesar de la inflación.
Los defensores de la iniciativa sostienen que el aumento promedio a los jubilados durante la gestión K fue de 108%, por encima de la inflación oficial, que alcanza 101% desde la salida de la convertibilidad. Y para las jubilaciones mínimas, el incremento fue superior.
Desde algunos sectores del oficialismo, también pretenden que las provincias y municipios puedan acceder a los recursos del Fondo de Garantía Previsional de manera directa si emiten títulos que tengan una garantía de coparticipación. “El ahorro previsional, que es de largo plazo, es el más apropiado para financiar obras públicas que en muchos casos pueden tener hasta 10 o 20 años de maduración en el proyecto”, comentaron fuentes oficiales.
Con esa salvedad de la mayor participación de inversiones en la economía real, el Fondo de Garantías de ANSeS replicará la conformación del portafolio de las AFJP, lo que permitirá obtener rentabilidad. Las administradoras quedaron obligadas a elevar hasta un total de 5% de sus recursos la inversión en proyectos productivos pero tendrán cinco años para hacerlo. En octubre de 2008, recién deberán mostrar que 1% de su cartera responde a esta orientación. Algunas opciones que se barajan para lograr el cometido apuntan al área agropecuaria y de vivienda.
La decisión de hacer gradual la meta del famoso “inciso Q” de la ley previsional se debe a que de otra forma las administradoras deberían desarmar posiciones de inversión y podrían agregar volatilidad a los ya golpeados mercados de capitales.
Los ingresos mensuales de $ 600 millones en el régimen privado permitirán invertir en obras sin alterar el portafolio actual de activos. Mientras, la inyección de liquidez que recibió el sistema de reparto con la reforma previsional y la urgencia en resolver el financiamiento energético harán que la inversión productiva sea más rápida, dando oxígeno al primero año de gestión de Cristina Kirchner.
