Un informe de la SIGEN asegura que hubo “falencias” en el megacanje
El documento puede complicar la situación procesal del ex ministro de Economía Domingo Cavallo que está siendo investigado por esta causa.
La Sindicatura General de la Nación realizó una auditoría en la
causa en la que Cavallo y otra serie de ex funcionarios de la
cartera económica se encuentran imputados de ser presuntos
“coautores” en el delito de “defraudación contra la administración
pública”.
Según el informe técnico al que tuvo acceso la agencia Noticias
Argentinas, en la instrumentación del megacanje “se han detectado
falencias en la etapa de definición del convenio con los
operadores intermediarios, en la implementación de las
liquidaciones y pagos y en su registración”.
Los auditores también detectaron fallas “en la determinación de
controles incorporados en las definiciones normativas” y
mencionaron el caso de la “ausencia de indicadores de desempeño de
los colocadores principales que enmarquen las obligaciones y
funciones de los mismos”.
“No constan procedimientos formales, criterios metodológicos y
sustentación técnica de las decisiones adoptadas que son el
requisito esencial de los actos de Gobierno y aportan
transparencia que debe caracterizar la administración de recursos
públicos”, sostuvieron los investigadores.
El informe, que lleva la firma de la síndica adjunta Claudia
Villavicencio y el subgerente de Economía y Producción Marcelo
Domínguez, destaca “la ausencia de un adecuado respaldo que
justifique la definición del porcentaje de comisiones fijadas para
los bancos privados en su carácter de colocadores de la
operación”.
En otro de los párrafos se informa que los “pagos efectuados no
sobrepasaron el tope dispuesto por el decreto 648/01 de canje de
deuda”, pero advierte que “esa situación podría revertirse por las
falencias en la definición de metodología para el reconocimiento
de gastos y las debilidades de control interno en los
procedimientos de administración para esta operatoria”.
El 8 de mayo último los fiscales Federico Delgado y Eduardo
Freiler pidieron al juez federal Jorge Luis Ballestero el
procesamiento de Cavallo y reclamaron la declaración indagatoria
del ex presidente Fernando de la Rúa.
Los fiscales remarcaron que Cavallo, al momento de prestar
declaración indagatoria, reconoció que las “condiciones” del país
lo llevaron a acordar un canje en términos “desfavorables” como el
pago de “altísimas tasas de interés”, pero dijo que en la “segunda
etapa de reestructuración tenía pensado sanear esa situación”.
Según explicaron fuentes judiciales, este informe de la SIGEN
“corrobora la hipótesis” con la que trabajó la Fiscalía durante la
investigación, que es que el megancanje generó “un abusivo
endeudamiento para el país”.
El objetivo de la auditoría fue “verificar el cumplimiento
normativo en la instrumentación del canje de deuda”, pero de sus
conclusiones se desprende que “dada la magnitud de la cifras
involucradas y la carencia de información” es “indispensable que
el Ministerio de Economía imparta las instrucciones pertinentes
para subsanar aspectos de la gestión pasada”.
Las fuentes consultadas indicaron que Ballestero, que aún no
resolvió las situaciones procesales de los imputados, entre
quienes se encuentran también los ex funcionarios Daniel Marx,
Julio Dreizzen y Jorge Baldrich, ya tiene en su poder el informe
de la SIGEN.
La Sindicatura General de la Nación realizó una auditoría en la
causa en la que Cavallo y otra serie de ex funcionarios de la
cartera económica se encuentran imputados de ser presuntos
“coautores” en el delito de “defraudación contra la administración
pública”.
Según el informe técnico al que tuvo acceso la agencia Noticias
Argentinas, en la instrumentación del megacanje “se han detectado
falencias en la etapa de definición del convenio con los
operadores intermediarios, en la implementación de las
liquidaciones y pagos y en su registración”.
Los auditores también detectaron fallas “en la determinación de
controles incorporados en las definiciones normativas” y
mencionaron el caso de la “ausencia de indicadores de desempeño de
los colocadores principales que enmarquen las obligaciones y
funciones de los mismos”.
“No constan procedimientos formales, criterios metodológicos y
sustentación técnica de las decisiones adoptadas que son el
requisito esencial de los actos de Gobierno y aportan
transparencia que debe caracterizar la administración de recursos
públicos”, sostuvieron los investigadores.
El informe, que lleva la firma de la síndica adjunta Claudia
Villavicencio y el subgerente de Economía y Producción Marcelo
Domínguez, destaca “la ausencia de un adecuado respaldo que
justifique la definición del porcentaje de comisiones fijadas para
los bancos privados en su carácter de colocadores de la
operación”.
En otro de los párrafos se informa que los “pagos efectuados no
sobrepasaron el tope dispuesto por el decreto 648/01 de canje de
deuda”, pero advierte que “esa situación podría revertirse por las
falencias en la definición de metodología para el reconocimiento
de gastos y las debilidades de control interno en los
procedimientos de administración para esta operatoria”.
El 8 de mayo último los fiscales Federico Delgado y Eduardo
Freiler pidieron al juez federal Jorge Luis Ballestero el
procesamiento de Cavallo y reclamaron la declaración indagatoria
del ex presidente Fernando de la Rúa.
Los fiscales remarcaron que Cavallo, al momento de prestar
declaración indagatoria, reconoció que las “condiciones” del país
lo llevaron a acordar un canje en términos “desfavorables” como el
pago de “altísimas tasas de interés”, pero dijo que en la “segunda
etapa de reestructuración tenía pensado sanear esa situación”.
Según explicaron fuentes judiciales, este informe de la SIGEN
“corrobora la hipótesis” con la que trabajó la Fiscalía durante la
investigación, que es que el megancanje generó “un abusivo
endeudamiento para el país”.
El objetivo de la auditoría fue “verificar el cumplimiento
normativo en la instrumentación del canje de deuda”, pero de sus
conclusiones se desprende que “dada la magnitud de la cifras
involucradas y la carencia de información” es “indispensable que
el Ministerio de Economía imparta las instrucciones pertinentes
para subsanar aspectos de la gestión pasada”.
Las fuentes consultadas indicaron que Ballestero, que aún no
resolvió las situaciones procesales de los imputados, entre
quienes se encuentran también los ex funcionarios Daniel Marx,
Julio Dreizzen y Jorge Baldrich, ya tiene en su poder el informe
de la SIGEN.
