Ucrania merece tarjeta roja como democracia
En 2011, el fútbol europeo empezó a estudiar en ingreso de Kiev. Pero esa república se parece más a Bielorrusia que a Alemania, Francia, Italia, Polonia o Finlandia. En rigor, evidencia un síndrome húngaro, subrayan medios de esos cinco países.
<p>En efecto, el arribo de Ucrania a la Unión Europea, al menos en cuanto a balompié, ha pasado por alto hasta ahora formas y procedimientos usuales. En esencia, los ropajes de la democracia. Exactamente, los mismos requisitos que traban el ingreso de Turquía, un país de superficie (690.000 km2) y población (70 millones) similares a los de la república eslava.</p>
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<p>Por ejemplo, Kiev ha desvalorizado libertades políticas y derechos civiles en aras de una “revolución naranja” completamente tergiversada y cada día más “roja”, o sea sovietizante. Su estandarte, Yulia Timoshenko, languidece en la cárcel, víctima de una condena inconcebible, dictada realmente desde el Kremlin.<br />
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Franquear los campeonatos paneuropeos de fútbol a Polonia y Ucrania –las dos candidatas en danza-representará un crédito abierto, pero ¿se medirá cada trayectoria según cánones como los exigidos a España, Irlanda o Austria? La idea, algo ingenua, es que salir de un régimen soviético equivale a entrar en el universo democrático. Hungría demuestra lo contrario y Ucrania también, sin citar a sus vecinas Moldavia y Transdñestria. <br />
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Por cierto, los valores civiles van esfumándose silenciosamente en el horizonte de Kiev. Ni siquiera ha hecho falta una constitución corporativa que, como sucede en Budapest, emule los sistemas fascistas votados entre ambas guerras mundiales en Europa central u oriental. Más de un ensayista occidental, abogado de un sueño romántico (“Mitteleuropa”), debe estar lamentando tan grueso error.<br />
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Por supuesto, a la alta burocracia del fútbol europeo tal vez los detalles del caso ucraniano le importen muy poco. No obstante, vienen levantándose dentro de la federación europea de fútbol. Pero empiezan perdiendo: la admisión de Kiev excluye “intromisiones en asuntos internos de los estados”.</p>
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